Piden testigos, preguntan qué ropa usaban las denunciantes y por qué no gritaron cuando las atacaban. En el Perú, algunos policías, jueces o fiscales, en lugar de buscar justicia, cuestionan las denuncias de las víctimas de violencia sexual. Hay casos que lo demuestran. Otros siguen ocultos.,En la última pregunta, la número seis del atestado policial se lee: "Diga si tiene algo más que agregar, quitar o variar en su declaración". - Quiero que se haga justicia y que esa persona pague por lo que le ha hecho a mi hija. Eso fue lo último que Luzmila Loayza, de 29 años, le dijo a un suboficial el 14 de enero del 2016. Era la segunda vez que la mujer conversaba con el efectivo, pero la primera que este tomaba su declaración. Dos días atrás, el 12 de enero, Luzmila había llegado a la comisaría de Huaral para hacer la misma denuncia. Pero no le creyeron. La joven madre recuerda que el agente la botó de su oficina después de oír el nombre del acusado. "¡No estamos para calumnias. Váyase a otra parte!", le había gritado. Aquel día, la mujer estaba con su hermana y sus dos hijas. La denunciante había llegado hasta ese lugar porque su pequeña de ocho años le acababa de confesar que la habían violado. El hombre al que acusaba era su expareja, el sujeto a quien su hija llamó "padre" durante cinco años. Luzmila revela con miedo el nombre del policía que cuestionó su denuncia. "¿Para qué vienes?¿No te alcanza el dinero que te da el hombre", recuerda que le dijo antes de que la botara de su oficina. Ese 12 de enero, varias horas después, ella se dirigió a otro espacio y allí finalmente le tomaron la primera manifestación. Con ese documento, al día siguiente, llevó a su hija al médico legista. La niña de ocho años no mentía: Sí había sido violada. El 14 de enero, con el certificado médico legal, la denunciante volvió a la comisaría y le mostró los resultados a aquel suboficial. Vista la prueba, el policía tomó la declaración y la denunciante ratificó los hechos. "Quiero que esa persona pague por lo que le ha hecho a mi hija", afirmó. "Su familia sabía que iba a denunciarlo. Tal vez hablaron con la policía antes de que yo lo haga. Ese hombre vive en Huaral, viaja a otros países, está libre", cuenta. El encuentro con la policía era solo el inicio de la denuncia. En agosto próximo se cumplirá un año de aquel ataque sin castigo y sin culpables. Horror en cifras Desde enero hasta junio de este año, cerca de 1.700 personas denunciaron ante un Centro de Emergencia Mujer haber sido víctimas de violación sexual en todo el país. Eso quiere decir, que cada día, nueve personas –como la hija de Luzmila– son atacadas. Este delito se caracteriza por la ausencia de consentimiento de la víctima, la penetración y el uso de la fuerza. En este crimen es tan culpable un extraño, como aquella persona que obliga a mantener relaciones a su pareja. La violación es un delito donde no importa si la víctima ha tomado licor, su vestimenta, sus gritos o sus silencios. Pero el daño no acaba en la violación. Además del perjuicio psicológico, las víctimas tienen que enfrentarse con los estereotipos y cuestionamientos de los operadores de justicia. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y los abogados lo ratifican: hay autoridades que no atienden las acusaciones, usan preguntas sexistas, y revictimizan a las afectadas. Los buscadores de atacantes desalientan las denuncias. Alejan cada vez más a las víctimas. Hace dos años, en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), un poblador violó a una mujer cuando regresaba de la iglesia. Durante el ataque, la víctima de 37 años no dijo ni una sola palabra, no se movió. Después del hecho, tampoco habló. Ella temía la reacción de su esposo. La mujer quedó embarazada producto del ataque. Al agresor lo nombraron regidor del distrito. El esposo de la víctima pensó que eran amantes. Según reporta la ONG Demus, el fiscal archivó este caso por tres razones: la mujer no gritó cuando la estaban violando, no contó la agresión sufrida, y esperó a que su