Bermúdez: “La inestabilidad política ha conspirado en que no tengamos una fecha cierta de la llegada de las vacunas”

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, responde en la siguiente entrevista sobre temas de urgencia, entre ellos el de la vacuna. Señala que en el primer semestre del año entrante -es decir, entre enero y junio- se podrá tener “certeza” del inicio del proceso de vacunación, así como del número de dosis que llegarán al país. Por el momento, siguen las negociaciones.

El miércoles, el gobierno en su conjunto ofreció una extensa conferencia de prensa. Al final quedó la sensación de que no hay certezas sobre temas centrales. El más urgente, el de la vacuna. No hay fecha de llegada. No hay contrato cerrado con nadie, solo negociaciones. Queda la incertidumbre. Sé que este gobierno tiene un mes y días pero, ¿no es posible ser más preciso? La gente está esperando algo más que “estamos haciendo todos los esfuerzos”.

No, por supuesto. Lo que hemos decidido hacer es hablar con transparencia. Me encantaría poder darle en este momento una fecha, una hora. Tenemos por dónde vamos a empezar la colocación, porque hay un plan elaborado por la gestión de la ministra Mazzetti en los gabinetes anteriores…

Personal de salud, policías, población vulnerable…

Claro. Ya existe el establecimiento de prioridades de vacunación, estamos profundizando en todo lo logístico, sin embargo, en efecto, todavía no tenemos un contrato firmado que nos diga “tal día, tantas vacunas llegan al Perú”. Y yo sé que no es una gran noticia, pero es mejor ser transparentes que jugar con la expectativa de la ciudadanía. Esto no significa que estamos de brazos cruzados, para nada. Existen dos convenios marco que ya estaban suscritos con anterioridad.

Los de Pfizer y Covax.

Exactamente. Con Pfizer, después de unas gestiones que hemos hecho, hemos recibido una corroboración de que nos tienen en la lista de países que, si se concretan los acuerdos, recibirían las vacunas. Cuando hemos ingresado (al gobierno) los plazos ya estaban prácticamente vencidos. Hemos tenido que negociar, conversar, explicarles la situación. Más que buscar responsables, noviembre fue un mes crítico para estas negociaciones y firmas de acuerdo. Tuvimos tres gobiernos sucesivos. Es una cosa extraordinaria que no ha pasado en ningún país del mundo. El contexto de inestabilidad política ha conspirado de algún modo en que no tengamos, hoy, una fecha cierta de la llegada de las vacunas.

¿Cuándo tendremos novedades?

Confío en que en los próximos días podemos tener alguna noticia al respecto.

Me dice que no quiere achacar responsabilidades, aunque cuando señala que noviembre fue un mes crítico para las negociaciones, implícitamente está diciendo que la vacancia fue decisiva.

Bueno, eso es lo que usted está señalando. Yo le estoy dado una lectura de un contexto mayor. Es inestable tener tres presidentes en tres semanas, es inestable tener tres presidentes del consejo de ministros en tres semanas.

Entiendo cuando dice que no pueden ofrecer una fecha concreta. Nos podemos poner, sin embargo, en el peor escenario y hacernos una idea. Ha afirmado que el escenario más realista para iniciar el proceso de vacunación es el primer semestre del próximo año. Es decir, podría empezarse en junio, posiblemente. ¿Es correcto?

No puedo afirmar esto y tampoco descartarlo. Lo que sí le puedo asegurar es que de acuerdo a nuestras proyecciones y del estado de las negociaciones con varios laboratorios y empresas, vamos a tener dentro del primer semestre una certeza del inicio de la vacunación, del número de vacunas que llegarán y del cronograma.

El primer semestre va entre enero y junio.

Es un periodo razonable para no generar expectativas falsas ni tampoco frustraciones en las personas porque ya hemos tenido calendarios anunciados con anterioridad que no se han cumplido y estas cosas hacen que las personas pierdan credibilidad en sus autoridades.

Sé que las negociaciones no se pueden revelar. En todo caso, ¿de qué depende de que, por ejemplo, el contrato con Pfizer se cierre?

