Carlos Rivera ante caso de homicidio calificado contra Boluarte: "La Fiscalía no está haciendo nada"

Si bien el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido, en reiteradas ocasiones, minimizado y llamado como "no vinculante" por varios funcionarios del Ejecutivo —incluidos la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola—, la elaboración del mismo es sustancial para el avance de las investigaciones contra la mandataria en el ámbito penal. Como se sabe, sobre Boluarte Zegarra y sus ministros existe una investigación por homicidio calificado en la Fiscalía de la Nación, a la que, según el abogado de los deudos de Ayacucho, Carlos Rivera Paz, se le agregarán estos informes de organismos internacionales para sentar las responsabilidades del Estado ante las muertes reportadas durante los primeros meses de esta gestión.

—El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta vocablos como presuntos actos de masacre, así como actitudes discriminatorias por parte del Gobierno de Dina Boluarte. ¿Este documento podría ser incluido en la investigación de homicidio calificado que la Fiscalía sigue contra la presidenta y sus funcionarios?

—De hecho que nosotros vamos a presentar el informe. Ya hemos hecho lo mismo con los informes de Human Rights Watch y el informe preliminar de las Naciones Unidas, además de otros reportes periodísticos de IDL-R, La República y de Hildebrandt. Y el sentido es que se pueda brindar a la Fiscalía, en la carpeta que tiene contra Dina Boluarte, información de carácter público, pero que en este caso no solamente se trate de una información que ha sido ampliamente discutida, sino que, además, es una información que proviene de un organismo de carácter internacional del cual Perú es parte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene una opinión específica sobre los acontecimientos que son materia de la investigación del Ministerio Público.

En esa mirada específica es que la evaluación y valoración que presenta de manera preliminar la Comisión Interamericana es una valoración que se hace, obviamente, no sobre la base de las normas internas, en términos penales del derecho penal peruano, sino de normas de derecho internacional. Y creo que esa aproximación a los hechos es una que necesita conocer la Fiscalía de la de la Nación y porque, además, el propio documento también contiene algunos elementos realmente muy valiosos en lo que corresponde a los elementos contextuales de los acontecimientos. Creo que eso ayuda a comprender por qué razón se han dado estos acontecimientos.

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En lo que a nivel interno corresponde es someternos a la calificación jurídica que ha hecho inicialmente el Ministerio Público y, por eso, la investigación que se hace contra Boluarte y Otárola es una investigación que señala la presunta comisión del delito de homicidio calificado. En ese sentido, el documento es sumamente valioso, que da cuenta de la existencia en términos muy concretos y una denuncia internacional realizada nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

—Por otro lado, está el hecho de que dentro de esta investigación por homicidio calificado también alternativamente se le agregue el delito de genocidio. Con estas declaraciones, con estos registros por parte del informe de la Comisión Interamericana, ¿cómo quedaría este delito ante las precisiones hechas respecto al accionar presuntamente discriminatorio del Ejecutivo?

—Yo creo que hay que descartar la posibilidad de la comisión de delito de genocidio. De hecho, ya la Fiscalía de Ayacucho, que es la Primera Fiscalía ante la cual se presenta una denuncia de esta naturaleza y ha emitido una disposición, me parece que a inicios de febrero de este año, justamente descartando que haya habido la comisión del delito de genocidio y encuadrando los hechos en la figurativa delictiva que corresponde, que son asesinatos u homicidios calificados.

Si bien la Fiscalía de la Nación no ha hecho todavía esa calificación de los términos del delito que se está investigando, yo descarto absolutamente que exista alguna posibilidad de que la investigación continúe, y que haya la posibilidad de que estemos animados en acreditar la comisión del delito de genocidio.

Creo que la Comisión también es lo suficientemente sensata de que más allá de que haya investigaciones por ese delito, el de genocidio, la Comisión ha podido apreciar seguramente que eso no es lo que ha ocurrido, por lo tanto, de nada sirve estar alentando un debate de que esa segunda división no es la que corresponde.

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—¿Cuál es el peso que tendría este informe de la CIDH al ser incluido en la investigación por homicidio calificado contra Boluarte?

—Yo creo que tiene la máxima importancia y la máxima gravedad, porque, si bien la comisión hace una evaluación y una valoración de las responsabilidades del Estado peruano —porque ese es el marco de su competencia (no es competencia de la Comisión y menos de la Corte emitir opiniones sobre personas individuales, por más que sean autoridades públicas)—, el hecho de que el informe haya señalado justamente la existencia de un uso desproporcionado de la fuerza, el uso letal y desproporcionado de armas de fuego, la utilización de los aparatos de seguridad de la Policía o Fuerzas Armadas, a quienes se les está imputando estas responsabilidades; el hecho de que hay violaciones graves a los derechos humanos, de que hay ejecuciones extrajudiciales, de que hay una masacre en el caso de Ayacucho; obviamente, eso apunta a responsabilidades de las autoridades que han tenido las atribuciones legales y constitucionales para disponer u ordenar la intervención de las fuerzas del orden para la contención de los manifestantes.

