Walter Aduviri: El aimara emprendedor con sed de reivindicación

Un perfil exclusivo del exdirigente aimara y actual candidato al Gobierno Regional de Puno, Walter Aduviri, elaborado por Liubomir Fernández en su libro Folklore político.

Un perfil exclusivo del exdirigente aimara y actual candidato al Gobierno Regional de Puno, Walter Aduviri, elaborado por Liubomir Fernández en su libro Folklore político.

Saltó a la palestra con el aimarazo, una revuelta en 2011 para oponerse a las concesiones mineras. Pero antes de esos hechos, Walter Aduviri tuvo un tránsito muy difícil en la vida: hijo de criadores de alpaca, universitario que solventó sus estudios siendo ambulante, guachimán, burócrata estatal... Ahora, dice que quiere ser gobernador de Puno para reivindicar al pueblo aimara, aunque muchos piensan que se trata de una reivindicación personal.

Abril de 2011, segundo gobierno de Alan García. Decenas de aimaras bloquearon Desaguadero, el ingreso fronterizo a Bolivia. En las manifestaciones presididas por el joven dirigente Walter Aduviri Calisaya se gritaban consignas que reivindicaban a Túpac Katari y Túpac Amaru, líderes indígenas de la época de la colonia que, vía el camino de la insurgencia, quisieron poner fin al abuso y la dominación española. Casualmente, ambos encontraron una muerte similar: amarrados a los caballos, tironeados y luego despedazados.

Desde la clandestinidad y por teléfono, Aduviri nos confirma que a él también lo quieren descuartizar, como ocurrió con sus referentes revolucionarios. Para el exlíder aimara, su despedazamiento es la sentencia de siete años de cárcel que le dieron por los disturbios del 2011. “Ya no te descuartizan, ahora se paga con cárcel”, nos reitera el también candidato al Gobierno Regional de Puno, escondido desde inicios de enero de 2018. Ese mes, la Sala Penal de Apelaciones de Puno confirmó una sentencia en primera instancia y ordenó su captura para que cumpla su pena en una prisión. Desde su escondite, el ahora exdirigente lidera su campaña política. Por lo pronto, el Jurado Electoral le dio luz verde: puede postular hasta que la Corte Suprema no resuelva un recurso de casación presentado para anular o ratificar el fallo condenatorio.

Walter Aduviri sostiene que está sentenciado por defender a los pueblos aimaras, cuya sobrevivencia —según él— la amenazaban las concesiones mineras promovidas por el Estado que con su explotación contaminarían el medio ambiente. Toda una contradicción en un Puno dominado por la minería informal, actividad causante del deterioro ecológico. Basta citar la cuenca del Ramis. Ahí se estima la muerte de 50 mil cabezas de ganado hasta 2016 por los relaves cargados de mercurio provenientes de las minas de Ananea. Sobre eso, nuestro personaje tiene un pensamiento selectivo. Para él, aparentemente, solo la gran minería contamina, en cambio, a la informal la denomina “la minería del pueblo”.

La sentencia, sin embargo, no ha sido por liderar la lucha aimara, sino por los desmanes ocurridos en Puno. Hasta la ciudad capital llegaron los comuneros presididos por Aduviri con sus acciones de protesta. A él le encontraron responsabilidad de autoría mediata del delito de disturbios. Ese 26 de mayo de 2011 se quemaron instituciones públicas y se saquearon empresas privadas. Los daños generaron pérdidas por más de diez millones de soles.

Uno de los magistrados, Víctor Calisaya Coila, explica la resolución que avala el reclamo aimara, pues el Estado habría vulnerado sus derechos emitiendo, de manera inconsulta, el Decreto Supremo 083-2007, que exceptuaba a la empresa Bear Creek de una prohibición constitucional: rechazar la inversión extranjera dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera. En otras palabras, el reclamo era válido, mas no los métodos.

