Llamadas de Montesinos probarían delitos de desobediencia a la autoridad

Penalistas advierten una clara infracción en el reglamento del INPE por parte de exasesor presidencial. Señalan que se le podría prohibir comunicarse con terceros para evitar indisciplinas.

INPE podría sancionar a Vladimiro Montesinos tras llamadas realizadas para coordinar un supuesto fraude. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República
INPE podría sancionar a Vladimiro Montesinos tras llamadas realizadas para coordinar un supuesto fraude. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República
Harold  Quispe

Implicancias. Vladimiro Montesinos volvió a ser el centro de atención luego de que se difundieran unos audios donde se le escucha, presuntamente, coordinar un plan para sobornar a tres magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en favor de Keiko Fujimori.

Según dio a conocer IDL Reporteros, el exasesor presidencial se habría comunicado hasta en 17 oportunidades con Pedro Rejas Tataje, excomando Chavín de Huántar y militante fujimorista entre 2009 y 2014. Con ello se desmentiría lo informado por la Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) acerca de que Montesinos solo habría hecho dos llamadas telefónicas a su pareja el 10 y 23 de junio último.

Para el abogado penalista César Nakazaki, este caso debe analizarse en dos aspectos: revisar si se violaron o no los reglamentos dentro del Penal Naval —lo cual podría incurrir en delito de desobediencia electoral— o si todo lo expuesto sigue una lineal de corrupción “donde personas hablan sin concretar ningún acto”.

Veo lejano que haya connotaciones penales de corrupción de funcionarios porque eso requeriría saber cuánto se avanzó en la negociación más allá de ese diálogo. No se puede demostrar si se llegó a dejar la plata o se dejó a pedirla. No se sabe si se llegó a conversar con un juez o un integrante del Jurado Nacional de Elecciones”, manifestó a La República.

En esa misma línea, Nakazaki sostuvo a este diario que las conversaciones que habría mantenido Montesinos con Rejas no llegarían a ser punibles porque “los actos preparatorios en el Perú no son delitos”. No obstante, señaló que sí existiría una clara violación a los reglamentos del INPE.

“Veo un caso penal claro de delitos de desobediencia a la autoridad. Creo que hay un problema evidente en la reglamentación del Cerec. Si eso alcanza a una infracción administrativa o un delito, habrá que establecerlo en la vía correspondiente”, acotó.

El también exabogado de Alberto Fujimori mencionó que Montesinos tiene las mismas limitaciones que el exlíder de Sendero Luminoso. “Abimael Guzmán (al igual que Vladimiro Montesinos) no puede hablar por teléfono con nadie de manera tan fácil. Me queda claro que sí hay infracción, pero no se sabe si es administrativa o penal”, exclamó.

Por último, Nakazaki puntualizó que los audios vertidos por Fernando Olivera no influyen para nada a la sentencia que tiene Vladimiro Montesinos ni en su reparación civil.

El ex hombre del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) adeuda 558,9 millones de soles, de los cuales solo aportó 10,7 millones desde su detención en 2001.

Hace pocas semanas, Montesinos cumplió 20 años encarcelado en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, después de que fuera capturado en Venezuela y, posteriormente, deportado al Perú.

“Para eso tendría que haber una regla de conducta, pero tampoco, porque él no está con pena suspendida o condena condicional”, añadió Nakazaki.

Fernando Olivera dio a conocer un audio de Vladimiro Montesinos. Foto: Grace Mora / URPI-LR.

Una posición contraria tiene Mario Amoretti, abogado y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, quien contó que no daría credibilidad a los audios y videos de Montesinos cuando pasan a la Fiscalía y al Poder Judicial.

“El Congreso los pide y los hace desaparecer. Se conoce que han cometido delitos de corrupción”, dijo.

Del mismo modo, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, informó el último viernes que la Marina de Guerra tendrá en 72 horas los resultados sobre las investigaciones administrativas de las llamadas que realizó Vladimiro Montesinos desde la Base Naval del Callao.

Según dijo, Montesinos tiene permitido realizar llamadas, pero un oficial es quien debe marcarle el teléfono y mantenerse a una distancia prudente. También dijo que está investigando si el encargado de llevar a cabo este procedimiento marcó otro número o no estuvo presente cuando el reo hablaba.

Asimismo, el Ministerio de Defensa informó mediante un comunicado que solicitaron a la empresa de telefonía “la lista completa de llamadas realizadas desde el teléfono instalado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad desde que inició la declaratoria del estado de emergencia”.

Montesinos no podría comunicarse con terceras personas

Por otra parte, Gino Castillo, experto en derecho procesal, recordó que si bien Montesinos Torres puede hacer alguna llamada dentro de la Base Naval, esta tiene que ser “monitoreada”.

“Desde la presunción de que el señor Montesinos tiene un celular que no está siendo monitoreado por las autoridades que lo custodian, entonces ahí estamos incurriendo en un ilícito. No se puede filtrar ningún tipo de celular y no se puede no monitorear desde la cárcel. Desde ahí se estaría cumpliendo un ilícito y el señor Montesinos estaría siendo participe del mismo”, declaró a esta redacción.

El letrado consideró que Montesinos no hizo las llamadas a Rejas “a sabiendas de que lo están monitoreando o grabando su conversación”; sin embargo, aseguró que lo primero que deben hacer las autoridades es averiguar el celular desde donde conversa.

Artículo 368 del Código Procesal Penal sobre el uso de celulares en las cárceles. Foto: captura/documento

Según el artículo 368 del Código Penal, se considera delito por posesión indebida de un teléfono celular a la persona que “posee, porta usa o trafique” con un teléfono móvil; y que si este no está autorizado, recibirá una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

“(A Vladimiro Montesinos) se le deberá recortar ciertos beneficios que se le debe haber otorgado a un reo como es él por todo lo que implica actualmente la coyuntura política. No creo que le recorten las visitas, pero ya no podría comunicarse con terceras personas por muchos medios. Podría darse que le corten ciertas comunicaciones con otras personas que no sea su abogado o familiares cercanos”, agregó.

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