RAZONES. “Debería hacerse y ser aceptada. Perú ha sido testigo de un incremento de la concentración en muchos sectores”, señala un estudio de la OCDE y el BID. La OCDE, el grupo de las 34 economías más desarrolladas, recomienda una ley que controle las fusiones. Todos los países miembros de esta organización cuentan con regulaciones obligatorias o voluntarias para las fusiones o adquisiciones.,Luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, se mostraran de acuerdo con que se impulse una regulación antimonopolio, toda vez que este tipo de concentraciones empresariales afecta a los consumidores y es una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cabe preguntarse qué dice exactamente la OCDE al respecto. PUEDES LEER: Ley Antimonopolio: Ministro de Economía a favor de una ley que favorezca la competencia En la conclusión 6.4 del informe “Derecho y política de competencia en América Latina”, preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la propia OCDE, se señala que “la Ley de Libre Competencia debe enmendarse para proporcionar control de las fusiones”, de modo que proporcione una base legal para impugnar fusiones y adquisiciones contrarias a la competencia y se establezca un sistema de notificación previa de fusiones. “Esta propuesta debería hacerse y ser aceptada. Perú ha sido testigo de un incremento de la concentración en muchos sectores. Algunos de los mercados en los que el Indecopi ha encontrado prácticas de fijación concertada de precios y abuso de posición dominante han llegado a estar mucho más concentrados debido a la carencia del control de las fusiones que quizá hubiese evitado estos problemas”, indica. Y añade que los argumentos en contra del control de fusiones están equivocados o son anticuados, toda vez que se basan en el supuesto de que las economías abiertas y pequeñas no necesitan control de fusiones o que tal control podría interferir en que las empresas locales obtengan economías de escala, lo cual ha sido ampliamente desacreditado. La OCDE y el BID recomiendan que se le otorgue al Indecopi la autoridad para establecer los umbrales para la notificación previa de la fusión, pero advierten que la actual ley sobre fusiones en el sector eléctrico basa las obligaciones de notificación en la cuota de mercado de las partes, lo que sí puede funcionar en mercados regulados como el agua y la luz, pero en otros sectores las partes podrían manipular el sistema y definir mercados de manera que les permita evitar presentar una notificación. “El Indecopi debe plantearse proponer que la modificación legal no establezca un umbral en particular, sino que más bien autorice a la comisión de libre competencia a establecer los umbrales como considere necesario. Esto permitiría comenzar con niveles muy altos al inicio de la aplicación del control de la fusión y bajar luego los umbrales, ya sea de forma selectiva o generalizada, con base a la experiencia real”, indica el informe. Agrega que el regulador de la competencia debería ser más proactivo al hacer cumplir la Ley de Libre Competencia, emitir directrices sobre definición del mercado y evaluación de posición dominante, y eliminar las numerosas barreras municipales que impiden el acceso al mercado a los empresarios y las pequeñas empresas. El argumento de quienes se oponen al control de las fusiones empresariales, que devienen en la conformación de monopolios, es que la conclusión de este informe es solo una recomendación y no es determinante con miras a ingresar a la OCDE. Fernando Cáceres, presidente de la ONG Contribuyentes por Respeto, dijo que “a diferencia de la anticorrupción (la ley antimonopolio) no es un mandato, sino una sugerencia, de las miles que se hacen”. No obstante, una fuente cercana al estudio indicó a La República que esta organización no “obliga” a sus miembros a implementar ninguna política, pero si se quiere ser parte de este gran grupo de países se deben imitar las buenas prácticas de gobierno que tienen las 34 mayores economías del globo. El economista Humberto Campodónico sostuvo que para la OCDE esta es una reforma estructural pendiente. Anotó que las fusiones y adquisiciones en Europa y también en Estados Unidos tienen que pasar por un control previo porque las autoridades de libre competencia se preocupan de que esta exista y saben que, dejadas a su libre albedrío, las fuerzas del mercado no llevan a la senda de la “mano invisible” del mercado sino al monopolio. “Aquí, en el Perú, el Indecopi no ha tenido apoyo político para hacer cumplir la legislación vigente”, señaló el experto. Para Campodónico, es tarea del gobierno apoyar al Indecopi para propiciar transparencia de los mercados y la defensa del consumidor. “Pero no lo hace y es lamentable”. Por su parte, el ex presidente del Indecopi Santiago Roca es enfático al señalar que sí debe implementarse un control a las fusiones. “No porque la OCDE lo solicite, sino porque es un instrumento que da confianza a los inversionistas. Si no hay una norma que revise las grandes fusiones, yo inversionista mediano no tengo confianza en poner mi dinero en un sector en el que se fusionan tres y aniquilan mi inversión”, recalcó. Roca explicó que en los países desarrollados, el mecanismo de revisión de fusiones promueve las inversiones de los pequeños y medianos empresarios, que se sienten confiados en que si algunos se quieren coludir o fusionarse para dominar el mercado con el fin de explotar a los consumidores deberán pasar por una regulación. Estas observaciones sobre el mercado peruano tienen asidero, ya que, por ejemplo, Latam posee el 70% del transporte aéreo. Es decir, que sin fusionarse con nadie ya tienen una posición dominante en el mercado, y podrían incrementar su primacía a través de fusiones con otras empresas sin la menor regulación, tal como lo acaban de hacer AB InBev y SAB Miller, que aglutinan el 99% del mercado cervecero. Cuando una empresa obtiene la posición dominante está proclive a cometer abuso de esta posición, lo cual perjudica a los consumidores y pone barreras de ingreso a nuevos competidores, pese a lo cual la Ley de Libre Competencia no incluye una prohibición de la fijación abusiva de precios o de otros medios para explotar una posición dominante.
