Transfobia en penal de Lurigancho: reos y personal del INPE agreden física, psicológica y sexualmente a internas trans

Por Milagros Requena y Gloria Purizaca

“No quiero vivir la realidad de aquí. Me enferma”, dice Daisy*, una de las 23 mujeres transgénero presas en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, donde personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) agrede física, psicológica y sexualmente a las internas de este género.

Los datos de la investigación “Vivir los días: situación de la población trans femenina en el penal de Lurigancho” del Proyecto Únicxs muestran las duras condiciones en las que viven las mujeres trans encarceladas. A ellas no solo les afecta el hacinamiento y las condiciones precarias en las que se encuentra esta prisión, sino también la discriminación y los ataques de odio en su contra por su identidad de género.

En el país, aún no existe una ley que permita que las personas trans coloquen en sus documentos de identidad el sexo con el que se identifican. Solo se reconoció, en el Plan Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (Minjusdh), que esta población requiere protección especial. Sin embargo, como revela la investigación, las autoridades continúan agrediéndolas.

Desde el 2018, la Defensoría del Pueblo alertó en su informe “Retos del sistema penitenciario” que las personas LGTBI sufrían violencia y discriminación dentro de los penales por “prejuicios, estigmas y estereotipos que existen sobre su orientación sexual e identidad de género”.

Gianna Camacho, integrante del informe, explicó que, en efecto, “las mujeres trans son doblemente vulnerables” en los centros penitenciarios, pues sus derechos a la identidad de género y a la integridad física y psicológica son transgredidos constantemente.

Las violencias que viven las mujeres trans en el penal de Lurigancho

El pabellón 3

El establecimiento penitenciario de Lurigancho alberga a 9.681 reclusos, de acuerdo al informe estadístico penitenciario del INPE publicado en abril de este año, aunque inicialmente fue pensado para albergar a 3.204 personas.

Dentro de todo ese universo, las mujeres trans son una población muy reducida. El estudio solo identificó a 23 internas transgénero en toda la prisión. El personal del INPE se refiere a ellas con comentarios como: "quieren hablar con los de pelo largo, llámenlos”. Desconocen cuántas son porque no hay un registro específico sobre esta población.

“De la supervisión que hicimos en el 2018, tenemos que solo habían 51 personas [LGTBI] reconocidas en cárceles. Eso no es cierto. Ese es un dato que, más bien, refleja la invisibilización. Los penales supervisados refirieron no conocer quiénes pertenecían a este grupo, lo que manifestaba desinterés para identificarlos y adoptar programas y políticas”, aclaró Percy Castillo, adjunto de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo.

Solo en el penal de Lurigancho hay una sobrepoblación de 202%. Cada nuevo ingreso es designado a un nuevo pabellón y a una celda en un determinado piso. Por lo general, a las mujeres trans las envían al pabellón 3, donde albergan a delincuentes condenados por cometer delitos sexuales, según menciona el informe. Este también acota que en dicho espacio están internados hombres gays que reconocen abiertamente su orientación sexual.

Como comenta Gianna Camacho, hay prejuicios contra esta población. “Para el INPE, las personas trans y homosexuales también tienen una característica como de ‘depravados sexuales’, tanto así que automáticamente las meten a este pabellón de delitos sexuales habiéndolos cometido o no. La mayoría está por robo, por venta de drogas, pero las meten en ese pabellón. Eso más o menos nos dice como el sistema penitenciario ve a esta población”, indica.

Violencia física, sexual y psicológica

“En otros pabellones te manosean y te dicen monstruo”, cuenta Marita*, quien ha sufrido maltrato físico y psicológico por parte de otros internos y de sus cuidadores. De acuerdo a la investigación, el 25% de las internas trans reportó que sufrió algún tipo de violencia tanto de sus compañeros de prisión como del personal del INPE.

Abuso sexual, violencia psicológica y violencia física son los ataques que padece esta población transgénero en el penal de Lurigancho. Ellas callan estos abusos, sobre todo aquellos ejercidos por sus ‘cuidadores’. Como indica la investigadora del Proyecto Únicxs, las mismas mujeres piden que no se tomen acciones, pese a saber que son casos que indignan.

“No denuncian por temor a represalias, van a estar encerradas años con los agentes y por miedo no los denuncian. Con el tema de violencia psicológica, han normalizado las burlas hacia ellas y los comentarios transfóbicos. Están resignadas en ese sentido. (...) Cada quién está por su lado y pasa lo que les pasa en silencio”, expresa Camacho.

Estos abusos dejan graves impactos en las mujeres trans, sobre todo les afecta psicológicamente, pues las encuestadas reportan que una de cada cinco de ellas intentó hacerse daño o quitarse la vida en el penal.

Personal incapacitado

Los cuidadores del penal son transfóbicos, según el estudio.

“El perfil del agente de seguridad es que tienen cero empatía. (...) No los capacitan en temas de derechos humanos. Son machistas, transfóbicos, homofóbicos, misóginos e incapaces de separar su pensamiento y percepción personal de lo que ellos creen. Cuando tienen el uniforme del INPE son autoridades del Estado, sus pensamientos personales y creencias religiosas no tendrían por qué inmiscuirse, pero vemos que no es así", lamenta Camacho.

