Caso Cócteles: PJ dejó al voto pedido para anular cierre de investigaciones
A Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y otros se les acusa del presunto delito de lavado de activos por la recepción de dinero de la empresa Odebrecht para las campañas presidenciales del 2011 y 2016.
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Luego de que la defensa de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, solicitara anular el cierre de la investigación en su contra por el caso Cócteles, sobre la presunta recepción de aportes económicos de parte de la constructora Odebrecht para la campaña presidencial del 2011 y 2016, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado decidió dejarlo al voto.
El viernes 7 de mayo se realizó la audiencia en la cual se evaluó ese y otros pedidos de nulidad, en donde el juez Víctor Zúñiga finalizó la diligencia luego de casi tres horas de sustentación de la defensa de los acusados y el fiscal José Domingo Pérez. Acto seguido, indicó que su decisión la daría a conocer “por despacho”, lo cual significa que será a través de una notificación electrónica.
Los abogados de la lideresa naranja y de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza 2011, acusados del delito de lavado de activos, pidieron al juez que el caso retorne a etapa de investigación. Sin embargo, Domingo Pérez insistió en que no se había vulnerado el derecho a la defensa de los mencionados.
El miembro del Equipo Especial Lava Jato ya ha concluido formalmente la pesquisa contra Keiko Fujimori y demás involucrados; no obstante, en marzo el partido requirió al magistrado que anule esa decisión.
Delitos que se le imputan a Keiko Fujimori
La candidata presidencial también ha sido acusada de presuntamente haber cometido los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, por lo cual la Fiscalía pide una pena de 30 años de prisión.
Otros imputados por los mismos delitos son Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, para los cuales el Ministerio Público ha solicitado 30 años y 10 meses de cárcel efectiva.
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