Bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular se fraccionan por elección ilegal del TC

La elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso quedó en suspenso, luego de que el propio presidente de la comisión de selección de candidatos, el acciopopulista Rolando Ruiz, pidió esa interrupción. En este receso, los promotores del cuestionado proceso insisten en buscar respaldos y emprenden acciones en contra de sus opositores.

Además, aparecieron disidentes en grupos impulsores de la elección. En Acción Popular, Hans Troyes, de Cajamarca; Rolando Vásquez, de Lambayeque; y Jorge Vásquez, de Cusco, expresaron su oposición al proceso con un comunicado. En APP, Carmen Omonte, de Lima; Walter Benavides, de Cajamarca; y Walter Ascona, de Moquegua, también se pronunciaron en contra de elegir magistrados.

Vásquez incluso anunció su renuncia a Acción Popular, luego de que Salinas comunicó que sería separado del grupo.

Por su parte, el candidato al TC Jorge Rioja Vallejos dimitió del proceso, alegando “la polarización de las fuerzas políticas”.

Punto de quiebre

Tras la suspensión de la elección, sus impulsores no apoyaron proyectos del Frepap, Frente Amplio y Partido Morado. Esto fue tomado como revancha por oponerse a lo del TC. Así cayó la Ley del Archivo General de la Nación, que mejoraría la organización de archivos del país. Otras pasaron a cuarto intermedio, a encarpetarse a poco de acabar el periodo legislativo.

Cuando se había retomado la sesión del Pleno y se anunciaba la continuación de las votaciones para los candidatos al TC, como habían pedido los impulsores de la elección, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, adujo que el Frente Amplio amedrentaba a los postulantes a magistrados con cartas y pidió que Ruiz solicite que ese hecho se vea en la Comisión de Ética.

“Está amenazando a todos y cada candidato (...) con cartas firmadas por su vocero, amenazándolos, informándoles, indicándoles, como quieran llamarle, que renuncien... bajo condición de que no sean parte de un golpe o que no vayan contra los principios del Código de Ética del Colegio de Abogados”, dijo.

“Yo le pido al presidente de la comisión que tome la palabra y eventualmente solicite que esto vaya inmediatamente a la Comisión de Ética y se vea de manera célere”, añadió Salinas.

De inmediato, su correligionario Ruiz lo secundó y pidió que se suspenda la elección.

“(Pido que) se suspenda esta sesión (...) y si es posible mandarles a Ética a quienes han originado esta situación”, indicó.

“No hay amenaza. Hemos advertido que el proceso tiene visos y exhortamos que repiensen su actuación. Buscan confundir”, dijo Yván Quispe, vocero del Frente Amplio, en Canal N.

El miércoles, los promotores de nombrar nuevos integrantes del TC no lograron el respaldo necesario para ninguno de los tres candidatos mejor calificados por la comisión. Se necesitan al menos 87 votos a favor para que uno sea elegido.

La resolución de la jueza Soledad Blácido, del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, que ordenó al Congreso suspender la elección, complicó a sus promotores, la mayoría de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Podemos y Unión por el Perú (UPP). Sin embargo, insistieron en sus propósitos. El papelón se dio cuando no lograron 87 votos ni para Fernando Calle, Aarón Oyarce ni Carlos Hakansson, los tres primeros en el ranking.

Al retomar la sesión ayer, se anunció la propuesta del candidato Freddy Hernández, el cuarto en el orden de mérito, antes de que Salinas y Ruiz expresen el cambio de planes. Los propulsores de la elección no habían conseguido los votos necesarios y querían evitar más papelones, pero estos continuaron cuando la comisión Ruiz publicó las motivaciones de sus integrantes para sustentar las calificaciones que dieron a cada candidato. Con ello buscaba superar el cuestionamiento de la demanda judicial, pues no haberlos publicado iba contra el reglamento. Pero varias motivaciones son muy generales o se repiten, evidenciando una baja calidad de la evaluación.

Mientras pretendían insistir con la reconformación del TC, pero por otra vía iba el anuncio de denunciar a la jueza Blácido. El vocero de Podemos, Aron Espinoza, aseguró que lo harían por considerar que su decisión había ido en contra de las leyes.

“El procurador del Congreso nos ha dicho que la jueza ha violado la Constitución. Somos un poder del Estado que no depende de otro. Por supuesto que será denunciada. Solo esperamos que nos hagan llegar lo informado de forma oral en el pleno, que ha quedado grabado en la Junta de Portavoces, y el informe escrito para poder ratificar y lo daremos a conocer”, anunció.

Mientras tanto, la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) del Poder Judicial aclaró que inició solo investigación preliminar a Blácido, que no implica “prejuzgamiento de responsabilidad en tanto no se ha instaurado un procedimiento disciplinario que habilite un pronunciamiento de fondo”.

Por su parte, la Sala Plena de la Corte Suprema, máximo órgano deliberativo del PJ, expresó que “las decisiones judiciales, por mandato constitucional, son de obligatorio cumplimiento para toda persona” y exhortó “a las instituciones” a respetar los mandatos de la administración de justicia.

Reacciones

Hans Troyes, Acción Popular

“En la elección del TC he decidido no apoyar este proceso porque se ha visto apresuramiento y faltando una semana para que termine esta legislatura. El nuevo Congreso debe elegir de manera transparente, con base en la meritocracia”.

Carmen Omonte, Alianza para el Progreso

“De los 15 finalistas en orden de mérito, los 3 primeros no llegan a los 87 votos. El número 1, Fernando Calle, no pasó de los 6 votos. ¿Dónde está el criterio de meritocracia, idoneidad, si al final los más calificados no tienen puntos? Esto es grave”.

Daniel Olivares, Partido Morado

“Hoy (ayer) en el Congreso se rechazaron todos los proyectos que presentaron las bancadas que no apoyan la elección del TC (Frepap, FA, PM). Sin importar de qué traten ni a quién benefician. Una acción de venganza que solo daña a los peruanos”.

Alcides Rayme, Frepap

“Como parte de una revancha política, se ha archivado la insistencia de la Ley del Archivo General de la Nación, importante para llegar al bicentenario. Además de solicitar la reconsideración, espero un actuar más responsable de mis colegas”.

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