Ana Neyra: Se han tomado hasta cuatro medidas para la seguridad de Antauro Humala

La ministra de Justicia, Ana Neyra, se refirió al traslado de Antauro Humala al penal Ancón I, luego que se conociera una coordinación de temas políticos con el partido Unión Por el Perú (UPP), pese a estar prohibido hacerlo.

Sobre esto, la titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) contó que se han tomando hasta cuatro medidas para asegurar la seguridad del líder etnocacerista así como “disponer de un procedimiento disciplinario” con el fin de “determinar exactamente qué es lo que se ha producido”.

“Se detectó que el sábado (Antauro Humala) cometió otra inconducta por lo que se dispuso su traslado al penal Ancón I y adicionalmente se le dará un aislamiento por siete días. También se ha removido a todo el personal del INPE que estaba involucrado en su seguridad”, manifestó el último lunes durante una entrevista en TV Perú.

De igual manera, aclaró que el traslado de Antauro Humala a otro penal no corresponde a las sanciones establecidas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sino que lo que se busca es tomar las medidas “en el marco del procedimiento y poder”.

“Lo que queremos es garantizar la seguridad que aparentemente no se estaría dando en Ancón II”, expresó.

Por otro lado, Ana Neyra explicó que Antauro Humala Tasso tiene derecho a llamadas telefónicas “solo para fines de socialización”. Es decir, para hablar con familiares o compañeros de trabajo.

Sin embargo, afirmó que estas llamadas “no pueden ser utilizadas para otros fines" que es lo que se está investigando tras la visita de hasta cinco congresistas de UPP.

“Esto tiene antecedentes, incluso hubo un traslado del interno de un penal de máxima seguridad y por un habeas corpus regresó al penal en el que ahora se encuentra. Nosotros lo que estamos procurando desde el INPE es tomar las medidas concretas para no perder el principio de autoridad.”, acotó.

Finalmente, la ministra exhortó al Congreso de la República a usar “de manera responsable sus competencias de fiscalización" con el objetivo de evitar reuniones de carácter político con personas que actualmente cumplen una condena, como en el caso de Antauro Humala.

“Trataremos de ver cómo se limita esto para que la fiscalización (de los congresistas) sea realmente tal y no se utilice para otros fines”, agregó.

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