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Política

Fiscalía concluyó sustentación contra Keiko Fujimori y otros acusados por caso Cócteles

Acusación del fiscal Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y más de 40 personas fue argumentada por completo en la fase previa al juicio oral por el caso Odebrecht.

Fiscal Domingo Pérez sustentó desde diciembre pasado su acusación por el caso Cócteles. Foto: Justicia TV.
Fiscal Domingo Pérez sustentó desde diciembre pasado su acusación por el caso Cócteles. Foto: Justicia TV.
Alonso Collantes

El fiscal José Domingo Pérez terminó de sustentar este viernes la acusación que presentó en marzo de 2021 contra Keiko Fujimori y más de 40 personas involucradas en el caso Cócteles (Odebrecht), que abarca alrededor de seis delitos, los cuales incluyen los más graves que son organización criminal y lavado de activos.

Luego de casi tres meses, aproximadamente, Pérez y su adjunta Paulina Roque terminaron de sustentar sus elementos de convicción, documentos y testimonios que respaldan la acusación de 30 años de cárcel contra Keiko Fujimori y sus coacusados por haber recibido y blanqueado alrededor de US$ 1.000.000 de Odebrecht en 2011, así como canalizar millonarios aportes fuera del sistema bancario en la campaña presidencial del 2016.

El 7 de diciembre último, luego de que el juez Víctor Zuñiga archivara el caso para nueve personas (entre ellas seis colaboradores eficaces), Pérez pudo iniciar la sustentación de su pedido de prisión contra más de 40 involucrados. Desde entonces, audiencias constantes de entre dos a tres veces por semana han permitido concluir la argumentación fiscal esta tarde.

Pérez finalizó sus argumentos señalando todos los puntos que sostienen la imputación por los delitos de falsedad genérica y falsa declaración, en el que resaltó que Fuerza Popular entregó información falsa a la ONPE para su campaña en 2016.

Fueron seis ocasiones en que el partido mintió, según el fiscal: en la entrega de informes con aportantes que no lo eran, registro de ingresos por S/ 10 millones, gastos por S/ 13 millones, gastos de publicidad por S/ 10 millones, deudas por este mismo concepto por S/ 3 millones e ingresos proselitistas por S/ 6.263.913.

Al concluir la argumentación que comenzó en diciembre pasado, el juez Víctor Zúñiga Urday anunció que, a partir de la próxima audiencia, intervendrán los abogados para oponerse o presentar observaciones a lo sustentado por Domingo Pérez. Tras ello, participará también la Procuraduría de Lavado de Activos, que sustentará su pedido de reparación civil a favor del Estado por los daños causados.

Fase previa al juicio

Si bien el fiscal Pérez presentó en marzo de 2021 su acusación contra los involucrados del caso Cócteles, recién en agosto pasado se pudo instalar la etapa intermedia; es decir, la fase previa al inicio del juicio. Debido a añadiduras en la acusación así como oposiciones de los abogados, esta etapa comenzó en los hechos entre fines de noviembre e inicios de diciembre.

La acusación del fiscal Pérez por las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016 abarca varios delitos: organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica.

De esta manera, se pidieron 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que habría encabezado la excandidata presidencial: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.

Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del US$ 1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.

Para Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y coprocesada por obstrucción a la justicia, se pidió seis años y seis meses de prisión. En cambio, contra Mark Vito, cónyuge de Fujimori, fue solicitada la pena 22 años y ocho meses de cárcel efectiva.

El resto de sanciones pedidas contra los imputados oscilan entre los seis y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC), la Fiscalía optó por la disolución y consecuente liquidación, como se solicitó anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano.