El Informante: Artivistas en La Habana, por Ricardo Uceda

En los últimos años he tenido relación continua con reporteros de Cuba, así como con personas de diferentes oficios, residentes o no en la isla, que conocen su realidad. En la lista incluyo a dos oficiales de la policía política que me detuvieron para interrogarme en un par de ocasiones en La Habana. Hablo cada vez que puedo con periodistas que fueron detenidos. Así que de alguna manera, sin creerme un experto, desarrollo criterio sobre los acontecimientos. Como muchos, sin embargo, fui sorprendido por la relevancia del movimiento de artistas jóvenes que venían manifestando su disidencia, principalmente por limitaciones a su expresión. Parecían un grupo minúsculo contestatario. ¿Por qué, de un momento a otro, adquirieron una importancia que concitó la atención internacional?

El Movimiento San Isidro, llamado así porque su centro de operaciones es el barrio de ese nombre, en La Habana Vieja, surgió en 2018 como respuesta al Decreto 349, que reforzaba el control gubernamental de las actividades culturales. Lo criticaron desde opositores políticos hasta artistas tolerantes con el régimen, como Silvio Rodríguez. El Estado debe autorizarlo todo –contenidos, exhibiciones, producción en casa–, y a quienes incumplen la ley se les aplica una serie de penas. Además, un artista desobediente suele ser víctima de seguimientos, detenciones, interrogatorios, actos de intimidación, vilipendios. Lo mismo ocurre con los periodistas críticos. Este año los del MSI decidieron acuartelarse en la vivienda de uno de sus líderes, Luis Manuel Otero, para protestar contra la detención del rapero Denis Solís, ocurrida el 9 de noviembre.

Un delito común

El caso de Solís demuestra lo que le puede ocurrir a un contestatario. Insultó a un policía que entró a su domicilio ilegalmente. Luego de ser detenido fue sometido a un juicio sumario que lo condenó a ocho meses de prisión por el delito de desacato. Este ilícito es una de las formas más comunes de castigar a los incómodos. Mientras Solís era enjuiciado realicé, junto con mi colega Rodrigo Ortecho, varias entrevistas con alguien que en 2020 terminó de cumplir un año preso por el mismo delito. Roberto Quiñones, abogado y periodista, nos explicó todas las formas de la perversa aplicación del desacato. Las conocía perfectamente porque él mismo había sido defensor público durante décadas.

En su caso lo acusaron de haber agredido a dos policías que lo detuvieron en Guantánamo cuando fue a observar el juicio de Ramón Rigal, un pastor evangélico condenado, al igual que su mujer, por educar a sus hijos en casa. Los esposos cometieron “actos contrarios al desarrollo del menor” y asociación ilícita para delinquir. A Quiñones lo detuvieron sin motivo alguno y, ante sus protestas, lo golpearon. A la estación policial llegó con el rostro hinchado y un tímpano roto. Acusado de resistencia a la autoridad, recibió una multa como castigo. Como se negó a pagarla, fue procesado. Durante el juicio se le acusó de haber agredido a los policías.

Cárcel por dignidad

–Imagíname a mí agrediéndolos –dijo Quiñones–. Un hombre de más de sesenta años contra dos policías más jóvenes y más fuertes, uno de ellos un mastodonte, y que salen ilesos de un supuesto enfrentamiento. Yo, en cambio, malamente herido.

Quiñones escribía en Cubanet, una publicación electrónica opositora cuyo acceso está bloqueado para los cubanos. No era famoso cuando lo detuvieron. Se convirtió en celebridad internacional de los derechos humanos por las incontrovertibles evidencias de que le fabricaron las pruebas para convertirlo en agresor. Ahora bien, ¿no era preferible, para cualquier persona en su situación, pagar una multa y evitar ser condenado a prisión en una cárcel inmunda? En efecto, hubiera sido comprensible. Pero Quiñones tuvo el acto de dignidad de no hacerlo pese a las consecuencias, y ese gesto lo eleva a la condición de héroe.

Volviendo a los del MSI, la encerrona por Denis Solís se transformó en huelga de hambre, y la actitud prontamente despertó la solidaridad de los artistas independientes. Dentro de Cuba.

El voto peruano

Esta es la diferencia con otros atropellos que suscitan un repudio fuera del país, pero no tanto –al menos en público– en el interior. Esto vale para el caso de Quiñones y para el de muchos otros. Por ejemplo, el de Abraham Jiménez, premiado por el IPYS en 2019, varias veces detenido e interrogado. El pasado 4 de octubre advirtió, en su columna en el Washington Post, que si dejaba de escribir era porque estaba preso en Cuba. Su texto contaba que la Seguridad del Estado puede expulsar a tu madre de su trabajo, puede citar a tu padre para interrogarlo, puede escribirle a tu pareja, en medio de un embarazo, mensajes con calumnias, puede meter en un calabozo y luego llevar a interrogatorio a un vecino solo porque es tu amigo, puede dejarte arrestado en tu propio domicilio cuando le plazca, puede prohibirte salir del país hasta que estime, puede interceptar el teléfono de tu casa o tu teléfono móvil y te corta el internet cuando desea. Y concluyó:

–Todo eso lo puede la Seguridad del Estado, que es más o menos el resumen de lo que me ha hecho en los últimos años, pero vuelvo a aclarar que ni siquiera soy la peor de las víctimas.

El apoyo que Jiménez recibió fue muy grande en el exterior, así como el dirigido a Carlos Manuel Álvarez, fundador de la revista El Estornudo, continuamente acosado. Pero los casos de los periodistas no tuvieron la repercusión de lo que ocurrió el 27 de noviembre, luego de que la policía desalojara por la fuerza a los huelguistas de hambre: una multitud de personas frente al local del Ministerio de Cultura, exigiendo libertad de expresión y diálogo, con muestras de simpatía por parte de personalidades del entorno estatal. Un fenómeno nuevo. Quince días atrás, con el inconsecuente voto de Perú, Cuba había sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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