Si a nivel internacional hay una responsabilidad del Estado y eso, a nivel interno, se tiene que traducir obligatoriamente en responsabilidades de quienes hicieron las órdenes, de quienes permitieron que esto ocurra, de quienes teniendo las atribuciones legales no hicieron absolutamente nada para evitar el desenlace fatal que se tuvo, y, digamos, en un contexto como el que se presenta, además. Es decir, no se trata de un hecho ocurrido en una hora específica y que nunca más fue reproducido. En realidad, eso es lo grave del asunto. Y eso creo que involucra con mucha mayor razón una responsabilidad de las altas autoridades.

Nos encontramos en una secuencia de una suerte de un hecho global, que comienza con los crímenes en Andahuaylas y que termina con la muerte de Víctor Santisteban. Durante por lo menos seis semanas se van produciendo un mismo tipo de acontecimientos, el mismo tipo de uso de proporcionado de la fuerza de armas, el uso de armas letales, de homicidios perpetrados por fuerzas del orden, policías y Fuerzas Armadas. La posibilidad de examinar la responsabilidad legal de un gobernante determina justamente la posibilidad de evaluar qué hicieron las autoridades al enterarse de que alguien mató a una persona, por lo tanto; en esa dimensión, el contenido del informe es un contenido literalmente acusador y eso tiene que tener un nivel de traducción con respecto a una investigación penal interna en la que ya se están indagando responsabilidades de personas individuales.

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—¿Tiene confianza en que estos informes sean admitidos dentro de la investigación fiscal?

—En esta etapa, la Fiscalía no tiene sino la posibilidad de recepcionar el documento como lo ha hecho también con otros documentos que hemos presentado. Hay que ver cómo valora, no estamos todavía en una etapa de valoración de la prueba documental, por lo tanto, ahora el documento se ingresa, se recibe, se almacena ahí la carpeta, hay que ver cuáles van a ser las decisiones al final de la investigación. Todavía estamos en esa etapa, pero el documento va a ser presentado el día lunes.

—Más allá de la pregunta sobre la injerencia del informe, en qué estado se encuentra esta investigación. Si bien está en una etapa preliminar, por ser una investigación contra una presidenta, han existido desavenencia, ¿consideran que exista una intención de retrasar este tema?

—Me queda absolutamente claro que la Fiscalía no está haciendo nada, así es simple. No está haciendo nada y, si bien es cierto que está abierta una investigación, en realidad a la Fiscalía no le está preocupando avanzar con la investigación. Los únicos que hemos tenido una suerte de actitud más proactiva, de impulso, hemos sido nosotros, pero la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión. Es cierto que a inicios de enero dijo que debían presentarse varias personas que son las que califican como testigos, pero la Fiscalía no se ha preocupado en llamarlas a declarar; y no es que los testigos se presentan porque se les cruza por la cabeza, sino porque alguien los llama.

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La Fiscalía está con los brazos cruzados cuando el 10 de enero le solicita al Comando Conjunto los planes de operaciones y el CC. FF. AA. les ha respondido que es una información secreta, pero eso no es secreto, incluso nosotros hemos presentado la sentencia del tribunal de transparencia del Ministerio de Justicia.

Con Castillo, la Fiscalía de la Nación se iba mañana, tarde y noche al Palacio de Gobierno; y acá dice que van a hacer un pedido judicial. Hasta la semana pasada, no lo habían hecho. Por eso digo, la Fiscalía está cruzada de brazos y, eso sí, me parece que es un hecho grave porque en una situación de esa naturaleza, si es que no hay un órgano que está conduciendo las investigaciones, alentando las investigaciones, el tiempo va a pasar y lo peor que puede ocurrir es que el tiempo pase y al final la Fiscalía diga: 'Disculpen, el tiempo se cerró y aquí no hemos descubierto nada'. Estamos caminando en esa dirección, eso es lo delicado de la Fiscalía de la Nación.

—¿Tienen ya prevista una fecha, o más o menos un período en el que se pueda finalmente tomar la declaración de la presidenta y de sus ministros?

—Tengo conocimiento de que el día miércoles pasado se había realizado, o se iba a realizar la audiencia de apelación, de esta apelación que había presentado la Fiscalía de la Nación contra la resolución del Juez Checkley, no sé cuál habrá sido el resultado.