Javier Azpur: “Los 120 días del Congreso han sido ineficientes, están de espaldas a la agenda de la población”

Entrevista al analista político y experto en descentralización, quien advierte que el Parlamento se ha convertido en caja de resonancia de la ultraderecha.

Racismo. Azpur señala que una élite política no acepta que un profesor rural lidere la nación. Foto: Gerardo Marín/La República
Racismo. Azpur señala que una élite política no acepta que un profesor rural lidere la nación. Foto: Gerardo Marín/La República
María Elena Castillo

El analista político Javier Azpur explica que detrás del pedido de vacancia están aquellos que denunciaban fraude sin pruebas y llamaron a las Fuerzas Armadas a impedir que el presidente Castillo asuma el cargo para el que fue elegido. Advierte que el Parlamento se ha convertido en caja de resonancia de la ultraderecha.

Hace un mes dijo usted que no tardaría la vacancia y hoy se presentó la moción, ¿cree que lograrán aprobarla?

Esta será la primera prueba de cuán comprometidas están las fuerzas políticas con la institucionalidad democrática y cuán interesados están en retornar al poder sectores que sienten que no debería estar allí el presidente Castillo. Es la continuidad de la estrategia antidemocrática que vivimos desde la segunda vuelta. Son los mismos que denunciaron un fraude sin pruebas, los que llamaron a las Fuerzas Armadas a impedir que Pedro Castillo asuma la presidencia, los que desde que empezó el Gobierno señalaron que iban por la vacancia. Es poco serio que alguien diga que puede hacer una evaluación de la capacidad y gestión del Gobierno tras 120 días. Tratan de hacer de la vacancia un instrumento más de control, como si fuera un mecanismo rutinario para sacar a un presidente solo por la sumatoria de votos. El Pleno del Congreso debe decidir si procede o no. Espero que las fuerzas que se denominan democráticas, varias de las cuales han anunciado ya su posición contraria, cierren el paso a este tipo de actitudes que no contribuyen a la estabilidad ni a la generación de condiciones mínimas para salir de una crisis que ha afectado a los sectores más pobres del país. En estos dos años de pandemia la situación ha sido crítica, y allí deberíamos centrar nuestra atención y no en tratar de entrar por la ventana.

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El argumento es que el presidente ha demostrado que no tiene capacidad de gobernar por los nombramientos de cuestionados ministros, entre otras cosas. ¿No se las puso demasiado fácil?

Sin duda. El presidente, el Gobierno y las fuerzas políticas que lo respaldan deben tomar esto como un serio llamado de atención. Deben revisarse los errores que se han cometido en la designación de determinados ministros o funcionarios que han demostrado que no estaban a la altura de las necesidades del país. El presidente debe hacer una selección mucho más analizada y tomando en cuenta los criterios que plantean los cargos, antes que cercanía, confianzas o afinidades personales, y además del gabinete debería tener un Estado mayor que trabaje con él y evalúe la coyuntura, y lo ayude a enfrentar los desafíos enormes que plantea la crisis y la ultraderecha, que ha demostrado que la democracia para ellos es un elemento secundario si de regresar al poder se trata.

¿Detrás de esa vacancia también se esconde el racismo porque el presidente es un agricultor, mestizo?

Sin duda. Pero no es un hecho aislado ni exabrupto de la congresista Chirinos, sino una estrategia que va a continuar y busca deslegitimar al presidente y acabar, de cualquier manera, en el menor tiempo posible con este Gobierno elegido por la ciudadanía. Es evidente que los que están detrás quieren acabar con toda posibilidad de avanzar en la reforma tributaria e impedir la posibilidad de impulsar políticas redistributivas en beneficio de los sectores más vulnerables. Creo que en esta élite política, económica, que lamentablemente emplea formas de acción violenta contra los que no piensan igual que ellos, hay un factor que les impide aceptar que un profesor de origen rural, campesino y dirigente sindical del magisterio lidere y represente a la nación. Esos sectores se sienten una especie de propietarios del poder, y aceptan si la persona está dispuesta a subordinarse. Esto muestra la urgencia de desarrollar políticas interculturales, de luchar decididamente contra el racismo y generar que desde los hogares y escuelas se entienda esta diversidad como una riqueza.

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¿Cómo ve a este Congreso, que hasta ahora se rehúsa a ver la denuncia constitucional contra Manuel Merino por la excesiva represión en las marchas del año pasado que acabaron con muertos y heridos?

Si fuéramos serios para evaluar, tendríamos que preguntarnos cuáles son las decisiones significativas para el desarrollo nacional que ha tomado este Congreso en 120 días. Lo más relevante es el retroceso del proceso de contrarreforma política, eliminando los mecanismos democráticos, centrando las elecciones en las cúpulas partidarias y eliminando los requisitos para mantener la inscripción. Han debilitado el equilibrio de poder, modificando inconstitucionalmente la cuestión de confianza, recordando la interpretación auténtica de la época de Fujimori. Los temas de salud, empleo y educación no están presentes en el debate y la discusión del Congreso. Se han convertido en casa de resonancia de la ultraderecha. Los 120 días del Congreso han sido ineficientes, están de espaldas a la agenda de la población. No es casual que el 75%, según la última encuesta del IEP, está en desacuerdo con el desempeño del Congreso y parece que no les importa. Deberían empezar a abordar los temas que interesan a sus electores y no por cuestiones ideológicas o búsqueda de espacios de poder.

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Las declaraciones de la premier sobre el tema del plan de cierre de cuatro minas en Ayacucho generaron polémica. ¿No es un retroceso del Gobierno al decir ahora que sí concedería prórrogas?

En el acta que ha sido firmada dice claramente que el proceso de cierre se lleva adelante dentro del marco legal en los plazos previstos. Eso está en el contrato de concesión, no es que se le ocurra al Gobierno ahora. Y sobre la ampliación, la ley dice que si uno quiere pedirla, debe presentar la solicitud, hacer un estudio de impacto ambiental y consultarse a la población. Lo que me sorprende es escuchar a voceros empresariales casi decir que eso es un derecho automático. La premier se equivocó en la forma de plantearlo y no imaginó la reacción que generaría, pero con el pronunciamiento de la PCM, ha sido poner las cosas en su sitio.