Jefe de Susalud: “Es inconcebible que se lucre con la necesidad”

¿Por qué no le respondieron a la Contraloría?

Cuando recibimos el correo de la Contraloría, esperamos que el canal, que es el OCI (Órgano de Control Interno), de Susalud pudiera dar trámite para ver cómo responder. Todas las instituciones del Estado estamos obligados a tener una plataforma virtual. Ahí no hay ninguna dilación de tiempo.

¿No hay mea culpa?

No debió darse ese impase. Pudimos haber tenido responsabilidad, pero no creo que incidan en este tema. Y se va a corregir en lo inmediato. Una cosa es importante: nuestro silencio no es cómplice, sino que es por el debido proceso. Nosotros tenemos un órgano de control interno y estamos al día con los planes de acción. Siempre hemos sido abiertos. No solamente en los actuados, sino también los instrumentos de supervisión que utilizamos para los establecimientos de salud, cada uno en su ámbito, claro está.

El pedido de la Contraloría venció el 26 de mayo.

Hubo un malentendido de las cosas. Susalud inició una investigación mucho antes. Nosotros le solicitamos a la OCI del INS el pedido y les orientaron ahí. Los procesos de control deben ser observados dentro del debido proceso para que no se caigan por tecnicismos. Estas cosas la conoce también la Contraloría. A mí parece hubo un apresuramiento en sacar conclusiones. Susalud posee una historia de cooperación abierta, dentro de los procesos administrativos y judiciales. Hubo un mal entendido de las cosas. Susalud inició una investigación mucho antes.

¿Cuándo?

Nosotros solicitamos al Instituto Nacional de Salud la base de datos de las pruebas moleculares ejecutadas y que hubieran venido de instituciones privadas. No solo la solicitamos, enviamos a nuestro jefe de sistemas para que pudiera levantar la base de datos sin vulnerar los resultados. Lo que nos interesaba era la clínica, la fecha, el cobro y el DNI de la persona con su nombre, para que pudiéramos hacer nuestra investigación. Saber el cobro de la clínica que hizo la prueba. No se trata de un caso, sino de más de 19 mil casos. Nosotros hemos levantado 33262 pedidos de información de prueba molecular proveniente de 136 clínicas, entre el 1 de abril y 16 de mayo. Algo que podemos adelantar: hasta el momento que vamos revisando, no se ha encontrado facturación directa por la prueba rápida.

¿Eso qué significa?

Que en las facturaciones de las clínicas por prueba molecular han colocado los procesos que hicieron para la muestra: el hisopado, el cultivo para conservarla, el traje de protección personal para el personal, la consulta médica y, en algunos casos, el transporte de la muestra. Y luego se agregó una nueva consulta cuando al paciente se le ha entregado el resultado.

¿Las clínicas informaron mal sobre qué servicio están brindando exactamente?

Correcto. Usted es comunicador. Los médicos debemos ser buenos comunicadores con los pacientes para que puedan comprender el proceso de la enfermedad y cómo cuidarse. A veces, el proceso de comunicación no es el adecuado y ahí definitivamente hay un pecado venial en todo el sistema. Definitivamente la ciudadanía espera responsabilidad y ética, sobre lo que se está dando en esta pandemia, pero esa responsabilidad en algunos no se está dando. Y ahí existen las barreras del Estado para entrar a comprobar los precios. Hubo iniciativa de la Fiscalía para restaurar la sanción a la especulación y el acaparamiento, y junto a eso, vamos a tener que pensar cómo vamos a enfrentar el control de precios sin vulnerar la propiedad privada y cómo pensar estas iniciativas en la Constitución Política de nuestro país. La solución directa es que se comuniquen los precios, que el ciudadano vea donde es más accesible para su bolsillo.

Entonces, ¿en las clínicas los pacientes no pagan en realidad por pruebas moleculares?

Son 19 mil pruebas. Tenemos que definir y tomar las muestras suficientes de las facturaciones. Pero, en paralelo a esto, pedimos a los ciudadanos que tuvieron la oportunidad de someterse a una prueba molecular, a través de una clínica, revisen la facturación que les hicieron, si figura prueba molecular como tal, comuníquense con nosotros, eso va a ayudar a avanzar la investigación que venimos realizando. . Y algo necesario: Susalud no solo cautela el derecho de los ciudadanos, sino también la privacidad de la investigación y el debido proceso. Algo que hemos aprendido en el tiempo: adelantar información crea una confusión afecta el proceso. Habría dos faltas: la administrativa porque es un cobro indebido y Susalud puede llegar a cerrar el establecimiento, y la segunda, que es un delito, porque se estaría ante la presunción de que se estaría usando los servicios públicos en beneficio propio.

