La Libertad: Contraloría prepara megaoperativo para fines de septiembre

Nelson Shack se reunió con representantes que forman parte de la Cadena Anticorrupción en la región.

Nelson Shack señaló que La Libertad mueve S/ 7.800 millones al año. Foto: CGR
Nelson Shack señaló que La Libertad mueve S/ 7.800 millones al año. Foto: CGR
Wilson  Aranda

El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Nelson Shack Yalta, sostuvo este martes 7 de septiembre una reunión con representantes de las instituciones que forman parte de la Cadena Anticorrupción en La Libertad, es decir el Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Ministerio Público y Policía Nacional, con la finalidad de anunciarles el esquema de trabajo conjunto que se realizará a fines de setiembre durante el inicio de un megaoperativo de control en la región.

“Eso va a significar la movilización de cientos de auditores de Lima y de todo el Perú para poder atender los muchos casos de problemas de corrupción e inconducta funcional que se dan en este territorio. La región La Libertad mueve alrededor de S/ 7.800 millones al año entre las operaciones de las entidades del gobierno nacional, regional y local que operan en este territorio”, explicó Shack Yalta.

El funcionario recordó que desde el 21 de junio del 2021, la CGR ha recuperado su capacidad sancionadora y se espera que ello ayude a reducir la sensación de impunidad que existe en La Libertad, ya que la población espera sanciones efectivas y oportunas a los responsables de casos de corrupción e inconducta funcional.

“La única manera de luchar contra la corrupción, de manera efectiva, en una sociedad es que el ecosistema de control funcione. La Contraloría es una parte fundamental ese ecosistema, pero solo es una parte, tenemos que trabajar conjuntamente con la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía”, acotó el contralor.

Respecto al anuncio del Poder Ejecutivo de crear un organismo que supervise la ejecución del gasto público en el país, Shack Yalta consideró que ello significará duplicar funciones, más burocracia y debilitar todos los esfuerzos realizados en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional por parte de diversos organismos autónomos y competentes en la materia.