Tras estos lamentables sucesos, el Ministerio Público denunció a Aduviri y a otros dirigentes más. El Poder Judicial ordenó su captura. La Policía Nacional intentó aprehenderlo el 15 de junio en Lima, pero Aduviri se atrincheró en Panamericana Televisión. Aprovechó una entrevista que sostuvo con el periodista Beto Ortiz, para no volver a salir del canal.

El Poder Judicial revocó la detención por temor a que en Puno se desate una revuelta mayor a la de mayo de 2011. Garantizada su libertad, el buen Aduviri recién abandonó la televisora. Sin duda, puso al gobierno contra la pared, ya que nadie podía meterse a un canal privado para detenerlo. Aunque el exdirigente aimara tiene una versión distinta. “Nunca me notificaron legalmente. A mí me invitaron a una entrevista. Cuando salí me quisieron detener. Para demostrar que no me tendieron una celada, me invitaron a quedarme”, asegura.

El aimarazo se judicializó y siete años después hubo condena. Siete años de pena privativa de libertad y el pago de 2 millones de soles de reparación civil. Aduviri fue hallado culpable de autor mediato; no el ejecutor de los delitos, pero el instigador. Esta decisión la adoptó el colegiado presidido por Roger Istaña Ponce e integrado por Víctor Calisaya y Yessica Condori Chata.

Ana Pino Jordán, investigadora de las culturas andinas, reconoce el liderazgo de Aduviri ante los aimaras, históricamente discriminados, pues la exclusión desde la época colonial tampoco pudo ser resuelta por la República. Las culturas andinas han sido avasalladas; las políticas de desarrollo no respetaron su cultura y particular forma de organización social y de gobierno.

“Ahí la explicación de por qué Aduviri confronta contra todo aquello que significa el no reconocimiento de sus derechos ancestrales”, asegura Pino. Sin embargo, la investigadora no coincide con su protagonismo mesiánico.

“Cuando dice: ‘Es mi obligación moral defender...’, está asumiendo que solo él lo puede hacer. Los aimaras son colectivos y no individuales. Esa posición [del exdirigente] revela un interés político”, precisa Pino.

Casi similar es el punto de vista de Mourik Bueno de Mesquita, del Centro Bartolomé de las Casas. Él asegura que Aduviri busca ser gobernador de Puno para que se le reconozca como el miembro de las discriminadas culturas andinas. Por eso denuncia al centralismo. Su mayor propósito —añade el politólogo e investigador— es una reivindicación a él, el reconocimiento a un personaje que escala de muy abajo, de una familia muy pobre.

El mismo de siempre

Después de varios intentos fallidos, contactamos por teléfono a Aduviri, puesto a buen recaudo mientras esté vigente la orden de captura en su contra. No es el mismo que lideró las protestas contra las mineras. Con 38 años a cuestas, se le percibe más tolerante. En el aimarazo era pecado discrepar con él. Eras su enemigo o defendías al Estado.

¿Por qué mientras los líderes indígenas a quienes evocas perdieron la vida por su causa tú te extraes del lugar donde empezaste la revuelta y prefieres la clandestinidad?

Los tiempos han cambiado. En los tiempos en que se rebeló Túpac Katari, irse contra los españoles se pagaba con la muerte. Esa era la justicia en ese entonces. Eso ha cambiado. Ahora se paga con la cárcel, ya no te descuartizan.

¿Pero ellos asumieron la responsabilidad de sus actos?

En el caso de Túpac Katari, se hizo agarrar, pues, pero por traición. Él fue traicionado.

¿Por qué ingresaste a la política?

Después de los sucesos de 2011, he sido objeto de humillación. El Estado y sus autoridades me han humillado a mí y a mi familia de lo peor. Nos han dicho que somos ignorantes, apestosos. Por todos esos ataques, hasta mi mamá ha muerto de tanta preocupación. Al insultarme a mí se dirigieron a la vez a todas las comunidades andinas y amazónicas.

Entonces, ¿ahora quieres reivindicarte?

Sí. Y para demostrar a este Estado cómo se trabaja con el pueblo.

¿Pero no quieres correr ningún riesgo?

Pero yo no he cometido ningún delito. Que me lo prueben. Sigo pidiendo pruebas. Sigo exigiendo justicia.

