Las agendas perdidas

Si se sistematizan las relaciones entre el Gobierno y el Congreso habría que anotar que a pesar de las apariencias, estas han experimentado más episodios de cooperación que de gran tensión. Entre las primeras se cuentan 1) el voto de investidura; 2) la ley de límite del déficit fiscal; 3) la delegación de facultades; 4) la aprobación del presupuesto del MEF casi sin cambios; 5) el control constitucional de los decretos legislativos con escasas derogaciones; y 6) la aprobación relámpago de la Ley de Reconstrucción.

Las fricciones vividas hasta ahora son propias de una convivencia forzada que pueden agruparse en dos tipos en función de su contenido e intensidad: la tirantez depredadora cotidiana y cortoplacista, la que más erosiona a los actores, a los dos; y las grandes tensiones, importantes por los hechos institucionales que generan y por la toma de posición a la que obligan, que fueron dos: 1) el caso Moreno (octubre) que motivó la creación de la Comisión Presidencial de Integridad; y la censura de Jaime Saavedra (diciembre) que reactivó el dialogo por un corto tiempo. Las interpelaciones a los ministros Vizcarra y Basombrío, incluso si no terminaran en censuras, será el tercer episodio de gran tensión en 10 meses de gobierno.

Las reglas que han seguido las grandes tensiones y en alguna medida aplicables también a la tirantez cotidiana, son: 1) un episodio detonante, de gran cobertura en los medios; 2) el anuncio de fuertes medidas de control por parte del Congreso, aderezado con un alto nivel de sobreactuación, a gusto de los incautos; 3) la toma de posición de los medios por alguna opción, en el contexto de una aguda guerra política; y 4) el desenlace, etapa en la que ninguno acumula fuerzas o gana políticamente a costa del otro.

Esta dinámica satisface tanto el Gobierno como al Congreso al punto que lo practican de memoria, un proceso que sin embargo muestra debilidades que pasan desapercibidas en medio de los análisis planos de la política. La primera de ellas es la falta de control por el oficialismo y el fujimorismo de sus propias fuerzas, una dificultad que alcanza a la construcción de los mensajes, patente en los debates sobre la libertad de Fujimori, el carácter de la reconstrucción y la respuesta a la corrupción, por citar algunos casos. En ninguno de estos episodios hemos asistido a un discurso claramente diferenciador.

La segunda debilidad es la falta de coherencia interna en ambos lados del escenario, incluso si no hay en marcha alguna estrategia para erosionar al adversario. Pareciera que ambos poderes han renunciado a participar en la formación de la agenda pública y que tienen dificultades para definir prioridades. Más que disensos internos, el signo dominante –y lo que está en discusión– es la falta de fuerza de los dos más altos liderazgos públicos en el Gobierno y en la oposición.

La tercera es la depredación como sustituto de la cooperación, que además suele presentarse como una fortaleza y no como una debilidad. Es extraño que los episodios de acuerdo desde julio del año pasado se refieran al mediano y largo plazo, y, en cambio, el corto plazo sea dominado por la micropolítica, tirante y caótica, esa que se hace gratis o con poco esfuerzo. Así, nosotros, que somos capaces de tener un sistema de democracia sin partidos, vivimos ahora una política sin política, es decir, privados de los grandes temas que deberían ser definitorios en el primer año de un quinquenio constitucional.

Esta dinámica de poca cooperación, escasa tensión, y hegemonía de la depredación puede gustarle a una parte de la élite peruana pero es seguro que no a los peruanos. El único beneficio de esta situación ha sido hasta ahora el bloqueo de otras formas de oposición, más programáticas y ciudadanas, y ajenas a las alturas. A cambio, se ha instalado en nuestro sistema, que ya necesitaba una profunda renovación, una democracia express, de coyuntura, de choque y fuga, y de agendas perdidas. Sin proyecto.

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