Odebrecht y Rutas de Lima son incorporadas al caso contra Susana Villarán
Poder Judicial aprobó pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato de modo que estas empresas se sometan a un eventual pago de reparación civil al Estado.
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El juez Jorge Chávez Tamariz ha resuelto en los últimos días incorporar a las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz Brasil), Odebrecht Sucursal Perú y la concesionaria Rutas de Lima a la investigación contra la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente.
El magistrado que preside el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó en este sentido el pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato con el objeto de que las empresas tengan la condición de terceros civiles responsables.
Al tener esta condición, tanto la constructora brasileña Odebrecht así como la concesionaria Rutas de Lima (hoy Lima Expresa), formarán parte del cálculo de la reparación civil que se fije y que podrían pagar a favor del Estado en una eventual sentencia.
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Tal como informó previamente La República, la inclusión de estas empresas al expediente sobre la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, no afecta al acuerdo de colaboración eficaz suscrito y aprobado entre el Ministerio Público, la Procuraduría ad hoc y Odebrecht en julio de 2019.
Fuentes entendidas sobre el tema relataron entonces a este diario que “en tanto [dicho proyecto sobre Villarán] esté fuera del acuerdo, la Procuraduría ad hoc está facultada a interponer recursos en todos los casos penales con proyectos no reconocidos. Odebrecht no puede decir que se esté poniendo en riesgo el acuerdo”.
Ello en relación a que el acuerdo suscrito con Odebrecht solo contempla cuatro obras en donde se reconocieron pagos de sobornos: Metro de Lima, Costa Verde-Callao, Vía Evitamiento del Cusco y la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3). El caso relacionado a la exalcaldesa no está incluido en el acuerdo.
“Hay otros proyectos que están en camino o proceso de colaboración pero aún no culminan y por lo tanto no hay ningun acuerdo para el pago de una reparacion civil, mientras ello no ocurra, todos los proyectos que no forman parte del acuerdo se litigan”, añadieron también para este diario dichas fuentes.
Cabe precisar que las empresas incorporadas pueden apelar esta decisión de primera instancia, en la que un tribunal podría revocar o ratificar esta resolución del juez Jorge Chávez Tamariz.
Por su parte, la Procuraduría ad hoc ha solicitado de forma preliminar, por este caso que dirige el fiscal José Domingo Pérez, un monto de USD20 millones de reparación civil a favor del Estado. La cantidad puede ir aumentando a medida que avance el caso.
Villarán en proceso
Susana Villarán tiene desde mayo de 2020 una orden de arresto domiciliario luego de que un tribunal de apelaciones determinara que era probable un contagio de COVID-19 en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos donde se encontraba.
En total, la exfuncionaria es procesada por seis delitos: lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.
Las pesquisas que logró recabar el fiscal Carlos Puma Quispe fue que existió una organización criminal liderada por Villarán entre 2011 y 2014 y que recibió USD10 millones de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección en 2014.
Desde agosto de 2020, tras la renuncia de Puma al equipo especial Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación.
