La reforma judicial ha sido los últimos 15 años la manzana prohibida del Estado peruano. Toda propuesta legislativa relativa a ella era rápidamente anatemizada como un intento de intervención y el intento más serio, entre 2003-2004, fue la de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) que partió de una ley aprobada por el Congreso, y que ordenaba elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, la cual fue congelada por presión de los reformados. PUEDES VER: Sucursales en la mira. Desde entonces, y hace más de una década no se habla en serio de la reforma de la justicia. Y de paso, la administración de justicia no ha experimentado ningún cambio significativo. En ese lapso se agravó la crisis del Ministerio Público –al punto que el Fiscal de la Nación debió ser destituido– y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En el Poder Judicial las cosas no han pasado a mayores solo porque ha tocado fondo y porque no es posible lo peor. Bajo este cuadro se constata un impulso inicial de cambio en el Ministerio Público y un débil impacto de los códigos Procesal Constitucional (2005) y Procesal Penal (2004). Por esa razón es importante la convocatoria al Acuerdo Nacional por la Justicia, suscrito hace poco por el Ejecutivo, el CNM, la Fiscalía y el Poder Judicial a instancias de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Surgido modestamente solo como un espacio de coordinación y colaboración para mejorar la calidad de estos servicios al ciudadano y enfrentar con éxito a la corrupción, contiene cinco acuerdos base, seis compromisos urgentes y acciones inmediatas, que son la semilla de cambios mayores. La riqueza de este acuerdo reside en la ruptura de los límites institucionales que desde hace 15 años impiden cambios en la justicia. Esta voluntad de los poderes y organismos de compartir la crisis es positiva y puede ser el primer paso de una reforma profunda. Por ahora sus objetivos podrían parecer de poco calado, y por eso la falta de interés de los medios y de la academia, pero no lo son. Entre sus iniciativas se cuentan acciones para disminuir la carga procesal, fortalecer la formación de operadores jurídicos, presentar medidas legislativas para mejorar los procesos de justicia y una política de transparencia y buenas prácticas de acceso al ciudadano. Es destacable también que cada institución firmante se comprometa a adoptar prioridades en tres áreas: sistema anticorrupción, servicios de justicia y sistema penitenciario y que el MINJUS opere como una secretaría técnica del acuerdo. El modelo escogido para gestionar los cambios es prometedor especialmente porque se ubica a medio camino entre dos dinámicas, por un lado la autorreforma de las instituciones, una utopía desarmada por las lógicas internas en cada caso y por la demostrada falta de consenso interno (especialmente en la Corte Suprema), y por el otro la reforma desde fuera, siempre cuestionada como violatoria de la independencia de la función jurisdiccional. La presencia del Ejecutivo y el seguimiento atento de la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional permitirán una mejor gestión del cambio. Por ahora no hay otra salida a la vista que morder la manzana de ese modo. Este acuerdo naciente establece un escenario desafiante con dos grandes actores: una batería de decenas de proyectos de ley presentados al Congreso que persiguen desde cambios precisos en varios códigos normativos hasta reforma constitucionales, y una coalición de instituciones que pugnan por cambios hacia adentro, que no descartan salidas legislativas. La idea básica es que estos dos impulsos se relacionen para evitar tanto que el acuerdo se localice en el corto plazo y huya de las reformas de fondo como para evitar un tratamiento legislativo desordenado de la administración de justicia, lo que ha sido la nota dominante desde el año 2001. Acuerdo más acuerdo es un imperativo para que esta vez no fracasen los cambios en la justicia. http://juandelapuente.blogspot.pe/
