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Política

Contraloría: Comisión de Fiscalización distorsiona proyecto para casos de corrupción

La institución asegura que el predictamen elaborado sobre la tipificación de las conductas infractoras en la función pública “debilita el Sistema Nacional de Control y generará impunidad de casos de corrupción”.

Proyecto de la congresista Becerra, de Podemos Perú, plantea que una Comisión Especial seleccione a los candidatos a la Contraloría General de la República. Foto: Difusión.
Proyecto de la congresista Becerra, de Podemos Perú, plantea que una Comisión Especial seleccione a los candidatos a la Contraloría General de la República. Foto: Difusión.

La Contraloría General de la República (CGR) aseveró que se ha distorsionado el proyecto de ley presentado por el Congreso para tipificar las conductas infractoras en la función pública en casos de corrupción y inconducta funcional.

A través de un comunicado, el ente público manifestó su preocupación porque el predictamen que se pretende poner a votación “distorsiona la finalidad de los proyectos de ley presentados por la CGR en 2019 y 2020 para tipificar las conductas infractoras en una ley de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional”.

Asimismo, asegura que debilita la autonomía de la labor de control, sanción de la corrupción, la inconducta funcional, así como también retrasa el principal objetivo del proyecto de ley generando incertidumbre y acrecentando la sensación de impunidad en la ciudadanía.

Por otro lado, agregó que la presidencia de la Comisión de Fiscalización no aceptó convocar a la CGR a una sesión pese a su solicitud el pasado 20 de noviembre para sustentar argumentos técnicos y jurídicos.

“Ante ello, debemos alertar que con la desnaturalización en la que incurre el predictamen no se podrán sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión u otros actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos o afectación de servicios públicos”, indicó.

“Se buscaría, además, eliminar la prevalencia del Proceso Administrativo Sancionador de la CGR sobre otros procesos administrativos, con lo que una entidad pública puede iniciar un proceso a un funcionario o servidor público para neutralizar las sanciones de la CGR”, se lee en otra parte del pronunciamiento.

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