Entonces, ¿cuándo finalmente Susalud le proporcionará información a la Contraloría?

El órgano de control de Susalud lo alcanzará en cualquier momento. Generalmente los plazos de la Contraloría, cuando requiere algo, son cortos.

Pasando a otro tema, hay algo que también es preocupante, Susalud es la entidad que debe velar por el bueno servicio de salud a la ciudadanía, pero la Constitución no permite regular los precios, ¿pero no está mal que ninguna institución del Estado pueda hacer nada frente a los cobros de las clínicas para que un paciente se atienda en UCI? En promedio cobran S/ 80 mil. Y en ningún país donde se garantiza el bienestar de un ciudadano, se ve un cobro tan elevado.

Es probable que así sea el tema de costos en otros países. Susalud fue creada con la Ley de Aseguramiento Universal de Salud. Y ya no solo regula las relaciones de aseguramiento sino también las de salud de las 32 millones de personas. Hay 23 mil establecimientos de salud en el país, de los cuales un tercio son públicos, los demás son privados. Susalud tiene facultad para fiscalizar a los prestadores públicos o privados. Además, de las EPS y las compañías de seguros. En el tema de los prestadores de salud, Susalud fiscaliza todo lo que el Minsa establece como norma.

Si el Minsa tendría un marco legal que no permita tarifas elevadas, ¿ustedes podrían tener más herramientas?

No necesariamente. Y disculpe que le contradiga. El tema que le preocupa a usted, le preocupa al ministro y al presidente, ese marco constitucional, lo que limita es el control, es una norma mayor: la Carta Magna. Esta establece la libre empresa e iniciativa privada y limita al Estado a no intervenir en el mercado. Entonces, acá la naturaleza económica del Estado no es la naturaleza social el Estado, en aspectos como una pandemia en la que estamos viviendo, en que los recursos faltan, hay que tomar decisiones rápidas.

Entonces, ¿cuál es la solución?

Primero hay que reconocer es que el sector salud estuvo dañado. Esta situación nos está pasando factura y nos tiene que enseñar que cuando acabe esta pandemia, lo primero que debemos hacer es reconstruir nuestro sistema sanitario y convertirlo en lo que los ciudadanos queremos. No quisiéramos que las dolorosas experiencias de ahora las volvamos a tener en el futuro.

Usted menciona la Ley del Aseguramiento Universal de Salud. En el 2010 se emitió el Decreto Supremo 008 que estableció la responsabilidad solidaria entre empresas aseguradoras y clínicas, pero en 2016, el Poder Judicial falló a favor de las aseguradoras eximiéndolas de esa responsabilidad. ¿Qué opina al respecto? Los pacientes estarían desprotegidos.

No están desprotegidos, porque en ese esquema, los casos están judicializados y está el Ministerio Público cautelando los derechos. No invade el tema administrativo. Es cierto que había un entendimiento en la responsabilidad solidaria, si a este asegurado le sucedía algo, era solidario el asegurador con el prestador en resarcir el derecho con el paciente. El Poder Judicial entendió que existen relaciones contractuales entre aseguradores y prestadores, que obligan al prestador a cumplir una serie de requisitos para requerir el pago por los servicios que brinda a los aseguradores. El prestador es responsable pleno de esos actos. Los hospitales tienen un reglamento a brindar seguridad en la atención. Es por ello que entendió el sistema judicial peruano que la responsabilidad solidaria no es tal, salvo que el asegurador fuera el mismo prestador. La Ley del Aseguramiento Universal de Salud establece que debe haber separación de funciones porque sucede que hay entidades, por ejemplo, el seguro integral de salud, tiene prestador y asegurador, y se buscaba que se separaba. En la Policía Nacional existe eso. Esto es en la búsqueda de ordenar las cuentas y orientar un mejor financiamiento. ¿Qué tiene que hacer el financiador? Exigir al prestador calidad de servicio a sus asegurados.

En toda la cobertura que vengo realizando por la COVID-19, hay bastantes usuarios que sus familiares han padecido casos de negligencia médica. El exjefe del INPE en Chiclayo falleció producto de la falta de atención inmediata de Rímac Seguros y, al final, no pueden demandar a la aseguradora porque no hay una responsabilidad solidaria y tampoco a la clínica porque no hay un convenio establecido formalmente, la clínica responde porque es parte de un conjunto de establecimientos afiliados con la aseguradora.

