Diez candidatos al Congreso por Cusco declararon sentencias por diferentes delitos
Hojas de vida. Tres de los cinco postulantes de Alianza Para el Progreso tienen antecedentes judiciales. También en Democracia Directa, Frente Amplio, Unión por el Perú y Fuerza Popular.
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Diecinueve partidos registraron 114 candidatos al Congreso por Cusco. El Jurado Electoral Especial (JEE) revisa las solicitudes para inscribir las listas congresales. Hay requisitos de obligatorio cumplimiento. Cada candidato presenta una declaración jurada de hoja de vida que contiene datos personales. Lo fundamental es consignar ingresos y egresos y sentencias. Su omisión es causal de exclusión.
La República hizo un chequeo de las hojas de vida respecto a condenas. Diez postulantes cusqueños declararon sentencias por diferentes delitos. Los tres primeros de la lista de Alianza para el Progreso (APP) tienen condenas, que ya fueron cumplidas.
Tres de APP
La cabeza de la lista Alejandro Soto Reyes registró dos sentencias. La primera de mayo del 2013, cuando el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria lo halló culpable de delito de difamación y lo condenó a un año con reserva de fallo. La pena ha sido cumplida. Soto Reyes es conocido en Cusco por conducir un programa dominical de un canal local. La calidad de su trabajo siempre estuvo bajo críticas, porque el manejo periodístico raya con el sensacionalismo.
La segunda sentencia la dictó el Primer Juzgado Mixto de Santiago. Se trata de una la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios por inejecución de obligaciones.
David Canal Ontón, también candidato de APP, fue condenado el 31 de diciembre de 1996 por el Juzgado Penal de Urubamba a un año de pena suspendida. El delito fue usurpación y la pena fue cumplida.
Asimismo, la candidata con el 2 de APP, Rosa Pino, registró que el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq “con resolución N.° 5 ordenó el remate de la garantía materia de ejecución”. Pino fue presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco.
Delitos varios
En Democracia Directa, Elena Ascarza Quispe registra una sentencia en un proceso laboral por “reserva de fallo contra la administración pública-abuso de poder”. En el proceso electoral pasado, Ascarza precisó que la sanción ya fue cumplida.
Asimismo, Rolando Solís Casilla, Frente Amplio, cuenta con una sentencia dictada por el Juzgado Mixto de Chumbivilcas por el delito de peculado simple. La sanción fue a dos años de pena suspendida el 13 de setiembre de 2016. La pena fue cumplida.
Andmar Sicus Cahuana, candidato de Unión Por el Perú (UPP), declaró que el Tercer Juzgado de Paz Letrado falló en una denuncia de pensión alimentaria. Según el reporte, hubo conciliación de las partes. Mientras que el postulante César Armando Navinta Tacona, de Fuerza Popular, cuenta con dos sentencias consignadas en su hoja de vida. La primera, el Cuarto Juzgado de Familia del Cusco admitió a trámite una denuncia por violencia familiar. Y el Juzgado de Familia del Cusco dictó medida de protección por violencia familiar.
Asimismo, la cabeza de la lista de Avanza País, Oscar Eduardo Bravo Holguín, cuenta con una sentencia vía conciliación en un proceso por alimentos.
3 candidatas declararon casos civiles con resolución
Hay tres candidatas que declararon casos civiles. La postulante de Juntos por el Perú, Tania Adid García Arzubialde, declaró una demanda contractual considerada fundada para el otorgamiento de una escritura pública (obligación por hacer) por el Primer Juzgado Civil del Cusco.
Asimismo, la postulante de Victoria Nacional, Irinuzka Puelles Almonacid, registra una sentencia en la vía civil resuelta por el Cuarto Juzgado Especializado Civil en una demanda contractual con fallo que dispuso “llevar adelante ejecución del título”.
La aspirante con el 2 de APP, Rosa Pino, registró que el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq “con resolución n.° 5 ordenó el remate de la garantía materia de ejecución”. Pino fue presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco.
Las actuales normas obligan a los postulantes a declarar todas las sentencias que hayan tenido durante su vida profesional o política. No declararlas devendría en exclusión.
Enfoque: Exigir condiciones éticas mínimas
Henry Delgado
Ex procurador anticorrupcion del Cusco
Hay que partir del hecho que en las elecciones generales del 2021 será la ciudadanía la que otorgue legitimidad con su voto a los candidatos. Si esto es así, la exigencia de la población es que los candidatos por lo menos cumplan con mínimas expectativas profesionales y sobre todo éticas.
Hay una variedad de candidatos, desde aquellos que ya han fungido como alcaldes, regidores, consejeros regionales, municipales y simples ciudadanos con pasado. Algunos tienen procesos civiles o penales o laborales. Aunque estos hayan concluido, el riesgo moral es alto. Estando ya dentro del Congreso pueden incurrir en estas infracciones, lo que determinaría su poca credibilidad en el Legislativo, aunque no necesariamente la excepción sea la regla.
La ciudadanía -advertido de los procesos judiciales o las condenas ya cumplidas que tengan los candidatos- deberá tenerlos en cuenta al momento de elegir. Será su voto el que legitime al legislador.
