El Informante: El fiscal ministro, por Ricardo Uceda

De todas las críticas que levantaron los nombramientos ministeriales, es particularísima la correspondiente a la cartera del Interior, donde despacha el fiscal Juan Carrasco, investigador del crimen organizado en Lambayeque. No se le reprocha falta de méritos. Sigue siendo fiscal porque, tras haber solicitado su cese, la renuncia aún no ha sido aceptada por la Junta de Fiscales Supremos, como es de rigor. La Constitución prohíbe taxativamente que un magistrado comparta sus funciones con otras labores remuneradas, a excepción de la docencia. Una ley impide a los fiscales participar en política. El argumento de Carrasco es que cumplió con los procedimientos reglamentarios, el primero solicitar una licencia sin goce de haber que le fue concedida por autoridad superior. Luego firmó una carta de renuncia. Con este acto bastaría, arguye, para considerarse desprendido de la condición de fiscal.

La incompatibilidad fue denunciada a las pocas horas de conocido el nombramiento, y Carrasco hizo sus descargos también públicamente. La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque abrió una investigación preliminar contra el fiscal, a fin de determinar si correspondía abrirle un proceso disciplinario. El resultado fue sorprendente.

Los autorizadores

Según el informe de la indagatoria, suscrito por el fiscal Telésforo Vásquez, Carrasco no cometió ninguna infracción. Pidió una licencia y la obtuvo. Sin embargo –advierte– la autorización debió ser denegada, bajo responsabilidad de Jorge Chávez Cotrina, el fiscal superior que coordina las fiscalías contra el crimen organizado. Otra instancia comprometida es la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, a cargo de Silvia Ávila, que resuelve las solicitudes de licencia. Ávila aprobó la de Carrasco cuando fue elevada por Chávez Cotrina.

La abogada Nandy Arana, de la Asociación Civil Pro Actione, ha presentado una queja contra los funcionarios del Ministerio Público que participaron en la autorización, y contra Telésforo Vásquez, autor del informe preliminar. Deberá resolverla la Fiscalía Suprema de Control Interno. El punto fuerte de la denuncia es la incoherencia. ¿Por qué está mal que Jorge Chávez Cotrina haya autorizado, mediante su visto bueno, la licencia sin goce de haber de Carrasco Millones, pero está bien que este último lo solicitara, sin ajustarse a ley?

Lo dijo claro

Hay otro aspecto peliagudo que es resaltado en la queja. Según Telésforo Vásquez, el fiscal ministro, al pedir su licencia, señaló claramente que lo hacía “por haber sido invitado a participar en un cargo de confianza en el gobierno”. Esto es relevante porque está prohibida explícitamente la participación de un magistrado en política. El fiscal Carrasco estaba anunciando que lo iba a hacer, para lo que pedía licencia por noventa días. Más aún, de acuerdo con el expediente, Carrasco también escribió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunciándole su propósito.

De modo que no había forma de que la solicitud tuviera acogida. En los reglamentos se señala que, aparte del visto bueno del superior, es necesaria una evaluación de las necesidades del trabajo. En ninguna parte de la documentación aparece que los servicios de Carrasco en las fiscalías de crimen organizado eran prescindibles, o que la carga investigativa estaba desahogada y permitía cederlo al nuevo gobierno. Tampoco se cumplieron los cinco días reglamentarios para obtener licencia: el 26 de julio la pidió y el 27 estaba autorizado por dos despachos distintos con la causal de “motivos particulares”. El mismo día entregó el cargo a su adjunto antes de que la Junta de Fiscales Superiores fuera notificada.

Puerta giratoria

Así pues, la resolución de Control Interno de Lambayeque, aunque pudiera haber sido benévola en exceso respecto de Carrasco, no deja de tener lógica: más culpa tienen sus jefes, a quienes les parece muy bien la ilegal postura de permitir que un magistrado de su institución tenga su cargo asegurado mientras va a hacer política desde un cargo ministerial. Aparte de la infracción constitucional, la práctica politiza más la justicia cuando buena parte de la clase política está siendo investigada por los fiscales de lavado de activos y crimen organizado. Cualquier acusación, fundamentada o no, contra un político, cae en sus manos. El Ministerio Público está instalando una puerta giratoria para que los fiscales se pongan al servicio de los enemigos de sus investigados cuando lleguen al gobierno.

¿Qué tal si el presidente Pedro Castillo le propone al fiscal José Domingo Pérez que desarrolle su estilo desde el Ministerio de Justicia y este aceptara? ¿Y si acto seguido Pérez le escribe a la fiscal de la Nación y luego obtiene el visto bueno de su jefe, Rafael Vela, para una licencia sin goce de haber? Juramentaría tres días después de haberla solicitado, entregando el cargo precipitadamente, en solo unas horas. A los tres meses, habiendo vencido su licencia, reasumiría en el Ministerio Público su puesto en la lucha contra la corrupción, teniendo como principal investigado a Fuerza Popular.

Los silentes

La suposición es grotesca y seguramente ni Pérez ni sus jefes la aceptarían, pero es lo que ha ocurrido con el fiscal ministro Carrasco antes de que renunciara. En situaciones así se necesitaba una voz de liderazgo, de la fiscal de la Nación, por ejemplo, para cortar por lo sano el despropósito. Pero ella, que estaba avisada por Carrasco, calla. No inició investigación preliminar por el supuesto delito de designación indebida de un cargo en el que habría incurrido el primer ministro. Al menos para guardar las formas, porque ahora se abren indagatorias por quítame estas pajas. La Junta Nacional de Justicia mira hacia otro lado. Recibió al ministro de Justicia, Aníbal Torres, y el tema estuvo ausente. Con acierto, la exfiscal de la Nación y ahora congresista Gladys Echaíz le ha llamado la atención.

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