Juguemos en el bosque... ¿Lobo estás?

La institucionalidad de Serfor y la lucha antideforestación.

Augusto Álvarez Rodrich.
11 Mar 2020 | 5:45 h

Hace bien el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, al negarse a aceptar la ‘invitación’ del Ministerio de Agricultura a renunciar, pues no está defendiendo ‘su chamba’ sino la institucionalidad en el sector y la lucha contra la deforestación en el país.

Es lo que se desprende de la interesante entrevista que le hizo Aramis Castro en Ojo Público y que se reprodujo ayer en La República, en la que Gonzales-Zúñiga informa que la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión Tello, le solicitó su renuncia hace una semana y que, cuando le pidió una explicación sobre las razones del pedido, le dijo que “era una decisión de la alta dirección del Minagri”, lo que en la jerga burocrática quiere decir del mismo ministro de Agricultura.

El pedido tiene varios problemas serios, pero el primero de todos es que quiebra la institucionalidad creada en el sector forestal, como en muchos otros rubros, para contar con autoridades alejadas del vaivén político, con el fin de promover una supervisión independiente y con un horizonte de mediano plazo, que es lo que tanta falta hace en muchas actividades económicas, como en el forestal, en el que, cada año, se pierden 150 mil hectáreas de bosques peruanos.

Para ello, Serfor tiene un consejo directivo y su director ejecutivo es seleccionado en un concurso público con un horizonte de un lustro.

Vinculado a lo anterior, esta invitación a Gonzales-Zúñiga para renunciar a Serfor coincide con una serie de medidas lanzadas por esta entidad para prevenir la exportación de madera de origen ilegal, incluyendo una mejor trazabilidad de la madera que se extrae de los bosques amazónicos; así como cuando se investiga en el Ministerio Público el caso Yacukallpa, la mayor intervención de madera ilegal hacia Estados Unidos y México, el cual, finalmente, salió y se exportó.

Todo lo ocurrido debiera llevar a una revisión de la institucionalidad del sector público para la regulación y supervisión de los bosques peruanos, con el fin de plantear una estrategia armoniosa que permita la adecuada explotación del recurso forestal y la crucial lucha contra la deforestación.