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Colaboración eficaz en casos complejos estaría en riesgo con ley del Congreso

Conflicto. Norma aprobada el viernes 16, dicen los expertos, beneficiaría a investigados por crimen organizado, corrupción u otros delitos complejos: pone plazos a la colaboración eficaz y la burocratiza. El Ejecutivo anuncia que evalúa observarla.

De promulgarse la ley los beneficiados serían los investigados de diversos casos. Foto: composición/La República
De promulgarse la ley los beneficiados serían los investigados de diversos casos. Foto: composición/La República
Diego Quispe

De promulgarse la ley que hace cambios a la colaboración eficaz, los principales beneficiados serían los involucrados en las pesquisas por Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Gángsters de la Política, Dinámicos del Centro, Club de la Construcción y otros casos complejos.

Así lo confirmaron a La República el congresista del Partido Morado Gino Costa; el abogado penalista Carlos Caro; y el director de Proética, Samuel Rotta. ¿Cuál es la razón?

Primero, esta ley aprobada el 16 de julio en el pleno del Congreso pone un plazo de cuatro meses para aprobar la colaboración con 60 días de prórroga como máximo. Para Caro, esto está mal. “El fiscal puede resolver esto en treinta días o en dos años. No se puede poner plazo. Esto podría afectar gravemente a las investigaciones de casos complejos donde se requiere levantar secretos de comunicaciones, financieros o colaboración internacional”, afirma.

Lo segundo es que el dictamen establece que en cada diligencia ante un colaborador el fiscal a cargo del caso deberá estar con un fiscal coordinador. Para Costa, esto implicaría que el fiscal Rafael Vela Barba esté presente en todas las diligencias del Equipo Especial Lava Jato. “Es una traba burocrática porque el coordinador no tiene directa participación del caso. Es absurdo”, añadió Caro.

El tercer punto es que la ley establece que el abogado del colaborador esté presente cuando sea interrogado por el fiscal. Esto se presta para suspicacias. Hay procesos en los que un jurista representa a dos personas involucradas en una misma indagación.

“Si el acusado decide someterse a una colaboración y el abogado está presente, ¿qué garantiza que guarde esa información y no vaya donde su otro defendido a revelárselo?”, se preguntó Costa, y agregó que, por ejemplo, hay casos donde los abogados también son los investigados.

La primera ministra, Violeta Bermúdez, aseguró en RPP que evalúan observar la iniciativa. Sin embargo, ahí no acaba el problema. El Congreso puede promulgarla por insistencia. Existen dos interpretaciones al interior de los Pasos Perdidos. Algunas fuentes creen que si el Gobierno la observa, los nuevos parlamentarios le pueden dar luz verde. Para otras no es así. El Gobierno puede rechazar el dictamen y si no le alcanza el tiempo al actual Congreso, ya no le compete al nuevo continuar el proceso. La discusión retornaría a la Comisión de Justicia.

Hay demasiados intereses en juego, alertó Samuel Rotta, de Proética. “Quien ha impulsado la medida es la congresista María Teresa Cabrera, de Podemos Perú, miembro del partido de José Luna Gálvez, quien está siendo investigado por delitos con ‘Los Gángsters de la Política’. Vemos con un conflicto de interés”, indicó.

Influencias. José Luna Gálvez es congresista de nuevo. Foto: John Reyes/La República

En Podemos ven con buenos ojos que Perú Libre presida la Mesa Directiva del nuevo Congreso. El partido del lápiz tiene a dirigentes como Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú investigados en el caso Dinámicos del Centro. Incluso la Procuraduría Anticorrupción ha pedido incluir en esta pesquisa al líder de esta agrupación política, Vladimir Cerrón.

Sentencia. Vladimir Cerrón es condenado por corrupción. Foto: difusión

Otro caso es el de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular investigada por lavado de activos. Su partido es acusado por la Fiscalía como una organización criminal. Sin las colaboraciones eficaces no se hubieran encontrado luces de los aportes a su campaña electoral del 2011 y las declaraciones de Jorge Barata, de Odebrecht.

Fondos. Keiko Fujimori es investigada por lavado de activos. Foto: John Reyes/La República

El expresidente Martín Vizcarra fue vacado debido a testimonios de aspirantes a colaboradores que lo acusaron de haber recibido coimas cuando fue gobernador de Moquegua. Ese caso aún continúa.

Investigado. A Martín Vizcarra lo acusan de presuntas coimas. Foto: Aldair Mejía/La República

También hay otros líderes investigados en casos complejos como Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, en Lava Jato; César Acuña, de Alianza para el Progreso, por lavado de activos ; y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, por los Panamá Papers.

Dinero. Rafael López Aliaga está en el caso Panamá Papers. Foto: Antonio Melgarejo/La República

A esto se suman magistrados y empresarios investigados en presuntas redes criminales como “Los Cuellos Blancos”. Por eso, los cambios express del Parlamento pondrían el avance de la justicia contra la pared.

Cambios deben tener mayor debate técnico

El director de Proética, Samuel Rotta, criticó que los cambios de la colaboración eficaz debieron tener mayor debate. El dictamen ingresó al debate del pleno al caballazo.

Gino Costa, del Partido Morado, recuerda que el vicepresidente del Congreso, Luis Roel, quiso someter el proyecto a votación sin mayor discusión en el Hemiciclo.

No es cierto que esta ley cuente con el aval del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.

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