Padre de ministra María Alva desmiente relación con empresa que hizo contratos con el Estado
Jorge Elías Alva, padre de la titular del Ministerio de Economía, María Antonieta Alva, desmintió mantener relación con Hidroenergía Consultores en Ingeniería, empresa que contrató con el Estado por más de un millón y medio de soles.
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Jorge Elías Alva, padre de ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, negó tener algún tipo de relación con Hidroenergía Consultores en Ingeniería, empresa que cerró contratos con el Estado por S/ 1 557 000 el 27 de noviembre del 2019.
“Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia, tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos”, aclaró.
En esa línea, mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desmintió la revelación de América TV y negó tener acciones en Hidroenergía Consultores, junto con Juan Armando Olazábal Álvarez y Óscar Armando Olazábal Velarde.
No obstante, a la fecha, en la página web de Hidroenergía Consultores todavía Jorge Alva Hurtado aparece como gerente técnico de la referida empresa.
Conforme América TV, luego que María Antonieta Alva juró como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado 3 de octubre del 2019, dos meses después, el 27 de noviembre, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri), le otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice – Hidroenergía, para que brinde servicios de consultoría y percibió S/ 1 557 000.
Ante ello, una de las dos empresas que integra el consorcio ganador es Hidroenergía Consultores en Ingeniería, una compañía que entre sus accionistas figuran Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano, respectivamente, de María Antonieta Alva Luperdi, ministra de Economía, presuntamente contraviniendo así la ley de contrataciones con el Estado.
“Hay una falta administrativa que determina la inhabilitación de las empresas que conforman el consorcio y esto lo tenía que haber hecho el OCSE, sin que haya una denuncia pública porque ésa es su función”, expresó Mónica Yaya, expresidenta del tribunal de este organismo fiscalizador al medio anteriormente mencionado.
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