Petroperú: no basta la regla de 3

La publicación de los contratos con Técnicas Reunidas para la modernización de la Refinería de Talara es clave para la transparencia de las inversiones, sobre todo ahora que los actos de corrupción atraviesan múltiples actores, incluidos ex Presidentes de la República, así como a funcionarios públicos y de empresas privadas  .

Ha dicho el Presidente de Petroperú, Eduardo García Rosell, que las inversiones suman US$ 5,400 millones, desagregadas así: US$ 500 millones en obras preliminares de Petroperú; US$ 2,730 millones para la propia construcción de la refinería; US$ 815 millones para las inversiones “complementarias” (planta de ácido sulfúrico, planta de nitrógeno, desalinización del agua de mar, planta de energía eléctrica); y US$ 800 millones por pago de intereses de la etapa preoperativa. A esto se suma la demora de un año en la construcción, lo que añade intereses por US$ 600 millones.

Hay acá un aumento sustancial de los montos anteriores. No es posible abordar todo, por lo que analizaremos solo algunos. El resultado es que los US$ 5,400 millones no son el monto de inversión real. Veamos.

Los intereses en la etapa preoperativa existen en todos los proyectos de inversión. Toda empresa tiene que pagarlos, pero la doctrina de los principios contables y financieros no los considera parte de la inversión (1).

Un segundo tema son los US$ 600 millones de intereses a pagar por la demora en concretar los US$ 815 millones para las inversiones complementarias, según Luis García Rosell (Gestión 21/02). El planteamiento inicial del contrato (firmado en mayo del 2014), fue que serían realizadas por inversionistas privados y que Petroperú les compraría los insumos (el agua, la electricidad, el ácido sulfúrico): una modalidad particular de APP.

Pero estas “APP” se demoraron, no se concretaron y ahora serán financiadas por Petroperú, lo que fue acordado por su Directorio en setiembre pasado. Dice García Rosell que esa debió ser la opción inicial pues no es bueno tener 5 o 6 contratistas para las diferentes inversiones, pues si –por alguna razón– alguno de ellos incumple, todo el proyecto se retrasa y eso acarrea fuertes penalidades.

Pero la verdadera demora es el retraso del “cierre financiero: no se ha concretado aún la emisión de bonos y el préstamo bancario, a pesar de que han pasado casi 3 años desde su firma. Esto es muy inusual. El “cierre” es indispensable para que las inversiones se financien con tasas de interés de largo plazo, que son mucho más bajas que las de corto plazo.

¿Por qué no ha habido “cierre”, estructurado por Societe Genérale, a pesar de que la agencia española de seguro de crédito a la exportación (CESCE) había aprobado el aval a un crédito de un sindicato de bancos por US$ 1,450 millones. También estaba lista la emisión de bonos, lo que contaba con la aprobación de las calificadoras de riesgo (2).

Sucede que el MEF lo demoró con múltiples exigencias porque “no le gustaba” el proyecto (lo aceptó a regañadientes). En el interín, las elecciones españolas de diciembre del 2015 –que no dieron mayoría a ningún partido para formar gobierno– determinaron que el directorio de CESCE no pudiera aprobar el aval hasta que se forme un nuevo gobierno, lo que recién sucedió en junio pasado.

Los problemas continuaron con este gobierno, pues el ministro Alfredo Thorne planteó “otros esquemas de financiamiento”. Pero estos no se materializaron y se ha vuelto al esquema inicial. Resultado: hay 7 meses más de demora y las tasas de interés en EEUU han subido, lo que impacta al proyecto.

Resumiendo, los intereses de la fase preoperativa de US$ 800 millones no son parte de la inversión y los US$ 600 millones porque no hubo “cierre financiero” son, sobre todo, responsabilidad del MEF.

Hay otras críticas, como aquella que dice que si el Perú no tiene petróleo, para qué hace una refinería y mejor sería importar combustibles. Pero Francia, Alemania, Corea del Sur y Chile (por citar unos pocos casos) no tienen petróleo y refinan todos los combustibles que consumen. Eso tiene que ver con seguridad energética y políticas de industrialización.

Se objeta, además, que la refinería es “muy cara”, a partir de algún artículo que menciona la capacidad de una refinería extranjera y el monto de la inversión. Luego se hace una regla de 3 simple y el resultado es que Talara “está cara”. Lo cierto es que Arthur D. Little (EEUU) y Technip (Francia) le han dado su conformidad. Petroperú debería “colgar” estos informes para tener una discusión seria.

Debemos buscar un consenso positivo de largo plazo para Petroperú (como en Chile y Colombia) de los partidos políticos en el Congreso: Alianza para el Progreso, PPK, Frente Amplio, AP y Fuerza Popular. Mientras, continúa y se amplía el debate bien informado y serio en los colegios profesionales (sobre todo el CIP), gobiernos regionales y locales y las universidades, la modernización debe seguir su curso.

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