Ana Estrada en momento clave de su lucha por la despenalización de la eutanasia

Ana Estrada Ugarte es la primera peruana que lucha por una muerte asistida en el país. Pese a su agotamiento, dolores y el estado de postración que le provoca la polimiositis -una enfermedad muscular crónica, incurable y degenerativa que la afecta 30 de sus 44 años- batalla para sentar un precedente histórico que abriría paso a la despenalización de la eutanasia. ¿A qué se enfrenta?

Este jueves 7 de enero al mediodía, los jueces del 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima podrían dictar la autorización para que Ana elija la forma, el momento y el lugar en el que decida morir.

La pelea de Ana por acceder a lo que llama un final “digno” empezó hace cuatro años. En este camino, la acompaña la Defensoría del Pueblo.

Y este jueves, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sustentará la “demanda de amparo contra norma legal” que interpuso la institución hace un año, a fin de que el Estado peruano reconozca su derecho a una muerte en condiciones dignas.

La acción se dirige contra el Ministerio de Salud, EsSalud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, se solicita la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que sanciona el delito de homicidio piadoso.

“La demanda se sustenta en el principio del derecho a la dignidad, la cual es la base de nuestro mandamiento constitucional, según reza el artículo 1 de la Constitución (...) También estamos frente al concepto de una vida digna y al reconocimiento del derecho del desarrollo de la libre personalidad y también ante la necesidad de evitar un trato cruel y degradante”, explicó a Percy Castillo, adjunto por los Derechos Humanos de la Defensoría y también abogado que forma parte del equipo que ejerce la defensa legal de Ana.

El delito de homicidio piadoso sanciona con una pena de hasta tres años de cárcel a quien pone fin a la vida de una persona que así lo solicita de manera expresa y consciente por los dolores intolerables que padece producto de una enfermedad incurable.

El artículo del Código Penal al que se busca dejar en inacción es el que señala que “el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.

De esta manera, la norma no solo criminaliza al médico que podría asistir a Ana en su pedido, sino que impide la existencia de un marco normativo que permita al Estado hacer efectivo el derecho a la muerte en condiciones dignas frente a pedidos como este.

Ana Estrada es asegurada del Seguro Social de Salud (EsSalud) y galenos de un hospital de la institución conformarían una Junta Médica, que deberá entrar en funciones en menos de 7 días, en caso se declare fundada la demanda. Entre sus competencias estará: el acompañamiento integral antes y después del proceso de eutanasia a Ana y sus familiares; asegurar el respeto a la decisión de Ana; establecer un plan que fije las directrices con los aspectos asistenciales y técnicos del procedimiento y designar a los médicos que ejecutarán la decisión.

Según un comunicado de la Defensoría, el proceso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, la última instancia a nivel nacional. “No descartamos acudir a instancias internacionales”, indican.

Hace un año, luego de presentar la acción de amparo, Ana publicó una carta en Change.org, plataforma que recibe peticiones de todo el mundo. “Yo tuve que renunciar a todo: trabajo, independencia y autonomía, pero la libertad es lo único a lo que no voy a renunciar “, reflexionó.