Para la interna Marita*, el personal solo las trata distinto cuando reciben visitantes en el penal. “Ellos [los trabajadores del INPE] no las dejan salir de su pabellón y les hacen pagar la salida. Vístanse de hombre, les dicen. Se sienten autoridad”, narró.

“Lo que se necesita, y lo planteamos desde el 2018, es la visibilización de este grupo como personas vulnerables”, determinó Castillo. El vocero de la Defensoría del Pueblo aseguró que, frente a la existencia de esta población dentro de los penales, se requieren políticas de acción específicas: la identificación de la población LGTBI, la ubicación dentro de la cárcel de modo que no corran riesgos y la capacitación y sensibilización del personal de seguridad de forma tal que respeten sus derechos e identidad de género.

Sin denuncia

Giannina Sánchez, abogada en la ONG Más Igualdad Perú, informó que existen hasta cinco mecanismos de defensa legal al que pueden acceder las mujeres trans del penal de Lurigancho:

• Interponer un habeas corpus
• Interponer una medida de amparo
• Pedir asesoría en la Defensoría del Pueblo
• Contactar con el área de defensa pública del Ministerio de Justicia
• Abrir un procedimiento a través del concejo técnico del centro penitenciario

Sin embargo, para acceder a alguna de estas medidas es necesario contar con la denuncia de una de las agraviadas o que una tercera persona denuncie por ellas. Ello implicaría que tendrían que declarar los actos que reportan, aunque, como menciona el informe, las mismas mujeres trans no actúan por temor a posibles represalias. Incluso, en algunos casos la violencia está normalizada. “Eso es lo que me tocó vivir, ya qué voy a hacer”, piensan.

"No es tan sencillo simplemente pedirles que denuncien porque efectivamente están en una situación muy compleja entre denunciar o agravar su situación. (...) Si se hiciera, debería ser con su consentimiento para poder establecer medidas de protección para ellas”, detalló Sánchez.

Camacho explicó que las autoridades no tienen intención de cambiar, implementar o realizar una verdadera reinserción a la sociedad de las presas trans. “Se pueden hacer acciones como las que dijimos, muy puntales, (por ejemplo) implementar un día a la semana un taller con ellas. Reordenarlas en una sola cuadra ni siquiera es construir un espacio. (...) Esto pasa por la buena voluntad”, indicó.

Tras dos años del informe de la Defensoría del Pueblo en el 2018, aún no hay luces sobre cambios o implementaciones a favor de esta población. "Lo que se tiene por delante es una gran tarea qué hacer y el cambio debe venir de la nueva administración que tiene el INPE”, concluyó el vocero de derechos humanos de la Defensoría.

Sin ley de identidad

Perú ya ha perdido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violación de derechos y tortura a una víctima de la comunidad LGBTI en el 2020. El caso Azul Rojas Marín contra Perú demostró la responsabilidad del Estado al dejar de lado a una mujer transgénero agredida por agentes policiales.

Tras 12 años desde aquella intervención arbitraria y consecuente tortura, el fallo de la Corte IDH indicó que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención y ningún Estado puede actuar en contra de ello.

La entidad internacional de justicia verificó que en la sociedad peruana existen “fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI”, que se manifiestan en hechos de violencia. Por ello, la Corte IDH pidió al Estado peruano garantías de no repetición en contra de sus derechos:

• Adoptar un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGBTI
• Sensibilizar y capacitar a agentes estatales sobre violencia contra las personas LGBTI
• Diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI
• Eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú

Para la abogada Giannina Sánchez, es importante el accionar que debe tener el Estado peruano ante las graves denuncias que se reportan en la investigación con el fin de asegurar que no se continúen vulnerando los derechos de estas mujeres. "En términos jurídicos, hay aquiescencia del Estado, lo que viene a ser un consentimiento de este tipo de actos desde todo el cuerpo estatal”, comenta.

Por su parte, Gianna Camacho resalta que “esto que pasa en el INPE es un reflejo de lo que pasa en nuestro país por falta de una ley de identidad de género”. “El Estado, al no reconocer la identidad trans como tal, al no reconocerlas, no hace acciones. Al ser una población invisible, ni siquiera lo tienes mapeado”, recalca.

La República se comunicó con el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE); sin embargo, hasta el cierre de esta nota no confirmaron el pedido a la entrevista ni indicaron una respuesta sobre los casos de transfobia que se evidencian en el informe. A la fecha, hay un grupo de internas a las que día a día se les sigue vulnerando sus derechos humanos y un Estado que no actúa.

*Modificamos la identidad de las mujeres transgénero para que no sufran represalias.

Comunidad transgénero, últimas noticias

• En 13 países se usan leyes para encarcelar a las personas transgénero, señala estudio
• Brasil reconoce la identidad de género en sus centros penitenciarios
• Más de 90 países miembros de la ONU reconocen legalmente la identidad de género de personas trans