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Sociedad

Proyecto de ley plantea reducir pensiones en colegios, institutos y universidades privadas

La norma consiste en disminuir el monto de pensión hasta que las clases presenciales retornen. El congresista Walter Rivera, autor del proyecto de ley, enfatizó que las instituciones están actuando en contra de las necesidades de los estudiantes.

Foto: Composición/La República.
Foto: Composición/La República.

Desde que inició la emergencia sanitaria en nuestro país, el pasado 11 de marzo, miles de colegios, institutos y universidades privadas se vieron obligadas a suspender sus clases presenciales a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

No obstante, tras la declaratoria de la cuarentena, las clases retornaron de manera remota, afectando a algunas facultades de estudio que hacían uso de laboratorios y talleres como parte de la malla curricular.

Ante ello y con la finalidad de favorecer a los alumnos, el congresista de Acción Popular, Walter Rivera, presentó el proyecto de Ley 5068-2020 el cual busca que los servicios educativos tengan una reducción inmediata en el cobro de pensiones mientras reciban las clases remotas.

El proyecto de ley busca preponderar dos máximas esenciales: aplicar la reducción porcentuales de las pensiones y evitar el despido arbitrario de trabajadores de instituciones educativas privadas.

“Nosotros queremos aplicar medidas que preserven el empleo de los trabajadores. No habrá despido arbitrario, salvo exista acuerdo entre ambas partes”, señaló el congresista Walter Rivera.

Sobre la escala de reducción se plantea 4 términos de estas:

- Reducción del 25 % del pago mensual si la pensión es no mayor a mil soles.

- Reducción del 30 % del pago mensual si la pensión es no mayor a 2 mil soles.

- Reducción del 40 % del pago mensual si la pensión es mayor a los 2 mil soles.

- Reducción del 40 % del pago mensual en instituciones educativas de nivel inicial.

Asimismo, dispone que los pagos que han sido efectuados durante los primeros meses del estado de emergencia serán reembolsados en un plazo no mayor a 30 días. De no ser así, el instituto educativa será sancionado administrativamente por el Ministerio de Educación (Minedu).

A esta iniciativa legislativa se han unido la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior y frentes estudiantiles que busca un consenso con las universidades para crear una mesa de diálogo a fin de viabilizar el proyecto de ley.

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