Poder Judicial: “Fiscal omitió información sobre investigación a Francisco Boza”

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Enfrentados. El juez Richard Concepción Carhuancho indicó que dispuso la libertad del medallista olímpico al advertir que el Ministerio Público omitió información a su despacho sobre la investigación.

El Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ) tuvieron un enfrentamiento tras la liberación del expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Francisco Boza Dibós, realizada la madrugada del sábado último. Ambas instancias legales se acusaron mutuamente de haber provocado por la inesperada liberación, por el PJ asegura que ello se dio conforme a ley.
 
 
Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria nacional, informó que dispuso la libertad del medallista olímpico al advertir que el representante del Ministerio Público a cargo del caso omitió información a su despacho sobre el estado de la investigación contra el Boza.
 
A través de un comunicado, el Poder Judicial precisa que el fiscal Elmer Chirre Casillo “no le informó el contenido de la Disposición Fiscal N° 52, de fecha 12 de septiembre de 2016, que dio por concluida la investigación preliminar contra Boza Dibós, razón por la cual, legalmente, no podía realizar ninguna otra diligencia con posterioridad”.
 
“Al tomar conocimiento de esa irregularidad, procedió de oficio a declarar nula la resolución por la cual ordenó la detención preliminar de Boza por un plazo de 24 horas, así como el allanamiento de las oficinas de Comité Olímpico Peruano (COP)”, agrega el comunicado.
 
Como se recuerda, el juez Concepción Carhuancho dispuso, bajo responsabilidad, la inmediata libertad del exdirigente, además de que se devuelvan los bienes y objetos incautados.
 
El exjefe del IPD fue detenido el viernes en Miraflores, en el marco de un operativo que pretendía salvaguardar documentación sobre el COP que este pretendía destruir, según reveló una llamada telefónica interceptada por la Fiscalía.
 
Francisco Dibós, como se recuerda, fue incluido en la investigación por el denominado caso Antalsis tras conocerse un correo electrónico en el que presuntamente pide la intervención de Martín Belaunde Lossio para obtener más presupuesto.