Denuncian despido de más de 300 trabajadores de la Universidad Garcilaso de la Vega

La República
16 Jul. 2019 | 04:42h

A tres años de solicitar su licenciamiento, el futuro de la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) aún es incierto. Un grupo de trabajadores, exempleados y estudiantes exige la salida de su rector Luis Cervantes Liñán y la urgente intervención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Según denunciaron, desde hoy se ha iniciado el despido masivo de más de 300 trabajadores administrativos y obreros, entre contratados y nombrados. Ellos han recibido documentos en los que se les informa de un cese colectivo y se hace referencia a que la universidad “ha entrado a un proceso de reorganización administrativa y financiera producto de la aplicación de la nueva Ley Universitaria”.

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Hay que recordar que hace poco más de un mes, en una entrevista a este diario, su rector Luis Cervantes Liñán manifestó que habrá retiro de trabajadores como parte de la “modernización de la universidad” y que este debía darse previa evaluación. “Tiene que existir (retiro). No hay institución que siga con el mismo personal... Debe ser solo lo necesario, los que no asimilen los cambios”.

Sin embargo, los trabajadores que han recibido estas cartas señalan que no ha habido ninguna explicación, ni evaluación previa a este despido.

A esto se suma, según el comité de lucha del sindicato no docente de la UIGV, que la casa de estudios no ha cumplido con el pago de honorarios del último mes.

Hasta enero pasado, como lo informó La República, la UIGV, con más de 50 años, presentaba un resultado desfavorable: solo contaba con una de las 8 condiciones básicas de calidad e incumplía con 19 de 44 indicadores, entre los que figuraban los referidos a objetivos institucionales, planes de estudios, laboratorios, presupuesto, así como a planes de gestión, líneas de investigación, servicios sociales y transparencia.

En los últimos comunicados y el pronunciamiento de su rector Luis Cervantes Liñán, denunciado por ganar más de 2 millones de soles mensuales, la universidad aseguraba que cumplía con todas las condiciones básicas de calidad. La Sunedu, en tanto, sigue realizando las diligencias como parte del proceso de licenciamiento.

Ahora, en pleno proceso y en medio de estas denuncias, un grupo de trabajadores y exempleados pide que la Sunedu aplique medidas para salvaguardar el servicio educativo. Así lo dio a conocer el último domingo por la noche durante una protesta en el distrito de Santa Beatriz.

Cabe precisar que según la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega, en el grupo de manifestantes no habían estudiantes, sino trabajadores y ex servidores de la casa de estudios.