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Sociedad

Familia indígena fue asesinada hace casi un mes y aún no levantan cadáveres

Cuatro miembros de comunidad en contacto inicial fueron asesinados el pasado 13 de noviembre en Ucayali, según el reporte del Ministerio de Cultura. Cuerpos están en descomposición, lo que dificultará investigaciones.

Familia asesinada en contacto inicial solía visitar las malocas de su familia, todavía aislada. Foto: Charlie Hamilton James /National Geographic
Familia asesinada en contacto inicial solía visitar las malocas de su familia, todavía aislada. Foto: Charlie Hamilton James /National Geographic

Abandono. El pasado 13 de noviembre, cuatro miembros de una familia del pueblo indígena Mastanahua en situación de contacto inicial fueron asesinados en la comunidad nativa de Santa Rey, provincia de Purús, Ucayali. Pese al tiempo transcurrido, el Ministerio Público aún no ejecuta una diligencia básica: el levantamiento de los cadáveres, que a estas alturas ya están en descomposición, según alerta la Defensoría del Pueblo.

Ante esta situación de procedimientos tardíos, Hugo Pari Taboada, jefe de la oficina Defensoría del Pueblo en Ucayali, alertó que las investigaciones se hallan a cargo de la Fiscalía Mixta de Purús, que no ha logrado articular acciones con la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura para poder someter a las pericias de ley a dichos cuerpos, que aún permanecen abandonados en el lugar del crimen.

Aún no se conoce si han sido asesinados por nativos no contactados (Mashco Piros) o también gente vinculada al narcotráfico. Estas dos hipótesis vienen siendo trabajadas por el Ministerio Público pero lo que nos preocupa es que hasta hoy, que ya transcurrió cerca de un mes, todavía no se hayan podido levantar los cuerpos”, señaló el funcionario defensorial a La República.

El fiscal adjunto a cargo del caso es César Ancajima Pantaleón, quien manifestó a la Defensoría que se había programado una diligencia junto al Ministerio de Cultura, pero esta no se pudo realizar por cuestiones de logística y porque el Ministerio Público no contaba con médico legista y la PNP tampoco podía proporcionar el número de efectivos necesarios para ingresar a la zona.

“Él ha señalado que solicitó un helicóptero a la PNP y no se lo brindaron y, por lo tanto, no ha podido acceder. Además manifestó que esta a pocos días de pedir una licencia por vacaciones. Eso nos ha llamado la atención porque no es posible que no se recojan los cadáveres, es muy importante. El fiscal, como director de la investigación tiene que tomar todas las medidas y agotarlas todas para lograr esta diligencia”, indicó Pari Taboada.

El levantamiento de los cuerpos de Epa y su familia es vital, ya que las necropsias de ley también configuran como elementos probatorios de las circunstancias de sus muertes y los posibles responsables.

“Los cuerpos ya están en estado de descomposición y aun así estos restos, los peritos o médicos legistas pueden realizar las indagaciones. No se puede dejar pasar más tiempo y menos que el fiscal pida licencia o vacaciones sin atender a la urgencia de levantamiento de los cadáveres”, añadió.

Esta petición en medio de los retrasos en los procedimientos de ley ocasionó que la oficina defensorial de Ucayali curse un documento a la presidente de la junta de fiscales para pedir mayor diligencia con este caso.

Vale precisar que el crimen ocurrió en Alto Purús, zona que abarca la Reserva Indígena Mashco Piro y Parque Nacional Alto Purús, donde residen comunidades indígenas no contactadas y en contacto inicial, por ello la necesidad de la participación del Mincul.

“Es una zona que esta muy cercana a la reserva de los no contactados, por eso incluso el Ministerio de Cultura está determinando ingresar antes para ver como abordar con sus antropólogos o sociólogos el ingreso del propio Ministerio Público. Hay que tener mucho cuidado para seguir manteniéndolos como no contactados y no perjudicar su forma y modo de vida”, señaló.

La Defensoría también envió otro documento a la Dirección de Aviación Policial para que el fiscal y el médico legista puedan ingresar vía helicóptero a la zona lo más pronto posible y con las garantías de seguridad necesarias.

Ya va a ser un mes y todavía no se levantan los cuerpos. Una demora que visibiliza el abandono de nuestras comunidades indígenas y la dificultad del acceso a justicia (...) Nos llama la atención la negligencia con la que se viene trabajando”, reflexionó el funcionario defensorial.

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