Líder de abajo

Walter Aduviri viene de abajo. Nació en una familia humilde dedicada a la crianza de alpaca. Eso no fue dificultad para que haga estudios superiores y él asuma la responsabilidad económica que ello demandaba.

En el 2000, a sus veinte años, ingresó a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), a Contabilidad. Solventaba sus pagos mensuales con la venta de discos compactos de contrabando y piratas. Era ambulante, trabajaba en el jirón Lampa, al costado del mercado Bellavista, en la ciudad de Puno. Al joven Aduviri, no le importaba trasgredir la norma; un buen sector de la región del altiplano lo hace: avalan, dependen y defienden el contrabando. Para él estaba primero su derecho al trabajo. Similar criterio aplicó con el aimarazo. Para él primero estaba el derecho de las comunidades a ser consultadas, sin que importara el que eso pudiera desembocar en actos de protesta o en movimientos violentos.

“Nosotros fuimos vendedores de CD. Trabajábamos para el señor Raúl Asqui. Salíamos a la calles de jueves a sábado. Siendo aún estudiante, se independizó y vendía su propia mercadería”, nos recuerda Hugo Ramos Cauna, uno de sus colegas del comercio ambulatorio.

Aduviri no desaprovechaba ninguna oportunidad. Los domingos instalaba su carpa de venta de música en otro jirón: Los Incas, a espaldas de la comandancia del Ejército peruano. De allí lo desalojaron. Los comerciantes de entonces lo recuerdan haber resistido las embestidas del serenazgo municipal. Sin embargo, el joven Aduviri ya tenía un espacio fijo en el mercado Bellavista.

No solo Aduviri se sobrepuso a la adversidad. Su hermano Ricardo hizo lo propio. Vendía combustible de contrabando en la carretera hacia Tacna, zona alta de Ilave. Según Walter, Ricardo luego se formalizó.

Sus demás hermanos, Raquel, Wilber, Eloy y Yésica, también se las arreglaron para hacerse de una profesión.

“Así es pues, teníamos que hacer de todo. Mi padre no tenía plata para educarnos a todos. Eran muy humildes”, añade el exdirigente. Sus progenitores eran comerciantes de ferias locales de Mazocruz e Ilave. Eventualmente hacían trueques.

Preparación previa

Antes de encender el aimarazo, en 2011, Aduviri combinaba el comercio, los estudios y las protestas. Entre el 2003 y 2005, participó de acciones de protesta contra el trasvase de agua de Puno hacia Tacna.

“Las protestas las hacían nuestros mayores, a la cabeza de nuestro hermano Salvador Zegarra Jaliri. En ese entonces, ya aprendimos a derogar decretos supremos”, cuenta casi orgulloso. Las mismas acciones y métodos aplicaron años después contra Santa Ana, el proyecto minero de la empresa Bear Creek Mining. Tras las protestas de 2011, el gobierno dejó sin efecto la autorización para poder operar en zona de frontera.

Dirigentes de aquella época de la ciudad de Ilave admiten que, siendo estudiante, Aduviri participaba en las manifestaciones. Le reconocen que era bien decidido a todo. No tenía miedo. Esta cualidad casi vehemente la habría aprendido en el Ejército. Entre 1997 y 1999, luego de culminar sus estudios secundarios, sirvió en la Policía Militar N.° 20 del cuartel Gregorio Albarracín, en Tacna. Ahí aprendió probablemente la valentía para enfrentar a quien consideraba su enemigo. Años después vestiría otro uniforme, el de guachimán, en una empresa que brindaba el servicio de seguridad al Proyecto Especial Lago Titicaca. Laboró pocos meses. Eran tiempos en los que necesitaba dinero para educarse.

Aduviri culminó Contabilidad en 2006. Hizo prácticas en la Dirección Regional de Salud. El diario La República reveló que, siendo profesional, en determinados periodos entre 2006 y 2009, se desempeñó como jefe de Logística de la Municipalidad Provincial del Collao-Ilave, en la gestión del exalcalde de Ilave Fortunato Calli Incacutipa. El edil afrontó serios cuestionamientos por corrupción.

