La aventura revolucionaria heredada por Nicolás Maduro del comandante Hugo Chávez ha dado el paso definitivo hacia su consagración como una dictadura. Como ha sucedido con la larga lista de tiranos que empapela la historia de América Latina, Maduro ha sido incapaz de moderar ese experimento fallido que es el socialismo del siglo XXI, para devolverle alguna cordura a su gobierno. El último episodio en esta permanente huida hacia adelante ha sido la anulación de las competencias de la Asamblea Nacional —el legislativo venezolano—, perpetrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que controla el chavismo.Venezuela no ha amanecido convertida de pronto en una dictadura. El chavismo lleva 18 años socavando su democracia, al deshilachar las instituciones constitucionales, asfixiar los espacios de debate, acogotar a la prensa crítica, atropellar los Derechos Humanos, atacar la protesta en las calles, emplear a las fuerzas armadas como órgano de represión y perseguir policialmente a los opositores, encerrándolos en las cárceles como a Leopoldo López. Pero el cierre de la Asamblea Nacional ha tenido la virtud de sincerar una realidad política hasta para los necios que pretendían desconocerla.Esta medida desesperada solo empeora la frágil situación de Maduro y lo aísla aún más en una América Latina donde —con sus imperfecciones y carencias— la mayoría de países felizmente ha comprendido que el mejor sistema de convivencia es la democracia. Comenzaba a quedarse sola hace unos días, luego de que 20 países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldaran una hoja de ruta, preocupados por el funcionamiento de su democracia. Opuesto a cualquier forma de diálogo, el régimen de Maduro rechazó la iniciativa.Todos los caminos parecen conducir hacia la aplicación de la Carta Democrática. El Consejo Permanente de la OEA tendría que acordar la convocatoria de una asamblea extraordinaria, con los cancilleres de los 34 países que la integran. Para suspender a Venezuela por la alteración de su orden democrático, dos tercios de la asamblea deberían estar de acuerdo —es decir, habría que reunir 23 votos—. De momento faltarían tres países, que bien podrían haber cambiado de posición luego de la medida contra la Asamblea Nacional.Da gusto que el Perú haya sido quien ha respondido con mayor contundencia al golpe de estado de Maduro. Como han reconocido medios internacionales, la decisión de retirar de manera definitiva al embajador en Venezuela es un gesto claro de rechazo. Por si existiera alguna duda, la Cancillería ha dicho que la decisión del TSJ, quien también otorgó al Presidente facultades en materia penal, militar, económica, social, política y civil, es un «flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país».Ojalá esto quiera decir que la mayoría de los peruanos hemos aprendido de una vez por todas una lección que no admite ambigüedades. Atentar contra las instituciones, violentar la constitución y anteponer las ideologías y los cálculos a los principios democráticos son aberraciones que deben ser rechazadas, provengan de donde provengan. No importa la coyuntura en que se producen, ni las consecuencias que tendrán. Tampoco que el autor de la medida se apellide Maduro o Fujimori.
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