Aprueban el Registro Nacional de Productores y Comercializadores de oxígeno

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Durante la segunda ola de la pandemia aumentó la demanda de oxígeno. Foto: La República
Durante la segunda ola de la pandemia aumentó la demanda de oxígeno. Foto: La República

La norma permite denunciar casos de especulación y alteración de precios que pudieran vincularse con el incremento injustificado del precio del oxígeno medicinal.

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó, este sábado 27 de febrero, la ley que autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados de todo el país.

De esta forma, se crea finalmente el Registro Nacional de Productores y Comercializadores de Oxígeno Medicinal, sobre la base del Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos autorizados para el suministro de dicho elemento.

La norma precisa que el Minsa, en un plazo máximo de 20 días hábiles, aprobará el procedimiento para el registro de los establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos de oxígeno medicinal en el país en el Registro Nacional de Productores y Comercializadores de Oxígeno Medicinal.

A su vez, indica que la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a la aprobación de la citada resolución, pone a disposición el aplicativo informático para el referido registro.

El reglamento advierte que las entidades del Poder Ejecutivo deben denunciar ante el Ministerio Público los casos de especulación y alteración de precios que pudieran vincularse con el incremento injustificado del precio del oxígeno medicinal.

También establece que cualquier ciudadano que tome conocimiento de posibles hechos delictivos relacionados con el comercio del oxígeno medicinal puede denunciar los hechos ante la Policía Nacional del Perú (PNP) o al Ministerio Público.

La norma es de aplicación para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y la Unidad de Gestión de IPRESS (UGIPRESS) públicas del Minsa, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, EsSalud, Sanidad Policial y de las Fuerzas Armadas; así como a las IPRESS y UGIPRESS privadas y mixtas.