Detenidos. José Luis Chapa Díaz y Andrés Saya Mamani permanecerán 15 días detenidos junto a otros 9 cómplices de la organización Ladrillo Sindical Del Sur, investigada por extorsiones.

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Operativos. Varias empresas se cansaron de las extorsiones. Los dirigentes les pedían contratar al 50% de obreros sindicalizados, cupos para ellos, etc. Los denunciaron. La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada probó parte de estos hechos y preparó operativo.

La República
15 Nov 2019 | 6:41 h

Edwar Quispe/Robert Orihuela

La corrupción campea a todo nivel. Nadie se salva, ni los sindicatos defensores de intereses colectivos.

La Policía y Ministerio Público pusieron al descubierto cómo operan algunos dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), el gremio que afilia a los principales sindicatos de la región y también de Construcción Civil.

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Según la investigación fiscal, José Luis Chapa Díaz (FDTA) y el secretario de Construcción Civil, Andrés Saya Mamani, lideran una organización que extorsionaba y cobraba cupos a empresas de construcción.

Ambos son dirigentes conocidos en el sur peruano como organizadores de marchas contra la corrupción.

Contra ellos pesa ahora una orden de detención de 15 días expedida por el Poder Judicial, junto a otros 9 miembros del gremio de construcción.

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El fiscal coordinador de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, confirmó la participación de José Chapa, alias Pepe Lucho o Chapa, como cabecilla de la organización criminal denominada El Ladrillo Sindical del Sur.

Saya Mamani dirigía el brazo operativo. Junto a sus allegados, acudía a las obras para amedrentar a los empresarios y obligarlos a cumplir sus demandas.

Cómo operaban

La primera modalidad de chantaje era la cuota sindical. Es decir, que el 50% de sus agremiados sean empleados en la obra.

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No discriminaban si era obra pública o privada. Entre los sindicalizados infiltraban a uno de sus cómplices. Este se encargaba de informar a las cabezas la situación de la obra.

La investigación revela que a fines de setiembre de 2018, Andrés Saya concurrió a la obra de ampliación de un hotel en la Urb. San Lázaro (Cercado), acompañado de Gelber, alias Dago. Allí exigió a los responsables del proyecto que el 50% de los trabajadores sean de su gremio. Los sindicalistas buscaban a como dé lugar ser parte del comité de obra para supervisar el avance de los trabajos.

Además exigieron tres puestos más para su gente bajo la amenaza de paralizar. En enero y febrero de 2019 realizaron protestas. Al final la empresa despidió a tres de sus trabajadores para contratar a los sindicalistas. En otros casos esos cupos eran fantasma, el dinero se depositaba en la cuenta de la mafia.

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En febrero acudieron a la obra de mejoramiento vial del complejo habitacional de Deán Valdivia en Cayma. Se presentó Alfredo Mojica y José Díaz Díaz y llamaron al residente de obra y le exigieron el descuento por planillas de todos los trabajadores, sean o no sindicalizados. Era un porcentaje equivalente a 6 soles que debía depositarse a la cuenta de Construcción Civil. Aquí también exigieron más cupos a la empresa. De lo contrario, “mandarían a la masa”. El mismo mecanismo aplicaban en otras obras.

Obras Públicas

El Ministerio Público también intervino instituciones públicas cómplices de esta banda criminal.

En el Gobierno Regional de Arequipa, se intervino la oficina del gerente general Gregorio Palma. La fiscalía buscó las actas de acuerdos de los conflictos con obreros de Construcción Civil por las obras del Hospital Maritza Campos y la vía de cuatro carriles en el Cono Norte.

Según la Fiscalía, en dichas obras los dirigentes enviaban a los “Mandos Ejecutores” para amedrentar con violencia a los representantes de las empresas que ganaron las licitaciones para las obras.

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Pedían un cupo mínimo de 40% de trabajadores, cobraban una cuota para el sindicato y ponían a los miembros de los comités de obra. Si se negaban, paralizaban los proyectos con huelgas que al final el gobierno regional solucionaba.

Las oficinas de la gerencia regional de Infraestructura también fueron allanadas para encontrar documentación de obras anteriores y sobre la construcción de la Variante de Uchumayo.

Ingresaron al despacho de Conflictos Sociales y se llevaron los papeles de negociaciones que hizo César Callo Cuno cuando era titular de esta dependencia.

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Además se intervino la oficina del gerente regional de Trabajo, José Luis Carpio. Este también intervino en varias negociaciones favorables a los obreros de Construcción Civil.

Finalmente, se intervino la oficina de la inspectora de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil), Milagros Ccopa Medina. También habrían favorecido a los obreros.

La investigación se inició en febrero pasado ante la denuncia de empresas constructoras. El Ministerio Público utilizó videos, testigos protegidos, audios e interceptaciones telefónicas para hallar evidencias. El operativo comenzó ayer en la madrugada.

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MP cuestiona ordenanza regional N°238

El cobro de cupos ha sido impulsado por algunas normas, entre ellas la ordenanza regional N° 238-2014 que obligaba a las empresas constructoras a contratar al 60% de trabajadores sindicalizados. En las conclusiones del Ministerio Público, este dispositivo fue definido como ilegal.

Al respecto, el asesor legal del gobierno regional, Whalter Paz, recordó que una ordenanza regional tiene rango de ley y que la opinión de la Fiscalía queda allí. Al contrario, debe ser el Consejo Regional el que debe revisarla para verificar si está bien o mal dada.

Sobre esto, el consejero Israel Zúñiga, presidente de la comisión de Trabajo, indicó que sí es factible revisarla. Pero señaló que el hecho de poner una cuota para las obras regionales no es ilegal. Es para defender a los trabajadores.