Nefasto precedente del uso indebido de las prerrogativas parlamentarias.,A los pocos minutos de concluido el debate de la interpelación del Ministro de Educación, Jaime Saavedra, el fujimorismo informó que presentará una moción de censura en su contra. La rapidez del anuncio evidencia que la bancada de Fuerza Popular ni siquiera se había reunido para tomar el acuerdo, confirma lo que se apreció desde que se inició el proceso de interpelación, que este grupo político resolvió anticipadamente la censura de Saavedra. El trámite de la interpelación ha sido una actuación, una formalidad mal escondida. El pliego mismo incidía en aspectos ya informados o proponía generalizaciones absurdas pretendiendo asociar a Saavedra a hechos esclarecidos. De nada sirvió que dicho pliego fuese absuelto con solvencia. El debate de la interpelación fue penoso. Fuerza Popular mostró en la discusión su peor cara, en la voz de representantes de comportamiento cuestionable. De los dos voceros más caracterizados, uno es un tránsfuga de varios partidos que se atrevió a decir que la prueba PISA difundida en la víspera era un “psicosocial”, y el otro presentó antes de que concluyera el debate un caso de corrupción que días antes el mismo ministro informó que había sido denunciado por su despacho. Otras intervenciones de esa bancada se salieron del libreto y demostraron la verdadera razón de la interpelación, congelar la Ley Universitaria. En la discusión planteada en el Congreso fue evidente al mismo tiempo la falta de profundidad de la representación nacional que perdió una valiosa oportunidad de referirse a los complejos desafíos de la educación como un gran tema del futuro. Los legisladores peruanos, con muy escasas excepciones, brindaron la imagen de improvisación, y en sus intervenciones y exhibieron una dramática falta de la información detallada, los conceptos y la referencia a las políticas vigentes. En esa misma línea es cuestionable la ausencia de la mayoría de miembros de la bancada oficialista durante todo el debate. Es probable que el fujimorismo concrete la censura para lo cual tiene en el Congreso los votos necesarios. Las consecuencias de este paso serán decisivas para el proceso político peruano en la medida en que fuerza el uso de una mayoría numérica a pesar de la debilidad de las ideas. Es cierto que interpelación es un procedimiento de control político y que siendo aplicada al poder no deja de tener valoraciones de índole política. Sin embargo, en el caso Saavedra ha dejado de tener ese componente para convertirse en una operación de liquidación de un funcionario por presión directa de poderes extralegales. Desde ese punto de vista, Fuerza Popular está dejando sentado un precedente sobre el uso interesado y no político de una prerrogativa parlamentaria. Con la eventual censura el caso no está cerrado, ni mucho menos. Queda vigente la demanda por persistir en la reforma del sector Educación y del sistema universitario y exigir el cese de estas prácticas obstruccionistas desde el Parlamento usando indebidamente una mayoría confiada por el pueblo.