Aquí tiene que ver mucho el contrato de seguros y las condiciones en las cuales se pacta la póliza. Algunas compran directamente con un broker y otras con unas empresas y muchas veces no llegan a conocer al total de sus proveedores. Y ahí es donde nosotros pedimos de que la letra chica y el contrato sean claro y comunicado al asegurado.

Otra vez la falta de información.

Tengo que ver mi póliza para ver qué me va a cubrir. Para eso la norma de aseguramiento establece que deben tener una plataforma para sus asegurados. El asegurado tiene todo el derecho de poner de conocimiento de Susalud si es que ha percibido una actitud que va en contra de sus derechos, para nosotros entrar en requerimiento, porque nosotros sí tenemos capacidad de fiscalizarlos y sancionarlos.

En la Comisión de Defensa del Consumidor usted dijo que no iba a permitir cobros abusivos, ¿cómo cumplir eso si la Constitución limita a cualquier institución pública a inmiscuirse en lo que pase en el mercado?

Cuando se habla de no permitir cobros abusivos, no se habla de control de precios, pero sí de los factores que contienen una facturación. Normalmente cuando un prestador le brinda una atención al asegurado, va a cobrar al prestador o al usuario, si el usuario es particular se le va a cobrar a él y si es una compañía de seguros, se cobra ahí. La facturación de la compañía de seguros, normalmente se audita la facturación del prestador para saber si cumple con el contrato suscrito y si no insertaron cobros que son indebidos. Nosotros invitamos a las personas que les hacen facturaciones abusivas, se comuniquen con Susalud. La compañía de seguros tiene auditores, la persona particular no. Nosotros sí podemos acudir en ese auxilio.

Más allá de que usted sea representante de Susalud, como ciudadano, ¿no le parece indignante los cobros de las clínicas?

Es totalmente cierto. Es un tema de dignidad humana y necesidad pública. Estamos ante una emergencia sanitaria que está matando todos los días a las personas, y es inconcebible, desde el punto de vista humano y médico, que se lucre con la necesidad. Ahí lo único que nos queda es no cansarnos de invocar a ese espíritu social y ético que deben tener las entidades que brindan servicios, y si ellos encuentran que hay un elemento que afecta el costo de sus servicios, deben acudir al Estado. Porque en esta situación es el Estado quien ha generado una serie de auxilios económicos para que no afecten al servicio que se brinda a la población. Por ello, es tan criticable que habiendo un Instituto Nacional de Salud, que ha realizado 33 mil pruebas a establecimientos privados y no cobrado ni un sol por ellos, porque todo lo ha pagado el tesoro público, haya aparecido estas facturaciones que encubrían otros tipos de costos, que son como sacarle la vuelta a la ley.

Cuando se emite el primer decreto de estado de emergencia, se estipulaba que las clínicas iban a estar a disposición del Minsa, pero en el nuevo decreto se borró eso. ¿Por qué?

En efecto, sí figuró así. La Asociación de Clínicas Particulares pasó a formar parte oficial del Comando COVID nacional. Y en cada región, los privados también han participado y esto con la finalidad de que juntos vieran la solución a los problemas. No está en mi competencia saber las razones.

El 20 de abril se emitió el decreto legislativo del intercambio prestacional, ¿no le parece que demoraron demasiado las clínicas y el SIS en ponerse de acuerdo en una tarifa?

La demora aparentemente justificada para los temas administrativos se debió a esas trabas legales que han existido en nuestro país. El SIS tuvo limitaciones para aterrizar y cobrarle a privados. Y ha podido anunciar ya el tarifario y establecer las reglas de juego.

Otro tema es la falta de oxígeno en los hospitales, ¿qué medidas han tomado al respecto?

El oxígeno está considerado como un medicamento esencial, entonces, debería ser un bien público. El estado actual de las plantas de producción de oxígeno no ha sido la adecuada. Los hospitales nunca pensaron enfrentar una emergencia como la de ahora y enfrentar necesidades de oxígeno que se han multiplicado por veinte. En esta situación hubo un quiebre entre la oferta de oxígeno y la demanda. Tiene que haber una acción conjunta con las autoridades municipales para erradicar el comercio ambulatorio un medicamento esencial.

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