Arequipa: destitución de Cáceres Llica sería inconstitucional, según GRA
A través de un comunicado, institución señaló que juzgado no tiene atribuciones para sacar del cargo a una autoridad. Informaron que gobernador apelará y denuncia presunta persecución política.
- Amplían investigación contra Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima
- Patricia Benavides habría aceptado recibir 1 millón de soles para direccionar licitación
La sentencia emitida por el juez del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar de la Corte de Justicia de Arequipa, Luis Madariaga Condori, remeció el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Esto debido a que se dispuso la destitución del gobernador Elmer Cáceres Llica. La autoridad es cuestionada por no haber implementado debidamente el protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas con COVID-19.
Tras la difusión de la sentencia, el GRA se pronunció a través de un comunicando señalando que esta medida es “inconstitucional e ilegal”. Sustentan que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 142 que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en materia electoral no son revisables en sede judicial.
“El Juzgado no tiene atribuciones para destituir de su cargo a una autoridad electa por voto popular y sin que este cuente con sentencia consentida por delitos estrictamente establecidos por Ley”, argumentaron.
Así también, indicaron que las disposiciones realizadas por el juez Luis Madariaga Condori tendrían un “carácter netamente político” y una “persecución política” contra Cáceres Llica.
“Perjudica el equilibrio de poderes contemplados en la Constitución, con decisiones sesgadas y arbitrarias de jueces que no actúan conforme a sus atribuciones”, agregaron.
Finalmente, señalaron que el gobernador Elmer Cáceres Llica apelará la decisión del juzgado de primera instancia y seguirá realizando actividades representativas como autoridad regional.
Sentencia
La sentencia surge a raíz de la demanda presentada por el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo en contra de la autoridad regional. En la acción presentada el pasado 2 de abril de este año, Alarcón solicitaba que se ordene al GRA y a las autoridades del Ministerio de Salud, la implementación del protocolo de atención del coronavirus. Además, exigía que cumplan con sus funciones a fin de afrontar la crisis sanitaria.
Para el juez Madariaga, el gobernador “tiene responsabilidad plena” e incumplió sus funciones. Una de esas muestras sería la falta de test para detectar casos por COVID-19 en dicha región. Así también, una deficiente distribución de equipos de protección personal para el personal de salud.
