AP propone como causal de suspensión de autoridades la incapacidad de gestión en emergencias
El congresista Paul García Oviedo, de Acción Popular, sostiene que su proyecto de ley busca que las autoridades locales estén obligadas a ejecutar el 100 % del presupuesto que el Gobierno deriva para atender el estado de emergencia.
- Patricia Benavides se reunió con policía y pareja de implicado en caso Cuellos Blancos
- Nicanor Boluarte fue contratado por empresa china que opera sin licencia en el país
El pasado 27 de marzo, el Gobierno transfirió 200 millones de soles entre todas las municipalidades del país para la atención del estado de emergencia. Casi un mes después, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su portal de transparencia, informó que 648 municipios presentaban 0 % de ejecución del dinero recibido y que otras no superaban el 30 % del gasto público.
En ese contexto, el parlamentario Paul García Oviedo, de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley N° 5135/2020-CR, que incorpora como nueva causal de suspensión de autoridades regionales y locales la incapacidad de gestión durante la emergencia.
De acuerdo al dispositivo recibido por el Legislativo el último 7 de mayo, se modificaría de forma excepcional el artículo 31° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al agregar que procede una suspensión del cargo de gobernadores regionales o vicegobernadores si no ejecutan el 30 % del presupuesto recibido en un tercio del plazo de emergencia.
“Esta medida es excepcional y es aprobada por el Consejo Regional por mayoría simple, siendo su decisión inapelable, extendiéndose la suspensión hasta el término que dure la declaratoria de emergencia nacional o su ampliatoria”, se lee en el documento.
Parte del proyecto de ley.
Sobre el caso de las municipalidades, el artículo 3 del proyecto de ley señala que se modificaría el artículo 25° de la Ley N° 27972, la suspensión del ejercicio de los cargos de alcalde o regidor se realizará por decisión de la mayoría simple del Consejo Municipal, también si no se gestiona o ejecuta el 30 % del presupuesto asignado por la emergencia.
“Se busca garantizar la operación de los servicios públicos a su cargo, principalmente gestión de residuos sólidos y agua potable y saneamiento en el caso de los gobiernos locales, y atención de salud en el caso de los gobiernos regionales”, agregó el parlamentario de Acción Popular.
Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.
