Procurador Amado Enco: se han identificado a 334 jueces y fiscales vinculados a casos de corrupción

El procurador anticorrupción, Amado Enco, conversó con Larepública.pe, a través del teléfono, sobre el reciente informe que publicó su institución sobre 330 expedientes de investigaciones sobre actos de corrupción en el sistema judicial y fiscal de administración de justicia en el país. En el Callao, con “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Piura y Ucayali se descrubrieron actos de corrupción como parte de una red de corrupción en diferentes niveles del sistema judicial.

¿Cuál es el objetivo del informe elaborado por la Procuraduría sobre la corrupción en el sistema judicial?

El informe pretende dar cuenta del estado de las investigaciones por casos de corrupción que se siguen contra jueces y fiscales de la República y de manera particular, exponer las implicancias y los avances del caso emblemático “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El propósito es contribuir con información útil para enriquecer el análisis sobre los impactos de la corrupción en uno de los servicios fundamentales del Estado, el acceso a la justicia.

La corrupción es endémica en el país, ¿qué han encontrado en esta evaluación?

Lamentablemente, hay un tipo de corrupción de baja intensidad que se ha convertido en una práctica pública, es aquella que se asienta en casi todo el sistema administrativo del Estado, pero lo que realmente preocupa son aquellos esquemas de corrupción sistémica focalizada en diversas instituciones, el caso “Cuellos Blancos del Puerto” revela el poder destructivo que la corrupción puede generar en las instituciones cuando los involucrados son sus propias cabezas.

En este informe, la Procuraduría registra 330 casos por delitos de corrupción contra jueces y fiscales. ¿en qué niveles se encuentran los involucrados?

Se ha identificado a 334 magistrados, entre jueces y fiscales, vinculados a casos de corrupción. El mayor porcentaje de casos están relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos en las primeras instancias del sistema de justicia, de manera particular en los juzgados o fiscalías que administran causas penales.

¿En qué etapa se encuentran sus procesos?

La mayoría de los procesos examinados se encuentran en etapa de diligencias preliminares a nivel de fiscalía y en menor medida en preparatoria, no obstante, tenemos a 42 magistrados sentenciados por delitos de corrupción que deben pagar al Estado un total de 1 millón 110 mil 750 soles por reparaciones civiles.

¿Cuáles son los delitos más recurrentes?

La corrupción en el sistema de justicia por lo general está asociada a los delitos de cohecho, en términos menos técnicos, a las “coimas” o “sobornos” que los litigantes pagan para agilizar procesos o torcer el resultado de los fallos.

¿En qué parte del país se concentra la mayor cantidad de casos contra magistrados? ¿Hay un análisis de a qué se debe eso?

Si bien es cierto que la región de Lima evidencia la mayor cantidad de casos, esto se explica ciertamente por cuanto en esta parte del país se concentra la mayor carga procesal. Sin embargo, preocupa que, en distritos judiciales como Piura, Ucayali o el Callao, se hayan desarrollado casos emblemáticos de corrupción que han llegado a comprometer incluso a altos funcionarios del sistema de justicia.

¿El caso de los fiscales de Ucayali?

Por ejemplo, ese es un caso grave de corrupción desarrollado bajo un esquema en el que participaba la máxima autoridad del distrito fiscal, el presidente de la junta de fiscales, nada menos que quien tiene el deber de garantizar la buena marcha del cuerpo de fiscales de un distrito fiscal, estos casos son los que mayor daño generan al sistema de justicia.

¿Cómo se explica que las autoridades que administran justicia estén vinculadas a organizaciones criminales?

Las organizaciones criminales han desarrollado mecanismos cada vez más complejos, ahora sus brazos se extienden al sistema policial y de justicia, buscan tener influencias en el sistema para favorecer a sus integrantes, evitar que las investigaciones prosperen o puedan dar con los cabecillas. A eso se suma, que nuestro sistema alberga todavía a muchos jueces que han ingresado a la magistratura mediante procedimientos poco transparentes y terminan siendo captados por dichas organizaciones, un claro ejemplo son los “Cuellos Blancos del Puerto”.

¿Cuánto han avanzado las investigaciones de los “Cuellos Blancos del Puerto?

Muy poco diría yo, existen más de 80 carpetas de investigación en diversas instancias del Ministerio Público, la mayoría se encuentra en etapa preliminar, incluso aquellas investigaciones que involucran a magistrados supremos están pendientes de ser vistos por la Fiscalía de la Nación y a la espera de las denuncias constitucionales respectivas. Los pocos casos que se han formalizado aún no cuentan con acusación fiscal. Sólo dos casos han concluido con sentencias anticipadas.

¿A qué atribuye ese retraso?

Es un caso complejo, las investigaciones se encuentran distribuidas en diversas instancias del sistema por lo que resulta difícil seguir una línea de investigación uniforme y ahí radica el principal problema. También están las deficiencias logísticas por las que atraviesa la fiscalía de crimen organizado, responsable del caso madre.

¿Cuántos jueces y fiscales están siendo investigados por esta red criminal?

Se investiga a un total de 76 jueces y fiscales, entre los que se encuentran 11 magistrados supremos.

Además de César Hinostroza, ¿qué otros investigados están prófugos?

Están los ex magistrados Ana Bouanchi y Orestes Vega Pérez, además del abogado Marcelino Meneses.

¿En qué etapa se encuentra la extradición de César Hinostroza?

En el primer cuaderno de extradición, se logró que las autoridades de España rechazaran su asilo político y que la Audiencia Nacional conceda su extradición por cuatro hechos de corrupción. Ahora, estamos a la espera que el gobierno español emita su decisión política final, que de ser positiva se tendrá que esperar a que se resuelva una demanda contenciosa administrativa para proceder luego a su entrega física. Tenemos un segundo pedido de extradición por hechos referidos a su ilegal salida del país por la frontera de Tumbes, el cual ya se encuentra en trámite en la Audiencia Nacional. Las extradiciones, como podemos ver, son procedimientos complejos, que demandan cierto tiempo en resolverse.

¿El sistema de justicia se ha podido recuperar después de los audios de la corrupción?

Para eso falta mucho todavía, pero un paso importante sin duda ha sido la creación de la Junta Nacional de Justicia y la salida de Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación. Ahora dependerá de lo que la JNJ haga con relación a todos aquellos magistrados cuestionados por sus vínculos con este delicado caso y de cómo se vayan resolviendo las investigaciones abiertas.

Hay una propuesta para que los jueces evalúen de oficio liberar a presos por delitos de corrupción, a consecuencia del COVID-19. ¿cuál es su opinión al respecto?

La vida está por encima de cualquier bien jurídico pero su preservación no pasa en todos los casos por una liberación masiva de internos. La idea es deshacinar los penales, me parece bien que aquellos procesados en estado de riesgo con prisión preventiva puedan acceder a las medidas, garantizándose su sujeción al proceso. En el caso de sentenciados, es acertado recurrir a las gracias presidenciales de indulto y conmutación de pena. Cualquier medida tendrá que ponderar también los riesgos a la seguridad pública, de ningún modo podemos permitir que delincuentes peligrosos egresen de los penales.