Caso Azul Rojas: Estado peruano pidió disculpas a mujer trans y prometió cumplir reparaciones
Como parte de las reparaciones dispuestas por la CIDH y a través de un acto público, autoridades del Estado Peruano reconocieron responsabilidad internacional por el caso de Azul Rojas.
Azul Rojas es una mujer trans que fue víctima de abuso y tortura tras ser detenida por agentes policiales. Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor. Hoy, el Estado peruano pidió perdón a Azul por la vulneración que ejerció contra sus derechos humanos.
Este hecho es histórico debido a que es la primera vez que el Estado peruano hace un pedido de disculpas a una ciudadana peruana integrante de la comunidad LGBTIQ+.
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La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde las 3.00 p. m. de este 3 de noviembre.
Estuvieron presentes el ministro de Justicia, Félix Chero; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el juez supremo Alberto Sequeiros, representando al Poder Judicial; entre personalidades de otras instituciones estatales, representantes de embajadas, organismos internacionales y sociedad civil.
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Azul Rojas entregó la posta, pero se mantendrá vigilante
Durante 15 años, Azul ha cargado una gran responsabilidad que hoy finalmente entregó a las autoridades peruanas. Sin embargo, señaló que se mantendrá vigilante a todas sus acciones.
“El día de hoy ha sido histórico no solo para Azul, para mi familia, sino para todos los que estamos presentes y los que aún están invisibilizados, los que aún se han quedado callados”, expresó a La República. Finalmente, señaló sentirse fortalecida por el respaldo de todas las autoridades.
“Entregué la posta, pero el trabajo de Azul, la lucha y la defensa de los derechos humanos continúa aún más”.
Azul Rojas fue detenida y abusada sexualmente en comisaría hace 14 años. Foto: La República
El caso de Azul Rojas
El 25 de febrero de 2008, Azul Rojas Marín, una mujer trans, fue detenida de manera ilegal, arbitraria y discriminatoria por agentes policiales, quienes la llevaron violentamente hacia la comisaría del distrito de Casa Grande, provincia Ascope, en Trujillo.
Azul (quien se identificó como una persona gay), permaneció en dicho sitio hasta las 6.00 a. m., donde fue víctima de maltratos e insultos relativos a su orientación sexual por parte de los agentes.
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Las acciones legales iniciadas, tanto en sede nacional como internacional, buscaban que se reconozca a Azul Rojas como víctima de violencia psicológica, física y sexual a causa de su orientación sexual no normativa. Estas agresiones en contra de Azul constituyeron una forma de tortura, y que se sancione por ello a los responsables, así como a los funcionarios que impidieron la debida investigación y sanción de los hechos.
En febrero de 2020, la Corte IDH estableció la responsabilidad al Estado peruano y dispuso una serie de medidas de reparación, entre ellas el acto de reconocimiento público. Si bien este 3 de noviembre se da cumplimiento de esta medida, todavía quedan otras reparaciones pendientes como:
- El plan de capacitación y sensibilización dirigido a los operadores de justicia, serenazgo y la Policía.
- Un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+.
¿Cómo empezó la denuncia de Azul Rojas?
El mismo día en que Azul Rojas Marín fue violada y torturada, fue a denunciar lo sucedido en la misma comisaría de Casa Grande, en Trujillo, pero su pedido no fue atendido.
Ante esa situación, la joven acudió a los medios de comunicación y a la Fiscalía. Así fue que Azul denunció a los tres policías por violación, abuso de autoridad y tortura.
Sin embargo, la Fiscalía desestimó al cargo por tortura. Luego, en enero de 2009, el Poder Judicial archivó las demandas por violación y abuso de autoridad.
Tras agotar las vías nacionales, Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust ayudaron a Azul Rojas a llevar su caso a instancias internacionales que busca reparaciones para sobrevivientes de tortura.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que Azul Rojas Marín había sido víctima de una “detención ilegal y arbitraria, y tortura sexual motivadas por su orientación sexual no heterosexual”, según explicó Promsex a la BBC.
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También argumentaron que las autoridades habían violado los derechos de Azul Rojas a la integridad y a la libertad personal, al respeto a la honra y a la dignidad, a la igualdad ante la ley, y al debido proceso y a la protección judicial.
Azul Marín Corte IDH
Asimismo, Juana Rosa Tanta Marín, madre de la demandante, también fue incluida en el pedido de reparación porque, según pericias psicológicas, “le causó mucho estrés y daño emocional que Azul estuviera luchando tantos años para encontrar justicia”, según explicó Gabriela Oporto, abogada de Rojas.
Actualmente, está pendiente la obtención de una sentencia definitiva favorable en sede interna, en la cual se determine la responsabilidad penal de los agentes policiales por la tortura y violencia sexual ejercida contra Azul sobre la base de su orientación sexual.
El 12 de agosto del 2023, el Poder Judicial ordenó que continúe la investigación preliminar contra los policías que habrían torturado a Azul Rojas en el 2008.
Canales de ayuda
Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).
Actualizado por Emely Matos.
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