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Política

Lamas: “Fujimori no puede ser liberado tras disposición de la Corte IDH, hay que esperar”

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que el Estado peruano debe “actualizar toda la información médica de Alberto Fujimori para que sirva como un elemento orientador” a la Corte IDH.

Lamas Puccio señaló que Estado peruano debería defender la decisión del Tribunal Constitucional. Foto: composición Fabrizio Oviedo / La República
Lamas Puccio señaló que Estado peruano debería defender la decisión del Tribunal Constitucional. Foto: composición Fabrizio Oviedo / La República
Jair Zevallos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no implementar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la anulación de la sentencia contra el indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori. Posteriormente, le pidió al Estado presentar, a más tardar el 13 de mayo de 2022, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia.

Ante ello, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que en el caso de Fujimori existen dos escenarios: uno legal y otro humanitario. Mencionó que, por un lado, se tiene que cumplir con las disposiciones de la Corte IDH; y por otro, evaluar el estado de salud del exdictador.

“Yo creo que hay dos escenarios. Por un lado, el estrictamente legal, que indica que el Estado peruano está obligado a acatar lo que dispone la Corte en los términos de como está establecido en las normas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El otro escenario es uno más realista. Fujimori está a puertas de la muerte, un hombre de 84 años, enfermo. En cualquier momento va a haber un desenlace fatal, lo que pondría en evidencia una situación, por lo menos, contradictoria, porque el sistema interamericano tiene como columna vertebral el aspecto eminentemente humanitario”, dijo en entrevista con La República.

Asimismo, señaló que el Estado peruano debe actualizar la información médica de Alberto Fujimori a fin de que se pueda tomar una decisión.

“El Estado peruano, de acuerdo al mandato de la Corte IDH, tiene que actualizar toda la información médica de Fujimori para que sirva como un elemento orientador, respecto a lo que tenga que decidir más adelante. Si evidentemente se demuestra que está enfermo, ya el aspecto propiamente legal pasaría a un segundo plano”, agregó.

Lamas Puccio remarcó que, una vez culminado el plazo, debe realizarse una nueva sesión en donde deben evaluarse todas las partes.

“Una vez culminado el plazo establecido por la Corte, tendría que haber una nueva sesión para poder evaluar lo que diga el informe, lo que diga la comisión, lo que digan los familiares de las víctimas y eventualmente la misma posición del Estado peruano con respecto al tema. El tema médico es, en mi opinión, lo fundamental”, aseveró.

Mientras tanto, continuó el abogado penalista, Fujimori no podrá salir de la cárcel. Mencionó también que se ha hablado de la posibilidad de presentar un nuevo hábeas corpus, pero puntualizó que este recurso deberá pasar por todo el camino de la jurisdicción nacional.

Fujimori no puede ser liberado porque hay una disposición de la Corte IDH. Sin embargo, habría que esperar qué es lo que va a suceder en Perú, porque por ahí se ha hablado de que estarían presentando un nuevo hábeas corpus. La decisión del órgano judicial es un mandato imperativo, porque es resultado de una medida provisional y tiene que cumplirse. Mediante otro hábeas corpus se inicia un nuevo proceso, pero habría que esperar qué es lo que resolvería el juez. Si eventualmente lo declara fundado, tendría que recorrer todo el camino de la jurisdicción nacional y poner en conocimiento de la Corte que el Estado peruano estaría desacatando”.

Comentó también que el Estado peruano tendría que haber defendido la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que el TC es también parte del Estado.

“Otro tema interesante es que el Estado peruano debería defender la decisión del Tribunal Constitucional, porque esta no es una controversia contra el tribunal, sino contra el Estado peruano y el TC es parte del Estado. Ahí hay una posición un poco ambivalente en el sentido de haberse adelantado el Estado diciendo que iba a acabar lo que iba a disponer la Corte cuando es obvio que tiene que ser así. No había necesidad de manifestarlo”, sentenció.