De que estemos ambas partes de acuerdo, ¿no? Estamos en conversaciones muy avanzadas y de eso se encarga la Cancillería y el Minsa y hay un principio de confidencialidad que no se puede transgredir. Se puede caer el acuerdo y tendríamos que compartir la responsabilidad, usted que me tienta y yo por contarle. Quiero recordar que estamos al menos con ocho laboratorios, como Sinopharm (vacuna china), AstraZeneca. No podemos apostar por una sola opción. Los países grandes sí pueden darse el lujo de comprar a una sola empresa, nosotros no.

El 11 de diciembre el Congreso envió la ley que autoriza el ingreso de las vacunas contra el nuevo coronavirus y garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la Covid 19. Hoy viernes,18 de diciembre, el Ejecutivo ha promulgado esa ley, una semana después. ¿Ese es el ritmo que hay que imprimir en estas circunstancias?

Mire, cuando llega una autógrafa hay un procedimiento porque tiene que ser revisado por los sectores involucrados y por las asesorías jurídicas para que todo calce. Recuerde que vamos a hacer una compra imprevista, no planificada, y de un volumen y alcance no determinado.

César Cárcamo, miembro del grupo de Prospectiva que asesora al Ejecutivo, dijo que recomendó al Gobierno no reabrir cines, casinos. ¿Le harán caso?

Por ahora estamos continuando con la decisión que se adoptó en el último decreto supremo. Estos establecimientos están terminando sus protocolos, unos en proceso de aprobación, otros más avanzados. Mientras no existan evidencias del incremento de la enfermedad que hagan peligrar la reapertura de estos negocios, tenemos que seguir con la decisión. Si hubiera señales epidemiológicas que alerten de un crecimiento desmesurado de la Covid y hagan revisar esta decisión, lo haremos. Esta es una enfermedad que no se conoce. Usted verá países más desarrollados que el nuestro que avanzan y retroceden. Aquí lo central es que las personas también asuman parte de la responsabilidad de cuidarse.

Cárcamo es parte del equipo de prospectiva, que asesora al gobierno, a ustedes. Alguna razón tendrá, ¿no?

Bueno, eso de que los asesora a ustedes… yo creo que el señor Cárcamo y muchas otras personas nos están dando insumos al Ejecutivo para la toma de decisiones, pero tenemos que basarnos en la información que da el Minsa y los sectores involucrados, es decir información oficial. El último decreto sobre la apertura de los casinos, los cines, los aforos para teatros contempla una disposición clarísima que dice que todo deberá ser revisado y monitoreado de manera permanente. Tenemos que ir haciendo un equilibrio entre salud y economía de las familias. Es un balance muy difícil.

¿Usted irá al cine?

¿Yo iría al cine? No tengo tiempo para ir al cine la verdad. Quizás cuando termine este cargo, iría.

En las actuales circunstancias, ¿si tuviera tiempo iría?

¿En las actuales circunstancias? Si tuviera tiempo y el cine cumple con las condiciones del Minsa, ¿por qué no? Ahora, el aforo que se plantea es del 40%. Tampoco se podrá ingresar con alimentos. Si fuera al cine iría con mi mascarilla, una KN-95 por lo menos, como lo hago cuando tengo que ir a lugares donde concurren otras personas. He ido al Congreso con mi mascarilla, casi no podía respirar y sustenté el informe.

Premier, ¿por qué insisten con Carlos Neuhaus?

El señor Neuhaus ha estado en este Comando Vacuna que fue iniciativa de cuatro personas que con muy buena fe y afán de colaboración han contribuido con recomendaciones a lo largo de este proceso. Lo convocamos por su experiencia en organización. Tenemos uno de los mejores ministerios en materia de vacunación masiva, pero nunca de la envergadura de la Covid. Además, cada vacuna tiene condiciones especiales de refrigeración y cuidado. Es necesario un equipo que dé un apoyo más operativo, logístico.

¿Por qué razón, un mes después de las protestas, no hay todavía responsables de los muertos y heridos? ¿Tan complicado es hallar a quienes deben responder por la violencia contra los jóvenes? ¿Cuándo sabremos quiénes fueron los responsables?

Hay dos investigaciones en curso, una del Ejecutivo a nivel administrativo que realiza la oficina de integridad del Mininter y que se encuentra en la primera fase. Me parece que la primera etapa debe estar terminando, creo, la primera semana de enero, el 4 o 5. Pero en simultáneo el Ministerio Público (MP) está haciendo sus propias investigaciones. El MP es autónomo y es el que va a identificar responsabilidades penales. La investigación en el Mininter es administrativa.

