Fase 3

Aislamiento eficaz y garantizar el abastecimiento, prestando atención a la especulación y acaparamiento.

Editorial Editorial
18 Mar 2020 | 5:32 h

El presidente de la República ha informado que la pandemia COVID-19 en el Perú ha ingresado en la fase 3, que se caracteriza por una intensa propagación comunitaria, es decir, entre personas que no estuvieron fuera del país, por lo que resulta difícil rastrear los orígenes de la infección. Esta etapa, a diferencia de la fase 2, donde se sospechaba que la mayoría de casos se debían a contagios “importados”, y de la fase 1, de la contención, tiene como propósito que la alta tasa de contagios no implique el uso y saturación de los servicios sanitarios.

Los especialistas señalan que en esta fase el 5% de los contagiados podrían ser derivados a las unidades de cuidados intensivos, donde el riesgo de muerte es alto, un peligro que se potencia si se considera la escasez de equipos. Por esa razón, acatar el aislamiento es vital para reducir el número de afectados.

Por otro lado, los primeros días de la emergencia conllevan la reaparición de las prácticas tradicionales de la especulación y el acaparamiento, figuras legales que si bien fueron derogadas en su concepción original, referida a los precios oficiales, subsisten en calidad de ilícitos contra el orden económico y la garantía del abastecimiento señalada en la Ley General de Salud. En ese sentido, se han producido las primeras intervenciones para frenar este abuso.

En el mensaje presidencial de anuncio del estado de emergencia, el presidente ha señalado que el Gobierno garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros. Por esa razón, nadie debe extrañarse si en los próximos días se procede con la fuerza necesaria para romper las prácticas especulativas.

Deben ser sancionadas igualmente las empresas que desvirtúan el aislamiento obligatorio, forzando a trabajar a sus colaboradores en actividades que no forman parte de las excepciones descritas en el decreto supremo que ordena la emergencia, poniendo en riesgo la salud de su personal. Se registran las primeras sanciones, aunque las denuncias son numerosas, al punto que demandan el concurso de más órganos de supervisión, en especial los gobiernos locales y regionales.

Animamos a la población a controlar, supervisar y denunciar. Los primeros hallazgos son el resultado de esas prácticas que constituyen una forma de participación de los ciudadanos y de su compromiso con las medidas para encarar esta difícil situación.

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