La probable aprobación de la adenda del aeropuerto de Chinchero constituye un tremendo error y un grave precedente en las relaciones entre el Gobierno y las Asociaciones Público Privadas. Primero, porque la inversión de US$ 265 millones, acordada en el 2014, ya no será del consorcio Kuntur Wasi (KW), sino del Estado. Si ya no la hace el privado, la propia definición de APP pierde todo su contenido. Veamos. Se supone que las APP ponen el dinero para realizar obras que al Estado le interesan, principalmente, infraestructura. Si el privado pone el dinero, entonces el Estado puede hacer otras obras. Así, habría complementariedad virtuosa entre las APP y el Estado para sacar adelante las obras públicas. El dinero que pone la APP lo recuperará cuando el proyecto ya esté en marcha, después de los 3, 4 o 5 años que demore su construcción. ¿Cómo? Con los ingresos que cobrará durante 20 o 30 años, lo que se materializa en un contrato entre el Estado y la APP. Si es una carretera, serán los peajes. Si es un aeropuerto, habrá una tarifa por el servicio. Y así. En Chinchero, el tope máximo fijado por Proinversión fue US$ 457 millones. Hubo tres postores y KW ganó ofreciendo US$ 265 millones, 192 millones menos. Los otros dos ofertaron US$ 411 y 348 millones. Está claro que KW hizo una oferta temeraria y agresiva con el objetivo de ganar el contrato. De allí para adelante la solución es conocida: si hay problemas, se piden adendas (modificaciones). Allí entran los asesores: Newlink, de Cecilia Blume, asesoró a KW y, dice El Comercio, Patricia Teullet es la vocera de KW (1). KW presentó una adenda para que le paguen los US$ 265 millones, más intereses, lo que llevaba a un costo total de US$ 800 millones, según el vicepresidente Vizcarra. ¿Qué cosa? Sí, porque los problemas financieros de KW elevaban su riesgo y los bancos solo le prestaban a tasas de interés que triplicaban las del mercado. El Gobierno tenía entonces dos alternativas: o pagaba los US$ 800 millones o le cancelaba el contrato a KW, lo que significaba volver a licitarlo con las demoras correspondientes (un año por lo menos), el costo político con la población cusqueña y la admisión del fracaso del “destrabe”. El Gobierno optó por una tercera vía. El Estado desembolsará los US$ 265 millones y nos “ahorramos” US$ 535 millones, es un decir, de los intereses propuestos por KW. Esta decisión se tomó por dos votos a uno, siendo la opositora Patricia Benavente, presidenta del Ositran. ¿Por qué? Porque el riesgo de la inversión se traslada del privado al Estado. Por eso, Benavente renunció.Sigamos. Si el Estado pone la plata y no KW, entonces ya no es APP sino una obra pública normal, como lo dijo Alfredo Thorne, en lapsus significativo del que después se desdijo. Pero es verdad. Por tanto, KW ya no debería administrar Chinchero durante 30 años. Wilfredo Álvarez, de la Federación de Trabajadores del Cusco, dice que es un “negocio chino” aludiendo a lo dicho por Benavente. Agregó Álvarez que no se opone al proyecto, pero sí que se realice con la mayor transparencia posible. Hoy se aprobaría la adenda y “Chinchero va” con KW. Grave, porque el Gobierno no está deslindando con las apuestas temerarias y demuestra que se le puede presionar políticamente, así ello cambie la naturaleza del proyecto. Chinchero debe ir, pero, como dice José Luis Guasch, ex Jefe del Banco Mundial para APP, la asignación de riesgos no puede ser modificada con una adenda (2). Grave porque los Decretos Legislativos otorgan a los funcionarios del Gobierno una amplia discrecionalidad para el manejo de las adendas, además que se “agilizan” los trámites para la “destrabar” la aprobación de las APP. Grave también porque este Gobierno va a aumentar las APP de un promedio de US$ 700 millones anuales a US$ 2,500 millones en promedio para el periodo 2017-2019, como lo acaba de anunciar el ministro Thorne. Con Chinchero y de las tristemente célebres APP de los últimos años (incluidas las de Odebrecht) auguramos más problemas con las adendas y, quizá, más corrupción. El sector privado ve en las APP una tabla de salvación ahora que está de caída la inversión privada. El gobierno le juega en pared con la creación del Fondo de Infraestructura Pública y Servicios Públicos (DL 1276) para “impulsar la productividad de la economía mediante la disposición de recursos públicos para financiar las diferentes fases del desarrollo de las APP”. ¿No era que las APP ponían de la suya? Estamos, entonces, ante la privatización de buena parte de la inversión pública. Es clave promover una amplia discusión en el Congreso, en los colegios profesionales, universidades y la sociedad civil. Las APP deben analizarse de manera integral, lo que incluye el diseño del proyecto, el avance de la ingeniería, las adendas, el financiamiento, la tasa de interés y el ingreso mínimo garantizado. Si eso no se hace, las adendas seguirán. Y la corrupción tendrá una carretera ancha. (1) http://elcomercio.pe/economia/peru/kuntur-wasi-se-defiende-demora-aeropuerto-chinchero-noticia-1963729 (2) Ver http://larepublica.pe/impresa/economia/843198-consigo-el-proyecto-y-con-la-adenda-que-lo-arregla-todo-me-genera-renta