¿Usted confía en el Mininter investigando al Mininter?

El Mininter es más que la Policía. Esta oficina de integridad es la encargada de realizar las investigaciones. A efectos de garantizar la imparcialidad y el debido proceso el ministro actual (José Elice) se mantiene al margen.

El informe de Human Rights Watch ha recomendado al gobierno peruano que enjuicie a los agentes responsables de la represión policial y reformar el sistema disciplinario de la Policía Nacional “para garantizar independencia y transparencia”. ¿Está de acuerdo?

Esta mañana (viernes) tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor (José Miguel) Vivanco (director ejecutivo de HRW). Precisamente, él ha manifestado que hay varias reformas que deben hacerse. Nos ha parecido muy interesante este planteamiento y hemos quedado con el ministro del Interior en revisar las propuestas en detalle para ver qué cosa está siendo un obstáculo para que se produzcan estos procesos sancionatorios internos.

Ese informe también reporta que el comandante general de la Policía no ha adoptado -cito textualmente- “medidas contra otros agentes, ni siquiera contra aquellos que actuaron en áreas donde fueron heridos o murieron manifestantes”. ¿Han pedido rapidez al comandante general en este asunto?

Nosotros estamos esperando las investigaciones, que tengan un sustento para evitar que más adelante vaya a haber una interferencia indebida en el proceso. Mientras no tengamos algo que sustente quiénes fueron las personas responsables, cómo se produjeron estos hechos, si lo hicieron de manera autónoma o no, si respondieron alguna directiva o no, haríamos mal en adelantar una conclusión.

Tampoco tenemos resultados sobre quién fue el responsable de la muerte de Jorge Muñoz Jiménez durante las protestas contra el régimen agrario. ¿Cuándo sabremos algo al respecto?

Claro, sí, el señor Muñoz es otro caso en investigación por las dos vías. Estamos impulsando la administrativa, pero tienen sus plazos procesales. No pueden pedir que lo hagan para mañana. Lo desearíamos. Lo que hemos hecho es decirles que, por favor, traten de abreviar los plazos porque hay una expectativa de conocer quiénes son los responsables de estas muertes.

¿El gobierno puede dar fe de que todos los detenidos en el Operativo Olimpo tienen antecedentes terroristas, o están vinculadas con el terrorismo?

Mire, no le podría dar ninguna… o sea, no le podría dar ninguna información al respecto porque no he examinado ninguno de los casos y, además, entiendo que todavía están en periodo de investigación, ¿no?

Indira Rodríguez Paredes, una hija de una de las detenidas, ha denunciado públicamente la violencia que se usó en el allanamiento, cómo la apuntaron a ella con metralletas, cómo destrozaron su hogar, cómo la amenazaron por haber asistido a las marchas, incluso ha alertado seguimientos. ¿Le parece que esto es admisible en un Estado que se hace llamar a sí mismo democrático?

Mire, en general nosotros estamos en contra de cualquier uso abusivo de la fuerza. En lo personal, toda mi vida la he dedicado a la defensa de los derechos de las personas, he trabajado incluso en el área de derechos humanos, particularmente de las mujeres, y siempre voy a estar en contra del uso abusivo de la fuerza. Pero, como le digo, es un testimonio que tiene también que corroborarse con otros elementos. Soy abogado y haría mal en adelantar una opinión sobre algo que desconozco.

Sobre la ONP y la ley aprobada para la devolución de los aportes, hay una demanda de inconstitucionalidad en el TC. Mientras se resuelve, ¿se va a pagar? Hay habido declaraciones algo contradictorias al respecto.

Bueno, consideramos que la ley de la ONP es inconstitucional. El Legislativo no debe normar en materia económica y además se pone en peligro el principio de equilibrio fiscal y por eso hemos acudido a la acción de inconstitucionalidad para que se expulse la norma del ordenamiento jurídico. Si logramos el amparo del TC no hay nada qué discutir. El tema es que esta norma obliga a establecer un cronograma bastante estricto y estamos dentro del primer plazo que plantea, de 15 días útiles para que el MEF y la ONP en coordinación con la PCM puedan plantear un cronograma para operativizar la norma. El primer escollo que hemos encontrado es que no tenemos los recursos para implementarla. Por eso, invocamos al TC…

A que se apure.

