Los motivos por los que la fiscalía detuvo a José Luna Gálvez y "Los gángsters de la política”

El empresario y fundador de la universidad Telesup y del partido político Podemos Perú, José Luna Galvez, detenido la mañana del sábado, sería el líder de una presunta organización criminal denominada “Los Gángsters de la política”, según la investigación que realiza la fiscal Sandra Castro del Equipo Especial “Cuellos Blancos del Puerto”.

Dicha organización criminal estaría operando desde el año 2016 y hasta ahora se han identificado a 14 integrantes, se lee en el documento judicial suscrito por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, que ordenó la detención de Luna Gálvez y otros cinco integrantes de la organización.

“Se evidencia la existencia de una organización criminal a la que se denomina “Los Gangsters de la Política”, que tiene como objetivo “el espacio de actuación en el ejercicio del poder político”, su programa criminal comprende los delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios (cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal)”, subraya el documento.

Entres las acciones desplegadas por este grupo, la fiscalía identifica una activa participación e injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza y en el copamiento de la ONPE para lograr la inscripción del mencionado partido político, presionando y condicionando a altos funcionarios públicos para el logro de sus objetivos.

Integrantes

De acuerdo con la fiscalía, el líder, financista y hombre clave de la organización es José Luna Gálvez, en tanto que su hijo y congresista José Luna Morales, actúa como su representante. José Luna Morales también está incluido en las investigaciones, aunque en su caso, las acciones penales quedaron suspendidas hasta un mes después que termine su representación parlamentaria.

El siguiente en la estructura organizativa era José Luis Cavassa, encargado de la compra de la voluntad de los magistrados del CNM, de gestionar la elección de Castillo Meza como jefe de la ONPE, del copamiento de la ONPE y de hacer posible la inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú.

Oscar Nieves y Fernando Obregon Mancilla se encargaron de impulsar el nombramiento de Castillo Meza y luego de asegurar el copamiento de la ONPE, mediante la elección de personal a fin a los intereses de la organización. Adolfo Castillo Meza se encargó de postular a la ONPE, contando con el apoyo de Miguel Torres Reyna, asesor del CNM, para posteriormente facilitar el copamiento del organismo electoral.

Otros integrantes de la organización serían Laura Silva Seminario, Gustavo Dominguez López, Ricardo Pajuelo Bustamante, Alfredo Mora Ito, Juan Phang Sánchez, Rosa Terrones Ordinola, Maria Medrano Lara y como persona vinculada Yosamira Rivera.

Compra del CNM

La fiscalía describe que luego de pasar y financiar diversos proyectos políticos, como Unión por el Perú y Solidaridad Nacional, José Luna Gálvez decide fundar su propio partido, para lo cual contacta con José Luis Cavassa, trabajador de Telesup y experto en procesos electorales.

De acuerdo con uno de los colaboradores, fue Cavassa quien le dice a Luna Gálvez que para lograr y facilitar la inscripción de su partido político debía infiltrar el Consejo Nacional de la Magistratura.

Con ese fin, a través de la universidad Telesup, la organización realizó diversos pagos a los exconsejeros Guido Aguila e Iván Noguera, utilizando como medio de encubrimiento, contratos de cesión de derecho y auspicio de obras jurídicas, a cambio de que ambos consejeros beneficien y nombren a Adolfo Castillo, como jefe de ONPE.

“José Luna Gálvez, con la intervención de José Luis Cavassa, habrían otorgado beneficios económicos a los ex miembros del CNM, Guido Aguila y Sergio Noguera, al igual que a la esposa de Julio Gutiérrez”, con el fin de nombraran a Adolfo Castillo, como jefe de la ONPE, subraya la resolución judicial, que recoge el pedido de la fiscalía.

Con lo sostenido por los colaboradores eficaces, testigos y documentos, la fiscalía evidencia un beneficio patrimonial a favor de los exconsejeros, por la suma de 270 mil soles, entregados con fines corruptivos, a fin de fidelizar y comprar la voluntad de los exconsejeros para la elección del jefe de la ONPE.

Entre los beneficios económicos, se evalúa la compra venta por parte de la universidad Telesup de un inmueble en Pueblo Libre de Sergio Noguera por el precio de 380 mil dólares, según escritura pública de julio 2016, que recién fue elevado a Escritura Pública, en junio del 2018.

La inscripción de Podemos

“Una vez designado como jefe de ONPE, Adolfo Castillo, los primeros días de marzo de 2017, tomó posesión del cargo y se habría dado inicio al nombramiento de personas que pudieran servir a los interés de esta presunta organización criminal o en su defecto, tratar de captar a los funcionarios que pudieran servir a los interés de esta organización”.

La fiscalía ha encontrado que en puestos claves de la ONPE se ubicó a personas que trabajaban o habían trabajado en la universidad Telesup, a fin de facilitar el logro de los objetivos de la organización.

Anota que “el procedimiento de inscripción del partido político “Podemos por el progreso del Perú” se habría realizado de forma ilegal gracias a la intervención de personajes instalados en áreas críticas de la ONPE, como la Gerencia de Gestión Electoral, la subgerencia de atención al ciudadano y trámite documentario”.

"Una vez que tuvieron a personas designadas en puestos claves de la ONPE se agilizó y viabilizó la inscripción inscripción del partido político “Podemos por el Progreso del Perú, para lo cual dejaban pasar por alto las observaciones formuladas por otros funcionarios de la misma institución. Los funcionarios que no eran útiles para sus fines y/o se interponían al accionar de la presunta organización eran sometidos a presiones, procesos administrativos disciplinarios y/o despidos”

Con lo cual, el 10 de enero del 2018, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas inscribió al mencionado partido, lo que “permitió que participe en las elecciones regionales y municipales del 2018 y como consecuencia de ello, tenga preeminencia a nivel nacional y extienda sus redes a otras instituciones del Estado”, se indica en el documento judicial.

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