El informante: Lo que debería ocurrir, por Ricardo Uceda

Tres discusiones concurren tras la aparición de nuevos aspirantes a colaboradores eficaces que aseguran haber sobornado a Martín Vizcarra para obtener obras durante su gestión como gobernador regional. La primera concierne a su legitimidad como presidente hasta el 28 de julio del 2021. La segunda, al rol del Ministerio Público. Y la tercera, a la solidez acusatoria de las versiones recogidas por el fiscal del Equipo Especial de Lava Jato, Germán Juárez.

La importancia y verosimilitud de las últimas acusaciones hacen razonable un debate sobre la vacancia presidencial. Ya no estamos hablando de la dolosa contratación de un amigo como Richard Swing, sino de coimas descritas con detalle, pertenecientes al más repudiable tipo de corrupción. La Constitución, sin embargo, establece que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo por actos excepcionales entre los que no está el cohecho. Y para la vacancia por incapacidad moral, otro camino, se requeriría la evidencia incontrastable de una infamia. Mas no está probado que Vizcarra sea corrupto.

Daños inminentes

De todos modos, el debate va a darse, y no por los supuestos anteriores. Está condicionado por la certeza de que a Vizcarra le espera un calvario judicial cuando deje sus funciones. Incluso si fuera inocente y las pruebas aparecidas formaran parte de una patraña, usará su cargo para protegerse y salir bien librado. Esto distorsionará la función presidencial, algo indeseable en un período de elecciones.

Y puestos en la eventualidad de que no fuera inocente sino culpable, el daño se concretará no solo en distractoras medidas políticas, sino en un sistemático trabajo de ocultamiento de pruebas, especialmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dirigido por un ministro, Carlos Estremadoyro, que fue jefe del proyecto del hospital de Moquegua, una de las obras por las que se habría pagado sobornos. No debiera sorprender que Estremadoyro pase de la condición de ministro a la de imputado, o a la de colaborador eficaz. ¿Qué hace en el gabinete?

Los dos voceros

Por otra parte, dos miembros del Consejo de Ministros se han convertido en voceros de la supuesta inocencia del exgobernador de Moquegua. ¿Por qué la titular de Justicia, Ana Neyra, funge de defensora de Vizcarra por sus dichos en los audios del caso Richard Swing, que son materia de una investigación en el Ministerio Público? Debería ponerse al margen. ¿Por qué el primer ministro, Walter Martos, sale a cumplir el mismo rol de alcahuete, diciendo que la UNOPS no contradijo a Vizcarra, y que la defensa de este respecto de las acusaciones de sobornos –en el caso de Obrainsa– es consistente?

Hasta el momento el presidente no ha podido introducir en el debate político la idea de que son los corruptos quienes están detrás de sus acusadores. Atribuyó a cómplices de Odebrecht la denuncia de supuestas coimas recibidas de Obrainsa, y a resentidos del “Club de la Construcción” la de pagos que le habría hecho ICCGSA. Para el segundo caso usó información oficial que presenta medias verdades, en una entrevista con Augusto Thorndike, de Cuarto Poder, el último domingo.

El cuadrito mágico

Para demostrar su tesis, Vizcarra sostuvo que durante su gestión como titular del MTC y presidente impidió el sobreprecio en las obras públicas. Aseguró que se pagaba ocho por ciento por encima del valor referencial. La eliminación de este margen ahorró más de mil millones al Estado –dijo, mostrando un cuadrito–, lo que habría motivado que dos empresas del “Club de la Construcción” se vengaran acusándolo. El periodista retrucó que estas compañías, Obrainsa e ICCGSA, habían sido muy beneficiadas desde que fue gobernante. (Hay también un cuadrito que lo confirma, publicado por Gato Encerrado.)

Pero existe otra información indicativa de que puede haber sobreprecio aun cuando una empresa cobre exactamente el precio señalado por el Estado, o incluso cantidades menores. La corrupción puede subir el valor referencial. En ese caso, el cuadrito mágico del presidente queda reducido a la nada. Precisamente, una de las modalidades de cohecho que se investigan en el “Club de la Construcción” es el aumento de los precios referenciales en las obras, según lo detalló una nota de La República, el 27 de febrero del 2019.

El gabinete imposible

Es posible que en el debate sobre la vacancia prevalezca el criterio de mantener el trazado de la Constitución, afrontando los riesgos de una presidencia perniciosa, cuya deslegitimación puede ir en aumento. Está claro que Vizcarra no renunciará, camino deseable y amparado por la legalidad. ¿Cómo, entonces, controlar los daños? No quedaría otro recurso que propiciar, o forzar, un gabinete de ancha base, independiente, con un primer ministro que fuera un anticorrupto probado, y con Vizcarra en una situación de reinar y no gobernar, hasta que cumpla su mandato. Parece un gabinete imposible, pero cabe reclamarlo si no hubiera vacancia.

El contexto se complica por el momento que atraviesa del Ministerio Público, con una fiscal de la Nación que no brinda garantías de imparcialidad, y en cuyo seno hay pugnas inocultables. Defendiendo la decisión de no molestar al presidente siquiera con indagaciones preliminares, Zoraida Ávalos ha argumentado que defiende la democracia y la gobernabilidad. Esto puede resultar pura retórica. Un corrupto desde el poder –si ese fuera el caso– puede causar daños irreparables al sistema. Se requiere una vigilancia activa, que al parecer solo quedará en manos de la prensa de cualquier signo, pues los organismos anticorrupción de la sociedad civil siguen entretenidos con la reforma política, desde alguna casa de reposo, soñando con que levante vuelo Julio Guzmán o alguna candidatura conveniente.

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