Aborto legal: análisis del PL que reconoce la maternidad libremente decidida

Perú aún no reconoce el derecho de las mujeres a acceder a un aborto libre, seguro y gratuito. Esto las obliga a realizarse este procedimiento en centros clandestinos donde ponen en riesgo su integridad física y, muchas veces, su vida. La OMS calcula que todos los años ocurren 25 millones de abortos inseguros, la mayoría en países en vías de desarrollo. Frente a este contexto, el congresista Yván Quispe Apaza del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

La propuesta plantea que una vez vencido este plazo, la persona gestante puede abortar solo bajo dos causales: en casos de violación sexual o si su vida se encuentra en peligro. Además, hay otras consideraciones a tomar en cuenta como el acceso al aborto a través de los seguros médicos o la atención a menores de edad. En la siguiente nota, analizamos estos puntos así como sus alcances y limitaciones.

Aborto gratuito

De acuerdo a un estudio realizado por la organización Promsex en el Instituto Nacional Materno Perinatal, se pudo conocer que el costo de un aborto ronda los 1489 soles. Además, las familias de menos ingresos económicos mensuales (máximo 500 soles) son las que más desembolsan en gastos post aborto, es decir, pueden pagar hasta 477 soles en transporte, consultas o medicamentos.

El proyecto de ley que se acaba de presentar no especifica de manera literal que la interrupción del embarazo propuesta vaya a ser gratuita, como es el caso de Argentina, el último país de la región en reconocer este derecho. Al respecto, el congresista Yván Quispe señala que “todavía se tiene que hacer el dictamen ya sea en la Comisión de la Mujer y de Justicia, y si hay algunos vacíos evidentemente puede modificarse”.

Por su lado, la abogada feminista Brenda Álvarez explica que “la interrupción de un embarazo debe ser garantizado en el marco de las prestaciones de salud que brinda el Minsa y los seguros privados. Las prestaciones de salud sexual y reproductiva son gratuitas, por lo que se entiende que la interrupción del embarazo también lo es. Si bien el proyecto no lo incluye, solo como una reafirmación, sería bueno que se agregue”.

En el mismo sentido, Rossina Guerrero, directora de Promsex, explica que este servicio tiene que formar parte de las atenciones que da el Estado en materia de salud sexual y reproductiva. “En el caso de los servicios públicos, estaría dentro de los paquetes del SIS como lo está el aborto terapéutico que es el aborto legal actual”, resalta.

Según una encuesta realizada por Instituto de Opinión Pública de la PUCP en 2018, el 19% de mujeres peruanas entre 18 y 49 años se han realizado un aborto, el 42% no acudió a un profesional de salud para realizarse el procedimiento, lo que puso en peligro su salud física, mental y su vida. Por eso, la gratuidad y seguridad al realizar este procedimiento son importantes para garantizar el derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes.

“Además, en tanto es un derecho reproductivo está enmarcado dentro de las obligaciones del Estado para asegurar el acceso y de manera correlativa la gratuidad de la cobertura de este tipo de prestaciones de salud. Hacerlo de manera diferente supondría una distorsión de la compresión de cómo deben garantizarse de manera universal los derechos fundamentales”, señala Álvarez.

Aborto en menores de edad

Uno de los temas que toca el proyecto de ley es la interrupción del embarazo en menores de edad. En el caso de las adolescentes de 16 y 17 años pueden dar su consentimiento para este procedimiento. Sin embargo, en el caso de adolescentes de 15 y 14 años se propone que puedan dar su autorización de contar con la suficiente madurez, sino esta tendrá que ser otorgada por su representante legal. Finalmente, todas las menores de 13 años necesitan el consentimiento del tutor.

La abogada Brenda Álvarez explica que esta sección tiene una mirada bastante tutelar con respecto al derecho a decidir de las niñas y adolescentes, pues un asunto privado no puede ser encomendado a una tercera persona, que muchas veces puede oponerse a la realización de esta práctica.

“Si ponemos parámetros o supeditamos esta decisión en el caso de menores de 13 años, donde el embarazo es debido a violación sexual, sucede que el violador suelen ser los hermanos o padres (quienes a su vez son los representantes legales del menor). Además, muchas veces las madres no siempre tienen un rol adecuado de acompañamiento a las hijas. Entonces ¿en manos de quién se deja la decisión de asumir o no una maternidad?”, detalla la letrada.

Este aspecto podría resolverse con la norma técnica de salud Nº 164, emitida en agosto del 2020, y que no ha sido tomada en cuenta en este proyecto de ley, donde se señala que los menores de edad víctimas de violencia sexual que solicitan el aborto terapéutico deben de tener la autorización del padre o la madre. Sin embargo, si ellos no otorgan el consentimiento y la vida de la niña o adolescente corre peligro se puede prescindir de esta autorización en aplicación del interés superior del niño.

Por otro lado, la propuesta también establece que una vez que se ha sobrepasado el lapso de 14 semanas para acceder al aborto, este solo se aplicaría en casos de violación sexual para lo cual se tiene que presentar una copia de la denuncia o una declaración jurada. Para Rossina Guerrero, quien también es especialista en adolescencia y salud reproductiva, este es un aspecto de la norma que debería ser mejorada.

“La atención de la salud no debería estar sujeta a la interposición de una denuncia, porque la mayoría de víctimas de violación sexual que son adolescentes y niñas tienen dificultades para denunciar, ya que los agresores son parte del entorno familiar, entre otros motivos”, recalca.

Modificación del Código Civil

El proyecto plantea la modificación del artículo 1 del Código Civil. Actualmente este apartado señala que “la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción...”. Y se propone cambiarlo por “la vida humana comienza a partir de la decisión de la mujer de llevar a término su embarazo”.

La abogada Brenda Álvarez señala que en términos técnico-jurídicos este punto es inadecuado, pues el punto de discusión no es cuándo empieza la vida, sino cómo hay que resguardarla.

“La Corte Interamericana ha mencionado que la protección de la vida en formación, entendida como el desarrollo embrionario en un embarazo, es progresiva. Esto no entra en discordia con la decisión de interrumpir un embarazo. Sin embargo, creo que el asunto no está en determinar cuándo comienza la vida humana, sino desde cuándo vamos a proteger, en qué medida y cómo”, explica.

El camino a seguir del proyecto de ley

La propuesta de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 tiene todavía que pasar por las comisiones respectivas para que luego pueda ser debatida en el Congreso de la República.

“Vamos a insistir con los miembros de la comisión para que se pueda agendar el proyecto de ley, hacer la exposición y finalmente dictaminarse para que se hagan las precisiones del caso si es que las hubiera”, señala el congresista Yván Quispe Apaza del Frente Amplio, quien presentó la norma.

Se espera que otras bancadas puedan unirse para impulsar la ley a favor de la libertad de decidir de las niñas, adolescentes y mujeres sobre su cuerpo; sin embargo, “habrá sectores más conservadores y seguramente tendrán algunas observaciones al proyecto”, recalca el legislador.