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Gobierno sabía desde el 2017 que Odebrecht demandaría

Política LR

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16 Feb 2020 | 13:04 h
Estado peruano impuso que Odebrecht pague $ 610 millones como reparación civil. Ahora la constructora pide más del doble de este monto. Composición: La República.
Estado peruano impuso que Odebrecht pague $ 610 millones como reparación civil. Ahora la constructora pide más del doble de este monto. Composición: La República.

La constructora exige el pago de $ 1 200 millones al Estado peruano por Gasoducto Sur Peruano, pese a que aceptó actos de corrupción para ganar licitación.

El Gobierno ha mostrado su incomodidad y sorpresa por la demanda que interpuso la constructora brasileña Odebrecht en contra del Estado peruano, exigiendo un pago de $ 1 200 millones. No obstante, ya habían sido alertados de este mecanismo desde el 2017.

La empresa que, mantiene un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público peruano, presentó la demanda el 21 de enero de 2020, pero ya había iniciado los pasos previos para esta desde hace tres años.

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La empresa que entregó sobornos a más de un funcionario peruano, sostiene que fueron “perjudicados" cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió cancelar el contrato de licitación que tenían por el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Primeras acciones de Odebrecht para demandar al Perú

En tema en cuestión se remonta al 2016, cuando ya había estallado el caso Lava Jato en el Perú con el que entonces directivos de Odebrecht habían aceptado haber entregado sobornos a funcionarios peruanos.

Por estos hechos, los representantes de la empresa brasileña en noviembre solicitaron al Estado peruano acogerse al procedimiento de coloración eficaz y poder revelar más pagos a corruptos en cuatro proyectos de infraestructura.

Desde un inicio, los directivos de Odebrecht pidieron al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, un trato diferenciado para el caso del GSP, un proyecto valorizado en más de $ 7 000 millones y en el que ya habían avanzado un 33 % aproximadamente del trabajo.

Incluso, el superintendente de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, solicitó un certificado de buena conducta para que el proyecto gasífero siguiera operando. No obstante, Sánchez sostuvo que la Fiscalía a cargo es autónoma.

El 24 de enero de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió cancelar el contrato al no completarse el cierre financiero, es decir al comprobarse que Odebrecht no logró asegurar el financiamiento.

Pedro Pablo Kuczynski decidió cancelar la licitación el proyecto del Gasoducto Sur Peruano luego que se conoció del caso Lava Jato.

En febrero la constructora plantea una conciliación ante la Comisión Multisectorial de Coordinación y Respuestas del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, que era el primer paso para solicitar un arbitraje ante el CIADI, según lo establecido en el tratado entre el Perú y el Estado de Luxemburgo.

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Tras este hecho, la demanda sería el siguiente paso y que tenía un plazo máximo de tres años que iniciaba desde el momento en que surge la controversia, el 24 de enero de 2017, por lo que vencía en enero del 2020.

Esta acción por parte de Odebrecht era de conocimiento de los miembros del Poder Ejecutivo como también de Jorge Ramírez, el fiscal superior coordinador Rafael Vela y el presidente de la comisión multisectorial, Ricardo Ampuero Llerena, quienes se habían reunido varias veces por este caso.

Odebrecht excluida de investigación fiscal

El interés de la empresa porque se acelere el acuerdo de colaboración eficaz era para que llegue a enero de 2020 con un certificado de “buena conducta” y con el archivamiento de la investigación del GSP en contra de Odebrecht.

Ahora, la constructora pide un pago que es 10 veces la reparación civil ellos pagarán al Perú en 15 años, por los hechos de corrupción que provocaron a los funcionarios.

Antecedentes de Enagás y GyM

La empresa española Enagás en julio de 2018 también demandó un arbitraje ante el CIADI en contra del Estado peruano para recuperar su parte en el proyecto, con la que reclaman el pago de $ 400 millones, que correspondería a su 25% del proyecto.

Esta constructora era parte del consorcio del GSP, junto a Odebrecht que tenía el 55%, y Graña y Montero, el 20%.

Graña y Montero también desistió en demanda contra el Estado por el Gasoducto Sur Peruano. Foto: La República.

Además, Graña y Montero también pidió la intervención del CIADI el 15 de diciembre, pero la primera semana de enero del 2019 desistió de la medida, en el marco del acuerdo de colaboración que suscribieron con el Equipo Especial del caso Lava Jato, al reconocer tratos ilícitos para la adjudicación de ese proyecto.

En julio del 2019, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró la existencia de pagos no contabilizados a privados, cargados al proyecto GSP. En diciembre del mismo año, señaló que tuvo reuniones en Palacio de Gobierno con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Además, José y Hernando Graña han descrito las reuniones que Barata les contó que tuvo con ministros y la entonces primera dama.

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