Que le dé un trámite rápido para tener certeza sobre la acción planteada. Ya el TC corrió traslado al Congreso y esperamos que no se tome todo el plazo que tiene para contestar…

De 30 días.

Exacto, 30 días útiles, además. La Mesa Directiva ha dicho que va a ser una respuesta más o menos rápida. De ser así quizás podríamos tener una definición del TC antes de que se cumplan los plazos que plantea la ley.

¿No habrá pagos todavía?

Bueno, se tienen que cumplir varias etapas. La ley da 15 días para hacer el cronograma, luego se reciben las solicitudes que hay que evaluar. Creo que si el Ejecutivo está cuestionando la norma, lo ideal sería que se resuelva (la demanda) antes de proceder a avanzar en su implementación. Todo dependerá de los plazos procesales.

¿Se tomó mucho tiempo para decidir si aceptaba el premierato?

Por supuesto que lo pensé, pero tuve apenas 10 minutos para hacerlo. Ha sido un honor que el presidente Sagasti me llamara para ocupar este cargo porque conozco de su trayectoria, de su producción académica. Lo conocí por primera vez cuando trabajé a finales de los 90 en USAID, coordinando proyectos en el área de democracia y no nos veíamos hace muchos años. Solo le pedí 10 minutos para hacer algunos arreglos familiares porque esto implicaba que mi esposo tuviera que dejar su trabajo porque no podía seguir siendo socio de un estudio que en algunos casos ha prestado servicios al Estado.

Usted es sanmarquina, ve temas de género. ¿El caso de Susana Higuchi fue el más mediático de su carrera como abogada?

Sí, el más mediático, por el contexto en el que se dio, porque era la primera dama. También he defendido a mujeres víctimas de violencia en el contexto del terrorismo, detenidas y violadas sexualmente. He trabajado mucho en políticas públicas, en reformas normativas. He colaborado con congresistas en la formulación de la ley contra la violencia familiar, la primera, la de 1993.

¿Recuerda algo en especial del caso Higuchi?

Tengo muchos recuerdos. Más que hablar del caso, por razones de secreto profesional y confidencialidad con mi entonces patrocinada, diría que lo que más me impactó es que mucha gente se solidarizó. Su historia es la de muchas mujeres en el país, la diferencia es que ella era un personaje público. Lo que ella vivió, lo que pasó muchas veces representa la misma historia para otras mujeres, solo que no son conocidas.

La violencia contra las mujeres es un problema estructural en el Perú.

El Estado históricamente ignoró la violencia contra las mujeres. Después cuando se reguló fue para proteger a la víctima, pero me parece que ya estamos en un momento en el que debemos escalar a la prevención. El Estado debe evitar que la violencia se produzca. Como estamos ante un problema estructural, como bien ha señalado usted, tenemos que trabajar en educación, en salud, en los medios de comunicación. ¿Cómo se transmiten a veces las noticias de la violencia de género? Hay mujeres que son asesinadas y se pone un titular que dice que la mataron porque tenía otra pareja o porque le sacó la vuelta a tal. Indirectamente se está justificando un crimen. Hay un cambio cultural que se tiene que hacer. Lo que esperamos de ser hombre y ser mujer crea situaciones perversas entre los seres humanos. A los hombres les exigimos dureza, fortaleza, imposición, y a las mujeres les exigimos sumisión, debilidad.

La ley del aborto está cerca de aprobarse en Argentina. ¿Le gustaría que en el Perú se aprobara algo así?

Yo espero que en el Perú algún día se debata seriamente por qué las mujeres tienen derecho a tomar decisiones sobre su vida reproductiva y sexual. Lamentablemente, siempre que se debaten normas vinculadas a la interrupción del embarazo o al ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos, no ingresan valoraciones de carácter objetivo, no se analiza la situación real de las mujeres, si no que la discusión se distrae con asuntos de carácter…

Moral.

Moral, religioso, que desde mi punto de vista no contribuyen a analizar la política pública que deberíamos tener en el Perú, que tendría que permitir que las mujeres y hombres podamos ejercer en libertad nuestra vida sexual y reproductiva, de manera informada y responsable. Esos debates, lamentablemente, no se dan.

¿Quizás en esta campaña?

No creo que en esta campaña ingrese el debate, pero si es así ojalá que sea de manera seria. Y ojalá no se hagan promesas que después se incumplan. La ciudadanía en general está bastante decepcionada de la clase política.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.