esposo sacara una prueba de ADN para determinar la paternidad del niño. Las palabras no alcanzan En Cajamarca, una joven de 16 años denunció a un universitario por el presunto delito de violación sexual. Ella decía que el sujeto la sedó para atacarla. La fiscal del caso se limitó a comentar que la víctima "no parecía menor de edad". "Miren el cuerpo que tiene", dijo. El año pasado, otra fiscal en Angaraes (Huancavelica), atendió el caso de una joven de 20 años violada por un taxista. La víctima quedó embarazada, pero intentó ocultarlo. En marzo pasado –según Demus– la Fiscalía le pidió que lleve a un testigo de la violación. "El testimonio de la víctima debería ser valorado como prueba del proceso", dice Jessenia Casani, de Demus. La víctima pide que la Fiscalía no le solicite testigos. No los tiene. Los policías de Huaral cuestionaron la versión de Luzmila López. Lo mismo le pasó a una joven quechuahablante de 16 años. El 2013, frente a un psicólogo y el médico legista, la víctima intentaba llenar una ficha sobre el caso. Como entendía poco el español, demoró en escribir sobre el papel. "¿Por qué te demoras, o estas mintiendo?", preguntaron. El abogado penalista, Roberto Miranda, quien acompaña a varias víctimas, comenta que las autoridades buscan evidencias en el aspecto físico antes que en el psicológico. "Hay quienes consideran que si hubo violación, la víctima debería presentar moretones, chichones o algún tipo de desgarramiento. Si no es así, no le dan tanta importancia a la denuncia", detalla. Los casos de violación sexual que llegan a las comisarías disminuyen en los juzgados. Las víctimas abandonan los procesos. "El trato es tan malo que no les ayuda a continuar con la denuncia. El daño a la salud mental inmoviliza a las mujeres", dice Patricia Sarmiento, de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. La mujer, la responsable Una falda corta, un baile con un extraño, una salida por la noche. Todo escenario resulta oportuno para convertir a la víctima en la única responsable del delito: la mujer siempre tendrá la culpa. En octubre del 2015, una joven de 20 años denunció que dos universitarios abusaron de ella tras asistir a una fiesta electrónica en Lurín. Al salir del local, los dos sujetos aprovecharon que la joven se encontraba en estado de ebriedad y le ofrecieron llevarla a su casa en San Isidro. Ella aceptó. Ellos la llevaron a otro lugar para violarla. Un mes después, cuando los presuntos responsables fueron puestos en libertad, las redes sociales lanzaron sus críticas, pero hacia la víctima: "La chica en parte tiene la culpa por hacerles caso", "hay mujeres dispuestas a emborracharse e ir solas con dos tipos", "¿por qué se fue con alguien que no conoce". Ley contra la violencia Patricia Sarmiento, de la Defensoría, confiesa avergonzada que nunca antes había oído comentarios similares a los de los congresistas Juan Carlos Eguren y Luciana León cuando les tocó hablar de violencia sexual. El primero dijo que las violaciones callejeras no generan embarazos. La segunda recomendó un lavado vaginal para las víctimas de abuso. Sin embargo, este Congreso, al que pertenecen ambos parlamentarios, aprobó en noviembre pasado la Ley Para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Según la norma, la Policía tiene solo 24 horas para informar sobre una violación al Juzgado y este, en 72 horas, debe dictar medidas de protección a favor de la víctima. Melissa Bustamante, especialista de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), considera que se requiere con urgencia reforzar el sistema de respuesta frente a estos casos. "Se necesita buen trato, privacidad, respeto a la confidencialidad". Por su parte, Betty Olano, del Ministerio de la Mujer, dice que ya se viene trabajando con la Policía en políticas de sensibilización. Sin embargo, hasta que ello suceda habrá silencio y culpables sin paradero. Uno de ellos es el hombre que violó a la hija de Luzmila. Él huye de una cadena perpetua. Luzmila busca al agresor de su hija hace un año.
