Rafael López Aliaga y los conflictos de sus empresas en Cusco

El candidato presidencial Rafael López Aliaga es accionista de tres hoteles de Cusco y también de las empresas Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa) y PeruRail, que controlan el negocio ferroviario en el sur y hacia Machupicchu.

Según los Registros Públicos de Panamá, revelados por el portal OjoPúblico, Belmond LTD es dueño de la mitad de Fetransa junto a la offshore panameña Peruval Corp asociada a López Aliaga.

Fetransa tiene la concesión de los tramos férreos Cusco-Puno-Arequipa y Cusco-Machupicchu Pueblo, mientras que PeruRail pone los trenes en esas rutas para el traslado de pasajeros. Según OjoPúblico, PeruRail tiene como dueña a Belmond y a Peruvian Trains & Railways S.A., creada en 2001 por López Aliaga y Lorenzo Souza Debarbieri.

Fetransa - PeruRail

Antes de la pandemia, los reclamos de turistas nacionales contra PeruRail por el servicio a Machupicchu eran recurrentes. Decenas de quejas por maltratos y discriminación. Algunas llegaron a Indecopi.

En diciembre de 2020, la población de Machupicchu Pueblo paralizó contra PeruRail e Incarail, la otra operadora para que rebajen el precio de los pasajes para los nacionales.

Para solucionar la huelga, PeruRail propuso dar 300 cupos a nacionales en un tren turístico a 120 soles ida y vuelta, mientras que Incarail planteó 40 dólares ida y vuelta hasta un máximo de 100 asientos.

El alcalde de Machupicchu, Darwin Baca, pidió que PeruRail cobre S/ 80 ida y vuelta e Incarail garantice 150 cupos en sus trenes a S/ 80. No hubo acuerdo. El conflicto está latente, según la Defensoría del Pueblo.

Más allá del servicio de trenes, la concesión de la ruta Cusco – Machupicchu- tiene cuestionamientos. Un informe del grupo de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso (2016-2019) concluyó que Fetransa incurrió en causal de caducidad del contrato. Fetransa obtuvo la concesión por 30 años para administrar la vía férrea. El plazo corría desde el 19 de julio de 1999.

Según el informe, hay vicios e incumplimiento de algunos puntos del contrato. Se recomendó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) tramitar la caducidad del contrato.

La ex congresista que integró el grupo, Rebeca Cruz, precisó que la empresa no cuenta con la certificación FRA II (estándares técnicos que garanticen la operación y la infraestructura vial ferroviaria) de un óptimo servicio. En el contrato, Fetransa asumió el compromiso de alcanzar esos estándares dentro de los cinco primeros años de la concesión, plazo que venció en 2004.

Fetransa respondió al Congreso, en junio del 2019, que esos estándares son aplicables únicamente a las vías férreas de trocha estándar con 1.435 mm. Sin embargo, “el ferrocarril Cusco -Machupicchu es de trocha angosta con 914 mm, motivo por el cual el FRA Class II no es aplicable de manera directa a dicho a dicho ferrocarril”, precisó César del Carpio Polar, gerente general de Fetransa.

“Si hemos acreditado y obtenido la certificación del cumplimiento de las normas que, de acuerdo a la autoridad técnica competente, resultan aplicables, siendo tales normas una adecuación de los requisitos establecidos por la United States Federal Railroad Administration (FRA) Class II a las vías de trocha angosta”, agregó Del Carpio en su oportunidad.

La comisión congresal pidió a Contraloría que inicie una acción de control a Ositran y Ministerio de Transportes por “incumplir la fiscalización del contrato”.

Hotel Sanctuary Lodge

Rafael López Aliaga también es accionista de Perú Holding de Turismo SAA (PHT), que tiene participación en el negocio de hoteles en Cusco que maneja la famosa cadena hotelera Belmond.

Belmond administra el Sanctuary Lodge, ubicado en el ingreso de la ciudadela de Machupicchu. La comisión del Congreso también halló vicios en su concesión y recomendó pedir la nulidad del contrato.

Los legisladores instaron al Gobierno Regional de Cusco a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesionaria. Asimismo, el Consejo Regional pidió al gobernador regional Jean Paul Benavente que proceda a caducar el contrato.

El hotel de cinco estrellas fue concesionado en el fujimorismo a la empresa Perú OEH SA (ahora Perú Belmond Hotels SA). El contrato fue suscrito el 27 de enero de 1995 por 20 años hasta el 2015. Sin embargo, lo ampliaron por otros diez años con una adenda en el gobierno de Jorge Acurio Tito el 28 de noviembre de 2013. Aquella decisión fue cuestionada, Acurio delegó la suscripción del documento al gerente general unas horas después de haber sido vacado. La adenda, además, se firmó sin autorización del Consejo Regional.

En junio del 2019, el gerente general de Perú Belmont Hotels S.A., Laurent Carrasset, defendió la legalidad de la adenda en un documento enviado al Congreso. “EL contrato de usufructo se encuentra vigente, y que la adenda del 29 de noviembre del 2013 es válida en tanto importa un acto administrativo y no de disposición”. Agregó que la suscripción de la adenda no debía ser aprobada por el Consejo Regional, porque es un contrato de usufructo.

En cambio, el procurador regional, Pedro Galicia Pimentel, asegura que faltó la autorización del Consejo Regional, por lo que se pidió la nulidad.

El gobierno regional inició un proceso de caducidad ante el Poder Judicial. El caso actualmente está con una casación ante la Corte Suprema, que debe definir si la ampliación del plazo de concesión fue regular.

En tanto, en setiembre del 2020, el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional del Cusco reveló que Peru Belmond Hotels S. A., concesionaria del Sanctuary Lodge, incumplió con el pago de comisiones estipuladas en el contrato por la concesión del hotel Sanctuary Lodge. Belmond Hotels negó rotundamente la deuda. Señaló que “todos los términos contractuales se han cumplido en su totalidad durante todo el año”.

Belmond debe pagar dos montos mensuales: una comisión fija establecida en $10.000 y otra variable que equivale al 8% de la suma total de los “ingresos brutos mensuales”. Una comisión del Consejo Regional investigó ese contrato en 2018. Aunque tuvo dificultades logró recabar los montos de pagos entre enero de 2015 y febrero de 2017. La comisión fija pagada en ese periodo fue de S/ 878 466.30 y la comisión variable ascendió a S/ 7 424 806.58. “Los ingresos resultantes de la concesión ascienden a US$ 2 442 139.08 (S/ 8 303 272.87)”, señala ese informe.