En 2010, constituyó la empresa J&H Cruz Consultores Contratistas y Servicios Generales SAC. La ficha registral de la mencionada empresa indica que Walter Aduviri se inscribió como gerente general y sus familiares, Eloy Aduviri Calisaya (hermano) y Pablo Calisaya Condori (cuñado), fueron designados como gerente de Infraestructura y Obras Viales y gerente de Operaciones, respectivamente. “Sí existió esa empresa, pero nunca trabajó. Ya está de baja. Además, yo siempre he sido emprendedor”, justifica el exlíder aimara.

Un año antes, en 2009, Aduviri, tras años de protesta, logró que se derogue el Decreto Supremo N.o 002-96-AG y 003-2006-AG, con el que se creaba la Zona Reservada Aimara Lupaca. Esta era un área de 258 452,37 hectáreas en la que los campesinos no podían mover ni una piedra sin previa autorización. El propósito era la conservación de la flora y fauna del lugar. El argumento que se usó para promover la protesta fue que no se les había consultado sobre ese blindaje.

“La reserva nos limitaba. No podíamos ni hacer uso de la leña. Nuestras alpacas no podían estar libremente en los bofedales. Si no se derogaba, la carretera Checca‑Mazocruz nunca se habría podido ejecutar”, asegura Aduviri, expresidente del comité de lucha contra la reserva.

Dos años después, en febrero de 2011, Walter Aduviri volvió a las andanzas reivindicativas. Se presentó en la audiencia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Santa Ana de la canadiense Bear Creek, en el distrito de Huacullani. Posteriormente, asumió el liderazgo del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, y alertó de una posible contaminación. Lo dijo después de que la empresa realizara por años trabajos de exploración en la zona en alianza con varias comunidades. El proyecto se cerró y la empresa salió de la zona en medio de un clima de protestas de las comunidades, a la cabeza de Aduviri. Así, se dejó sin efecto el decreto que le permitiría a la minera operar en una zona de frontera.

En 2012, Hermes Cauna sucedió a Aduviri en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur. Al diario La República, Cauna admitió que no consiguieron “nada tangible” sobre sus pretensiones de anular las concesiones mineras. Empero, alegó que “por lo menos se logró que se respete al pueblo aimara”.

Antes de cortar la comunicación celular, le preguntamos a Walter Aduviri:

¿Por qué siempre buscaste protagonismo oponiéndote a la minería y a la Reserva Aimara Lupaca?

No es protagonismo, ¿ya? —dice Aduviri, como quien se ofusca de un momento a otro—. Es hacer respetar nuestros derechos legítimos. Si algunos son partidarios de defender la corrupción, allá ellos. Gran parte de las concesiones es producto de corrupción (…). Nunca han respetado los derechos legítimos de las comunidades andinas. Era obligación mía hacer respetar ese derecho legítimo de los pueblos, incluido mi distrito, incluido mi comunidad, ¿ya? Hasta ahora es mi obligación moral defender los derechos legítimos de las comunidades andinas y amazónicas.

La lealtad de Aduviri con sus compañeros parecía a prueba de balas. Sin embargo, esta es puesta en duda con algunos sucesos. En el juicio del aimarazo, el fiscal Juan Monzón Mamani le preguntó si conocía a sus coprocesados (dirigentes que lo acompañaron en la revuelta). Aduviri se lavó las manos.

“¿Cómo nos explicaría que Emilio Paredes Pari haya dicho que usted convocaba en los meses de abril y mayo de 2011 a las comunidades para tomar acuerdo sobre el paro minero?”, preguntó el fiscal. “Desconozco (…)”, respondió Aduviri. “¿Usted convocaba a las protestas de defensa?”, interrogó Monzón Mamani. “No. Seguramente las comunidades, en el marco de su autonomía, se han autoconvocado”, declaró el actual candidato.

¿Fueron parte de una estrategia legal o una muestra de deslealtad aquellas respuestas? Solo él lo sabe.

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