¿Por qué la violencia sexual en personas con discapacidad no debe ser tomado como broma?

Las personas con discapacidad crecen con programas de televisión, medios de comunicación y plataformas digitales en las que se hace mofa y burla sobre la falta de accesibilidad que enfrentan en su día a día. La problemática se ha agravado con el reciente caso de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, youtubers que quisieron hacer una “broma” cuando en realidad solo ejercieron violencia, al trivializar un tema tan delicado como el consentimiento de las mujeres con discapacidad auditiva durante las relaciones sexuales.

Pero no es sorpresa. La narrativa que han edificado estas personas, quienes se jactan de graciosas, se construyó a partir de prejuicios y estereotipos que se convierten en supuestas bromas, pero se trata de una línea histórica, que deviene del programa ochenteros como “Risas y salsa“. En resumen, el “humor“ sigue siendo el mismo desde hace 42 años.

Es por eso que la relevancia del asunto recae en las afecciones que perciben quienes son objeto de burla desde su niñez hasta su adultez. Para indagar en el asunto, este diario se contactó con la psicóloga y Coordinadora general de la mesa de Discapacidad y Derecho, Elizabeth Caballero, para profundizar en la razones de por qué esto nunca debe ser tomado como una “broma”.

Las personas con discapacidad son sujetos de derecho

Caballero advierte que existe un preconcepto que se puede confirmar en los discursos que se enuncian con naturalidad en los programas digitales o medios: “Que las personas con discapacidad no sienten ni piensan y que no son sujetos de derecho. (Así) se les denigra o son sujetos de burla, pero esas bromas están tipificadas como violencia“.

Esa idea concebida produce una normalización del asunto y no permite abordar la raíz de esta problemática. La persona con discapacidad —sigue la especialista— es un ser humano como cualquier otro y merece respeto. Debe ser protegida ante cualquier situación de violencia, agresión o discriminación, como se demanda en otros casos.

Esas burlas históricas “les afecta en su autoestima, en su valía personal, en la seguridad de poder desplazarse por sí sola en las calles“, dice Caballero.

Las preocupantes cifras de violencia contra las mujeres con discapacidad y las ineficiencias estatales

La especialista advierte, además, que en diversas instancias del Estado no se contempla el enfoque de discapacidad. Es decir, cuando se hace una denuncia, no hay indicadores que recojan el tipo de discapacidad que presenta la persona agraviada. “Por eso no contamos con data segregada de mujeres víctimas de violencia“, afirma.

Por ejemplo, Susana Stiglich, activista y profesora de Lengua de Señas Peruana (LSP) en la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, contó en su red social que, durante el 2021 y 2022, ha tomado conocimiento de “tres casos concretos de violencia sexual a tres menores de edad sordas que no pudieron denunciar en su idioma, la LSP, porque el Poder Judicial y la Fiscalía exigen que hayan intérpretes de lengua de señas acreditados”.

Cuando eso, como ella misma lo comenta, es imposible. Los intérpretes de la LSP en el país son “empíricos“ y no hay ninguno acreditado.

“Por eso, las mujeres con discapacidad dejan de denunciar. No se sienten protegidas ni atendidas. Se sienten discriminadas en los servicios“, añade Caballero en esa línea.

A nivel psicológico eso puedo causar no solo desconfianza en la protección del Estado, sino a nivel personal depresión y un aislamiento marcado.

El Estado debe de integrarlas, no al revés

Caballero es enfática: “La persona con discapacidad no debe de adaptarse al sistema, es la sociedad la que tiene que desarrollar ajustes y sensibilizar que la diversidad humana es múltiple“.

De esta manera, se deben implementar recursos para que las personas con discapacidad puedan denunciar hechos de violencia y ejercer plenamente sus derechos. Así también, en el sector educativo, es necesario que se fomente la accesibilidad en el aspecto arquitectónico, curricular y metodológico para una inclusión efectiva. La idea no es que se soliciten programas novedosos para las personas con discapacidad, sino que en los existentes se incorpore el enfoque de discapacidad.

Las personas con discapacidad forman parte de las llamadas poblaciones vulnerables, un sector de la sociedad que desde hace 200 años de República reclama por el respeto de sus derechos que garanticen el porvenir del que han estado relegados. Si no contribuimos en la denuncia de delitos que se hacen pasar como “broma“, se naturalizará por más tiempo la violencia. “Ahí estamos mal. Como sociedad no identificamos los efectos que conlleva este tipo de violencia psicológica y verbal. Lo estamos normalizando“, finaliza Caballero.

¿Cómo denunciar incumplimiento de los derechos de la persona con discapacidad?

• Ingrese a este enlace: https://www.conadisperu.gob.pe/formularios/form_atencion_denuncias/
• Seleccione solo una infracción de acuerdo a lo que corresponda tu denuncia
• Elija la opción de persona natural o persona jurídica
• Coloque los datos del denunciado
• Describa la perpetración que vulneró tus derechos y complete los datos requeridos
• De manera opcional, utilice la opción “anexos“ y agregue algún documento que respalde formalmente su denuncia
• Finalmente, haga clic en la opción “enviar“.

Recuerda que también puede presentar su denuncia en la mesa de partes del Conadis, ubicado en la avenida Arequipa 375, Cercado de Lima.

Canales de ayuda

Si conoce alguna persona que ha estado involucrada o ha sido afectada por violencia familiar o sexual, comuníquese de forma gratuita a la Línea 100 que dispone el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Esta habilitación podrá derivar según los casos al Centro de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio presta atención las 24 horas de todos los días del año (incluso feriados).