Control del Poder Judicial y Ministerio Público: candidatos con pasado político y cuestionamientos

En el concurso de selección de los jefes tanto de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (PJ) como del Ministerio Público (MP), la Junta Nacional de Justicia consideró aptos a 15 candidatos. Los elegidos se encargarán de prevenir, supervisar, inspeccionar, investigar, instaurar el procedimiento disciplinario e imponer sanciones disciplinarias a jueces y fiscales de todas las instancias.

Las nuevas instituciones reemplazarán a la Oficina de Control Interno del Poder Judicial y a la Fiscalía Suprema de Control Interno, respectivamente. Además, gozarán de independencia económica, funcional y administrativa.

Primer filtro

El proceso de selección iniciado el 6 de noviembre contiene cuatro etapas: evaluación curricular, de conocimientos, del plan de trabajo y entrevista personal. Los postulantes que continúan en el proceso de selección son los que cumplieron con los requisitos de aptitud establecidos por ley. Entre ellos está el tener un máximo de 75 años, ser abogado titulado con colegiatura al día y con experiencia profesional no menor de 15 años, no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

Otro es no pertenecer a organización política al momento de postular al cargo. No obstante, al ser de interés público, en esta nota comentamos los candidatos que sí fueron parte de una agrupación política en el pasado y buscaron ocupar cargos públicos con ellas. Además, sobre quienes fueron cuestionados por diferentes temas.

Antecedentes políticos

Uno de los postulantes a ser autoridad del Ministerio Público es Pedro Angulo Arana, exmilitante del ahora cancelado partido Contigo y del que fue precandidato presidencial para las elecciones generales 2021.

Su candidatura al sillón de Pizarro, así como de la mayoría de listas parlamentarias de la agrupación, no llegó a concluirse al no inscribirse dentro del plazo determinado. Finalmente, el partido fue eliminado en setiembre de este año al no participar en los comicios.

Otro abogado es Juan Antonio Fernández Jerí, exafiliado a Unión por el Perú desde el 2004 hasta el 2010, periodo en el que ocupó diferentes cargos en la organización.

El portal señala que continuó como dirigente hasta el 2015. El letrado además postuló sin éxito dos veces al Parlamento en 1995 y 2000, con la misma agrupación.

Alfonso Ricardo Cornejo Alpaca también busca ocupar el puesto. A pesar de no registrar afiliación partidaria, en el 2000 postuló a ser legislador con la agrupación independiente Avancemos, de acuerdo al portal Infogob. Además, postuló a ser miembro del Tribunal Constitucional en el 2020, pero fue excluido por incumplimiento de los requisitos formales.

Dentro del concurso público del Poder Judicial está Lucio Alfonso Arana Sánchez, quien tiene historial político en diferentes organizaciones. En 1995 fue regidor distrital de Castilla, Piura, al postular con la organización Unidad Vecinal Castellana. Este fue el único cargo de elección popular que alcanzó. Posteriormente, intentó sin éxito ser reelegido en el cargo con la agrupación Castilla Avanza. En el 2006, candidateó como alcalde y, en el 2010, como vicepresidente regional con el Movimiento de Desarrollo Local, del que sí fue militante. También estuvo afiliado a Avanza País y Perú Posible.

Cuestionamientos

Arana Sánchez también postuló a ser miembro de la JNJ, pero fue excluido durante el proceso (2019) sin llegar a la etapa final. En esa coyuntura, el diario El Tiempo señaló que el abogado tenía procesos por los presuntos delitos de estafa, defraudación patrimonial al Estado, enriquecimiento ilícito y peculado.

Otro postulante con cuestionamiento en el pasado es Humberto Genaro Terrones Cano, fiscal superior provisional. En el 2012, el medio Agenda Pasco difundió la alerta que hizo la procuradora Aida Conopuma Rivera sobre el archivamiento que haría el Ministerio Público a la denuncia impuesta en contra del entonces abogado.

La imputación se basaba en un presunto favorecimiento al haberse contratado a la cónyuge del letrado en la municipalidad en la que él trabajaba, a pesar de estar prohibido. Al respecto, la procuradora consideró que sí existían elementos de convicción para el presunto tráfico de influencias y abuso de autoridad, por lo que solicitó recurso de queja. Al pasar 9 años, el caso se habría archivado.

Otra de las candidatas es Susana Silva Hasembank, la actual presidenta del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). A los días de iniciar su gestión, el 3 de setiembre del 2020, se conocieron las llamadas políticas que hizo Antauro Humala desde el penal de Ancón II, a pesar de que estaba prohibido. Le impusieron medidas disciplinarias, pero meses después se difundió un nuevo audio.

Además, en junio del 2021, el recluido Vladimiro Montesinos llamó a personas no autorizadas y con temas políticos. La Marina de Guerra y el INPE informaron, tras una indagación preliminar, que habrían sido en dos días; sin embargo, IDL Reporteros precisó que fueron 17. Latina informó que se le había concedido permiso para que llame dos horas de forma diaria.

Proceso

Valores. División de la calificación total: evaluación curricular, 25%; evaluación de conocimientos y del plan de trabajo, 20% cada uno, y entrevista personal, 35%.

Nombramiento. Las autoridades jurarán el 20 de abril del 2022.