Existen pocos consensos respecto a la naturaleza del escenario general que proyectan los casos de la gran corrupción de la política peruana; acaso los dos únicos registrados son: 1) que la crisis será sistémica y larga; y 2) que pone en tela de juicio el ciclo democrático iniciado el año 2000. Para M. Lauer (La República) ha entrado en crisis el antifujimorismo, una posición compartida por VA. Ponce (El Montonero).De allí, todo son divergencias. Un sector del análisis cree que esta crisis alude básicamente al núcleo económico del modelo neoliberal (M. Tanaka y A. Zapata en La República) y otro considera que lo que se ha desfondado es la parte política de ese mismo modelo (C. Meléndez y F. Vivas en El Comercio), en tanto que una tercera visión sostiene que la crisis se debe a que el modelo no ha sido suficientemente liberal, desde una perspectiva institucionalista (J. de Althaus y F, Guiffra en El Comercio y M. Lauer en La República).Estas radiografías colocan énfasis distintos a fenómenos que ya habían sido tratados con una matriz parecida en los últimos 15 años, tanto desde la idea del “piloto automático” (qué importa la mala política si tenemos es una buena economía), como desde la opinión de que no eran necesarias las reformas institucionales, sea porque el sistema ya estaba muy abierto o porque la crisis del sistema de partidos era irreversible.El debate es nuevo como la misma crisis de la corrupción. No obstante, sin relativizar la afectación del modelo económico por este vendaval –tenemos 15 años de “viejos” conflictos por causas económicas a los que se agregan los nuevos conflictos de consumo como el del peaje de Puente Piedra– el factor hegemónico de ella es la política, es decir, el agotamiento de la capacidad de reproducción del sistema, para concretar respuestas desde la democracia a las demandas de recambio, una crisis del “gran Estado” a decir de Gramsci, incluyendo en esta dimensión de las cosas a las relaciones económicas, el diálogo entre política y economía, entre Estado y economía y, por supuesto, las relaciones de arriba/abajo.Es imposible estimar la dirección final del barco en plena borrasca. En la etapa inicial de la crisis, lo que se abre a partir de las primeras revelaciones con nombre y apellido es la disputa por el desenlace, la clásica correlación de fuerzas en pugna directa. En ese contexto, se advierte que el juicio mediático pierde hegemonía porque el juicio público de la calle abre su camino propio. Ese es el sentido de la marcha del 16 de febrero. Al otro lado, el tercer actor, los poderes y partidos apuestan por reducir este proceso a los asuntos estrictamente procesales con escaso diálogo con los medios y los ciudadanos, con el riesgo de ser desbordados por estos. Mientras que los medios y la calle tejen alianzas y lanzan opciones, el gobierno y el Congreso juegan camotito con tendencias que asoman fuertes.No habrá salida exitosa al mediano plazo si el juzgamiento judicial no va acompañado de reformas muy fuertes. Un antecedente: nunca como en el año 2014 Áncash fue escenario de una intensa movilización anticorrupción de la sociedad y del sistema político. A pesar de ello, en las elecciones de ese año fue elegido gobernador Waldo Ríos, un ex convicto por corrupción, reincidente en actos ilegales y ahora detenido.Una nota final. En este punto, es incompleto el argumento escuchado estos días de indignación y sensación de traición ante las revelaciones sobre A. Toledo. De estos sentimientos no puede excluirse las responsabilidades políticas, incluso de quienes no participaron en decisiones vinculadas a obras públicas. Por esa razón, a pesar de que hace más de 10 años por decisión propia no existe una relación personal y política con Toledo, y de que conservamos una vida profesional pública limpia, debemos asumir una responsabilidad política aún a costa del detrimento de nuestro predicamento personal. Es lo que corresponde en un país en el que escasea la autocrítica y es más fácil repartir culpas sin mirarse al espejo.http://juandelapuente.blogspot.pe/
