Se inicia el control de acusación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular

A las nueve de la mañana de este martes, último día de agosto del 2021, el juez de investigación preparatoria Víctor Raúl Zúñiga Urday dará inicio al control de la acusación mixta que el fiscal presentó contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y el partido político Fuerza Popular por presunto lavado de activos en las campañas electorales del 2011 y 2016.

Será un proceso largo, técnico y tedioso. El Código Procesal Penal no establece un plazo para esta fase antes del juicio público. A partir de casos anteriores, de manera optimista y si marcha a toda velocidad posible, se estima que podría durar entre 36 y 48 meses.

La acusación, también por lavado de activos, contra el expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano ya cumplió 27 meses y aún no termina. Este proceso no es simple, y de su correcto desarrollo dependerá el éxito del futuro juicio público.

De lo que trata y viene

El control de la acusación establece los parámetros del juicio público. El fiscal Pérez presentó una acusación mixta, es decir, acusó a 42 investigados (40 personas y dos personas jurídicas) y pide archivar la investigación fiscal contra otras seis personas.

En esta etapa, con la participación de la Fiscalía, el abogado del Estado (procurador público) y los abogados de la defensa, el juez debe establecer si la acusación presentada por el fiscal cumple:

1] |Las formalidades del proceso, esto es, si fue notificado correctamente, con todos los 13.000 folios, si los 48 investigados han tenido oportunidad de conocer su contenido y cuentan con un abogado privado o requieren un defensor público.

2] Si el requerimiento fiscal identifica correctamente a los 48 investigados, describe los hechos específicos y precisos que les atribuye a cada uno de ellos y si esos hechos encuadran en la descripción del delito que atribuye el fiscal.

3] Si las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron obtenidas legalmente y sirven efectivamente para acreditar los hechos ilícitos atribuidos, y si las pruebas que presenta la defensa a su vez son útiles para el proceso judicial.

La etapa de revisión de pruebas suele ser la más larga, sobre todo cuando se trata de testimonios o peritajes contables. La Procuraduría también presenta pruebas que se revisan.

Luego, se discutirán aspectos tales como la existencia del delito previo o fuente de los supuestos recursos ilícitos, la existencia del delito de lavado de activos antes del 2011, la responsabilidad del partido político en los actos de sus militantes y dirigentes, etc.

Los abogados plantearán estos u otros temas en busca de desvirtuar las pruebas o la calificación jurídica de los hechos. No es seguro que el juez tome una posición, pero sí es seguro que se discutirán. En el caso Humala, los cuestionamientos a la legalidad de las agendas de Nadine Heredia y la existencia del delito de lavado de activos antes del 2006 se discutió, pero la decisión se pospuso al juicio.

Los abogados pueden apelar algunas de las decisiones del juez a una Sala Superior o la Corte Suprema. Los acusados no participan en las audiencias.

Audiencias y duración

El juez Zúñiga ha programado audiencias para el 31 de agosto y 1° de septiembre. A partir de allí fijará la periodicidad semanal en que se realizarán las audiencias: una, dos o tres veces por semana y la cantidad de horas que dedicarán en cada fecha.

Hasta el 11 de agosto, el juez había recibido 224 escritos de los abogados, de la Procuraduría y la Fiscalía, los cuales serán leídos en la primera audiencia virtual. En los siguientes días, y hasta minutos antes de la audiencia, seguirán ingresando documentos.

Algunos de los acusados han acreditado más de un abogado, pero solo uno de ellos intervendrá en cada sesión de las audiencias virtuales, a través de la plataforma Google Meet, que administrará el personal auxiliar del juez.

Observaciones a la acusación y pruebas

En los primeros 224 escritos que las 48 defensas legales han presentado hasta el 11 de agosto, la mayoría están dirigidos a cuestionar la calidad o validez de las pruebas aportadas por la Fiscalía y rechazar la calificación jurídica que esta atribuye a los acusados.

En este sentido, hay pedidos para que se rechacen las pruebas o se declare que los hechos descritos por la Fiscalía no guardan relación con la descripción del tipo y modalidad del delito atribuido por el fiscal.

En las audiencias de control se suelen presentar más pedidos de recusación contra el juez, que también paralizarán el proceso.

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